Tensión diplomática: Guatemala acusa al régimen de Ortega de antidemocrático y Nicaragua responde

Guatemala y Nicaragua atraviesan un aumento de tensión diplomática tras recientes declaraciones del canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según el diario nicaragüense La Prensa, Martínez afirmó que su país ha condenado reiteradamente las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y precisó que Guatemala ha recibido a 135 presos políticos nicaragüenses excarcelados por razones humanitarias.

En entrevista con el periódico español El País, el diplomático subrayó: “Guatemala ha sido muy clara en su condena a Managua” y destacó que no hay embajador guatemalteco en Managua, detallando la dificultad de las relaciones bilaterales con la ausencia de representación directa.

El canciller insistió en que el gobierno guatemalteco mantiene relaciones diplomáticas con Nicaragua, pero sin representación directa en ese país. “Hemos condenado a Nicaragua en diversos foros regionales e internacionales. Creemos que es un régimen que pasa por encima de su población”, sostuvo Martínez, según recogió La Prensa.

Reacciones oficiales y contexto regional

Martínez expresó preocupación por el avance de discursos autoritarios en Centroamérica. “La democracia tiene déficits muy grandes, pero es el régimen que conocemos que mejor funciona, el más abierto, el más participativo”, afirmó el canciller guatemalteco.

Las declaraciones coinciden con el análisis de expertos como Gustavo Araya, politólogo y académico de la Universidad de Costa Rica, quien advirtió sobre dinámicas que, pese a una apariencia democrática, debilitan las instituciones. Araya alertó que la región podría enfrentarse a “una dictadura”, refiriéndose a los riesgos para la democracia costarricense, según citó La Prensa.

El caso de los presos políticos nicaragüenses

En septiembre de 2024, el gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo, acogió a 135 presos políticos nicaragüenses excarcelados y desterrados por el régimen de Ortega y Murillo. Esta acción respondió a una gestión liderada por Estados Unidos, que ejerció presión pública y privada sobre Managua.

El asesor de Seguridad Nacional estadounidense Jake Sullivan explicó que la administración Biden-Harris logró la excarcelación “por razones humanitarias”. “Nadie debe ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”, detalló Sullivan en un comunicado difundido por La Prensa.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, las negociaciones para liberar a los 135 presos políticos nicaragüenses excarcelados se desarrollaron directamente entre los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua, con Guatemala actuando como país colaborador y receptor. Autoridades estadounidenses subrayaron que la operación fue resultado de meses de presión sostenida de Washington sobre Managua y precisaron que la dictadura nicaragüense no obtuvo concesiones a cambio, describiendo la liberación como “una acción unilateral”.

Respuesta del gobierno nicaragüense y panorama actual

Nicaragua reaccionó de inmediato. El Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense tildó de irrespetuosas e injerencistas las declaraciones del canciller Martínez. “Nicaragua no ha intervenido nunca en los asuntos internos de ningún país. Igualmente, nunca nos hemos referido a los difíciles procesos políticos, sociales y económicos que ha vivido Guatemala”, señaló el comunicado oficial, que también insistió en el respeto mutuo entre ambas naciones.

El gobierno de Ortega y Murillo evitó referirse al tema de derechos humanos, aunque ha sido señalado internacionalmente por delitos de lesa humanidad y por rehusarse a rendir cuentas sobre la represión contra la sociedad civil. Hasta el 31 de marzo de 2026, Nicaragua mantenía 47 presos políticos reconocidos, según el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas citado por La Prensa.