Denuncian detenciones arbitrarias y criminalización por educar: Frayba documenta agresiones para quebrar la resistencia zapatista

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó sobre un repunte de tácticas coercitivas y estrategias de contrainsurgencia contra comunidades zapatistas en Chiapas. Estos actos, cuyo propósito es desestabilizar la autonomía indígena, vulneran directamente el derecho a la educación independiente que defienden los grupos rebeldes.

Específicamente, pobladores de la localidad de La Culebra, en Ocosingo, sufrieron privaciones ilegales de libertad y asedio constante a principios de octubre. La raíz del conflicto obedece a presiones por un esquema de financiamiento federal, utilizado como instrumento para forzar a las familias a matricular a sus hijos en recintos escolares gubernamentales, obligándolos a abandonar sus modelos pedagógicos.

Esta hostilidad ocurre en vísperas de una movilización nacional, donde integrantes del movimiento originario viajarán a la Ciudad de México para dialogar con agrupaciones de familiares buscadores. Ante esto, la organización civil exigió al gobierno mexicano frenar inmediatamente el asedio y garantizar el respeto absoluto a la libre determinación de los territorios emancipados.

Impacto de los subsidios oficiales en los sistemas comunitarios

Las indagatorias señalan que el programa social “La Escuela es Nuestra”, que promete dar recursos económicos a un comité para mejoras de infraestructura, funciona en la región como un mecanismo de chantaje. Autoridades del ejido, motivadas por obtener mayores recursos económicos que dependen directamente del aumento de la matrícula estudiantil, amedrentan sistemáticamente a los habitantes que respaldan la enseñanza autogestiva.

Esta coerción se manifestó con extrema dureza contra las mujeres del asentamiento. Las campesinas fueron convocadas de forma aislada y acusadas de mentir frente a sus dirigentes autónomos. Inmersas en un entorno de violencia patriarcal y bajo la amenaza de ser enjuiciadas por la asamblea general, resultaron forzadas a aceptar penalizaciones monetarias, logrando apenas un plazo de veinte días para saldar los cobros.¿

Arrestos injustificados y castigos económicos desproporcionados

La ola de represalias se materializó mediante capturas sin sustento jurídico. El 3 de octubre, un individuo permaneció encarcelado un día entero por la negativa colectiva a someterse al sistema escolar tradicional; al rehusar pagar una cuota impuesta, volvió a ser encerrado. Veinticuatro horas después, un segundo habitante sufrió la misma suerte por idénticas recriminaciones.

Y, durante una junta vecinal el 6 de octubre, otros cuatro varones resultaron aprehendidos. Aunque los seis afectados ya fueron liberados, los líderes ejidales mantienen vigentes castigos económicos que rozan los 50 mil pesos. Estas deudas arbitrarias afectan a múltiples hogares, evidenciando un modelo de dominación territorial y control político auspiciado por estructuras de poder.