Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé exige a gobierno de Chiapas reconocer a víctimas de desplazamiento forzado

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exige al gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, que reconozca a las personas afectadas por desplazamiento interno, les brinde atención y cree condiciones para que regresen a sus comunidades con seguridad, dignidad y respeto a sus derechos humanos.

A través de un comunicado, Frayba sostiene que ha documentado 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad; afirma que los casos forman parte de investigaciones sobre violencia armada y criminal en distintos territorios chiapanecos.

El organismo cuestionó la postura oficial frente a esta crisis, luego de que el gobernador asegurara que el 95% de desplazados regresó a sus actividades en sus poblaciones de origen, hecho que atribuyó a la “cero impunidad”. Ramírez dijo en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del viernes 11 de septiembre:

“Habrá, no digo que no, una que otra comunidad, pero la inmensa mayoría ha regresado de manera pacífica y otros, pues, han decidido establecerse ya sus residencias en territorio chiapaneco (...) Yo creo que el 95% regresó a sus actividades (...)”, afirmando que no hay territorios ocupados por grupos criminales.

Desplazamiento forzado en municipios de Chiapas

La organización señala que en Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa y Chicomuselo persiste la violencia armada y el control territorial de grupos criminales. Este escenario ha obligado a cientos de familias a abandonar sus comunidades desde 2021; parte de la población continúa en movilidad forzada, sin refugios seguros ni ayuda humanitaria.

El Frayba atribuye el agravamiento de estas condiciones a la falta de una respuesta integral del Estado. También advierte que la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno permanece sin aplicación efectiva, pues su reglamento no ha sido promulgado desde 2012.

El organismo expuso cinco comunidades que han sido víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas:

1. Nueva Independencia, Ángel Albino Corzo: familias abandonaron sus hogares entre 2024 y 2025 tras un repunte de violencia posterior a la elección municipal. Los testimonios recopilados por Frayba señalan presunta protección del alcalde Manuel de Jesús Moreno Fernández al grupo criminal “Los Robleros”.
2. Nueva Palestina, Ocosingo: hay personas desplazadas desde diciembre de 2021 que, según la organización, no han recibido ayuda humanitaria suficiente ni acceso efectivo a la justicia.
3. Maya Lacandón de Lacanjá Chasayab, Ocosingo: los pobladores fueron expulsados el 13 de septiembre de 2023 y permanecen fuera de sus viviendas, territorio y patrimonio comunitario.
4. Tzanembolom, Chenalhó: habitantes salieron de la comunidad durante el primer semestre de 2024 tras rechazar colaborar con el grupo criminal “Los Herreras”; de acuerdo con Frayba, aún no existen condiciones para que regresen.
5. Jotolá, Chilón: Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) fueron desplazados en febrero de 2026 y continúan fuera de su comunidad.

El organismo rechaza la versión oficial sobre los retornos y pide crear condiciones de retorno para las comunidades

El Frayba expresa preocupación por declaraciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien afirma que en Chiapas ya no existe desplazamiento forzado y que el 95% de las personas afectadas ya regresó a sus comunidades.

La organización sostiene que considerar voluntaria la permanencia de quienes no vuelven desconoce la violencia que provocó su salida. Advierte que las familias pierden vivienda, bienes y medios de subsistencia, mientras que mujeres, infancias y adultos mayores enfrentan afectaciones particulares, además de la interrupción de sus proyectos de vida.

También acusa a las autoridades de reclasificar a las víctimas como ‘población vulnerable’, lo que limita su acceso a atención, protección y reparación. Ante este panorama, la organización demanda al Estado aplicar la ley vigente y garantizar condiciones seguras para que los desplazados regresen a sus lugares de origen.

Grupos criminales que han obligado a abandonar territorios en Chiapas

Al ser preguntado sobre los grupos identificados en las regiones afectadas, Ramírez Aguilar habló inicialmente de dos organizaciones delictivas. Después nombró al Cártel del Pacífico, al Cártel Chiapas-Guatemala y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El gobernador afirmó que las acciones de las autoridades alcanzaron a los tres grupos: “Cuando la ley se aplica parejo, también la delincuencia respeta”, expresó Ramírez Aguilar.

Sobre Pantelhó, el gobernador explicó que allí existió un conflicto que describió como político-social entre dos grupos conocidos como “Los Herreras” y “Los Machetes”.

Ramírez Aguilar afirmó que las autoridades aplicaron la ley contra ambos sectores. Atribuyó a esa actuación el regreso de las familias que habían abandonado la cabecera municipal y otras comunidades. El mandatario no precisó una cifra absoluta de personas que permanecen fuera de sus hogares.