La aparente paradoja de pleno empleo en Nicaragua, proclamada por las cifras oficiales, contrasta con la realidad cotidiana de quienes buscan trabajo en el país. El informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) “Economía del Malestar”, presentado en abril de este año, señala que, aunque las autoridades afirman que nueve de cada diez personas están ocupadas, esta visión optimista no se corresponde con la experiencia de la población activa.
Un análisis comparativo con Panamá y Costa Rica refuerza la incertidumbre en torno a los datos nicaragüenses. Estas dos economías, referentes en dinamismo para Centroamérica, enfrentan tasas de desempleo abierto y total superiores, absorbiendo además fuerza laboral migrante.
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Panamá reportó una desocupación nacional del 7.4% en agosto de 2023 y del 10.4% en septiembre de 2025. Esta tendencia contradice la imagen de pleno empleo que proyecta Nicaragua, la economía más pequeña de la región.
Según el CETCAM, el subempleo y la informalidad constituyen el verdadero panorama del mercado laboral nicaragüense. Gran parte de la población ocupada se incorpora al sector informal, y cuatro de cada diez trabajadores están en situación de subempleo. Muchos de estos empleos son precarios, con personas sobrecalificadas o que trabajan menos horas de las deseadas, lo que genera desempleo encubierto.
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Subempleo y empleo informal en Nicaragua
El subempleo supera la mitad de la participación laboral, aunque apenas muestra una leve disminución en los últimos años. La ausencia de seguridad social y prestaciones laborales refuerza el ciclo de la informalidad, e impide que la mayoría pueda ahorrar, ya que sus ingresos se destinan casi íntegramente al consumo inmediato y al pago de deudas.
El informe advierte que el desempleo encubierto no aparece en las estadísticas oficiales, pero afecta especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores rurales.
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La debilidad institucional y la carencia de criterios técnicos públicos para calcular indicadores laborales incrementan la desconfianza en los datos que publica el Banco Central de Nicaragua.
Ante la pregunta central —¿por qué Nicaragua reporta pleno empleo si la mayoría de la fuerza laboral está en la informalidad y el subempleo?—, la respuesta radica en la falta de transparencia y en el uso de métodos que no se revelan públicamente.
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Las autoridades no han explicado su metodología; la migración masiva y el autoempleo también distorsionan la percepción de la ocupación real.
El rezago ocupacional y el rol de las remesas
Un dato relevante es la cantidad de personas afiliadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS): en 2024, el país contabilizó 802,814 empleos formales, lejos del máximo registrado en 2017, antes de la crisis sociopolítica de 2018.
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Aunque se crearon 11,926 nuevos puestos de trabajo entre 2023 y 2024, este progreso es insuficiente frente a años previos, cuando, con menos inversión extranjera, se generaron más de 63 mil empleos formales en solo doce meses.
En este contexto de estancamiento ocupacional, las remesas enviadas desde el extranjero resultan esenciales para el poder adquisitivo de las familias. En 2024, las remesas alcanzaron USD 5,243,1 millones, equivalentes al 26.62% del producto interno bruto, un aporte que sigue creciendo pese a la incertidumbre económica global y las deportaciones desde Estados Unidos. Este flujo ya supera ampliamente la inversión extranjera directa recibida por el país.
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Economía del malestar bajo régimen autocrático
Según el informe de CETCAM, Nicaragua representa una economía del malestar, agudizada por el entorno autocrático. Algunos indicadores macroeconómicos muestran avances, pero el desarrollo humano no se ha recuperado desde 2018.
El deterioro de las libertades y el estancamiento de los niveles de vida profundizan el diagnóstico: en el país no hay desarrollo genuino, entendido como la posibilidad de ejercer derechos, mejorar la calidad de vida y participar de la economía formal.
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La persistencia de informalidad, subempleo y emigración masiva subraya la distancia entre el discurso oficial y la experiencia diaria de la población, y pone en duda la credibilidad de los datos y la capacidad del país para revertir el estancamiento laboral bajo el actual contexto institucional.
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