Solicitan a la OEA incluir la situación de Nicaragua en su Asamblea General

La solicitud formal de Canadá, Argentina, Chile y Costa Rica para que la crisis de derechos humanos en Nicaragua sea incluida en la agenda de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mantiene el foco internacional sobre la situación en ese país centroamericano, donde se reportan al menos 47 personas presas políticas. El pedido, presentado a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General el 21 de mayo de 2026, busca que el tema figure en la reunión del organismo prevista del 22 al 24 de junio en Panamá.

La misión permanente de Canadá ante la OEA actuó en nombre propio y como representante de Chile, Argentina y Costa Rica, en el marco del Grupo Voluntario sobre Nicaragua, según informó Confidencial.digital. Los cuatro países solicitan que se debata la crisis política y las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, así como la situación de decenas de personas privadas de libertad por motivos políticos. La comunicación pretende que el asunto se incorpore de manera oficial en la agenda del próximo período ordinario de sesiones del organismo interamericano.

La iniciativa diplomática se enmarca en un contexto de atención internacional constante sobre Nicaragua, pese a que el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo formalizó la salida del país de la OEA el 19 de noviembre de 2023. Cuatro meses después de esa desvinculación, el Consejo Permanente aprobó una resolución que dio por terminado el mandato del Grupo de Trabajo para Nicaragua y estableció un grupo voluntario encargado de dar seguimiento a la situación nacional.

La última vez que la OEA trató oficialmente la crisis nicaragüense fue el 4 de febrero de 2026, cuando el Consejo Permanente aprobó por aclamación una resolución que condenó las graves violaciones y abusos atribuidos al gobierno de Ortega y Murillo. El organismo hemisférico exigió la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento del espacio cívico y el cese de las detenciones arbitrarias y la represión contra opositores y voces críticas. “Nicaragua permanece bajo un estado policial caracterizado por el control, la vigilancia y la represión estatal en contra de cualquier persona percibida como opositora”, expresó la delegación de Canadá.

Durante ese debate, la representación de Costa Rica sostuvo que la resolución mantiene abierta la disposición de la OEA para un diálogo constructivo y reclamó el restablecimiento del espacio cívico y la recuperación de la institucionalidad democrática en beneficio del pueblo nicaragüense. Por su parte, Argentina afirmó que existe una maquinaria represiva orientada a eliminar toda voz crítica, incluso fuera de las fronteras nacionales, mientras que Chile subrayó que la decisión reafirmó el compromiso del organismo regional de mantener la atención sobre la situación en Nicaragua.

Crisis sociopolítica y persistencia de las denuncias

Desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018, Nicaragua enfrenta una crisis sociopolítica prolongada, caracterizada por acusaciones de persecución política, cierre de organizaciones civiles, restricciones a la prensa independiente y el encarcelamiento de dirigentes opositores, activistas, periodistas y líderes religiosos.

En este contexto, la Asamblea General de la OEA es el órgano supremo del sistema interamericano, encargado de definir la acción y la política generales de la organización y de analizar cualquier asunto que afecte la convivencia de los Estados de la región. La inclusión de la situación de Nicaragua en su agenda representa un paso para mantener el escrutinio internacional y propiciar el debate sobre la vigencia de los derechos civiles en el país.

En febrero de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas concluyó que Ortega y Murillo, junto con altos funcionarios estatales y del partido de gobierno, son responsables de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018. Esas violaciones afectan a un segmento cada vez más amplio de la población, tanto dentro como fuera de Nicaragua, según reportó Confidencial.digital.

El interés internacional por el destino de las personas presas políticas y la situación de los derechos civiles en Nicaragua se mantiene firme, impulsando nuevas acciones diplomáticas y el seguimiento institucional dentro del sistema interamericano. La coyuntura señala que, a pesar de la desvinculación formal de Nicaragua de la OEA, la situación del país sigue presente en la agenda de la organización, con la expectativa de que la Asamblea General aborde el tema y propicie nuevas discusiones en el ámbito regional.