Armas dentro del penal y disputas entre internos: las preguntas pendientes tras la violencia en El Castillo

Las armas de fuego encontradas dentro del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, y los antecedentes de enfrentamientos entre internos mantienen abiertas las preguntas sobre los controles de seguridad y las posibles disputas criminales al interior de las cárceles de Sinaloa.

Las riñas registradas el 8 y 9 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, dejaron 12 personas muertas. En el primer enfrentamiento fallecieron nueve internos y un niño de dos años que se encontraba de visita; al día siguiente murieron otros dos internos.

Luego de estos hechos, el gobierno federal iniciará la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, con recursos de la Federación y terrenos que aportará el gobierno estatal, anunció este sábado Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, la nueva infraestructura no resuelve por sí misma las interrogantes inmediatas: ¿cómo ingresaron las armas utilizadas en los enfrentamientos?, ¿qué resultados tuvieron las revisiones anteriores?, ¿las agresiones estuvieron relacionadas con disputas entre internos? y ¿qué medidas se adoptarán para evitar nuevos episodios de violencia?

Las armas encontradas dentro de El Castillo

Después del primer enfrentamiento, registrado el jueves 8 de octubre, las autoridades informaron sobre el aseguramiento de armas de fuego y la recolección de indicios balísticos. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, señaló que se localizaron dos armas cortas calibre 9 milímetros que habrían sido utilizadas durante la riña.

La Fiscalía General del Estado también informó sobre indicios relacionados con disparos de armas largas y cortas. La investigación busca establecer las circunstancias de los homicidios y determinar cómo llegaron las armas al interior del centro penitenciario.

La información difundida por las autoridades después de los hechos —y hasta el cierre de esta nota informativa— no había esclarecido quién introdujo las armas, cuándo ingresaron ni si existió participación u omisión de personal penitenciario. Tampoco se había comunicado una conclusión ministerial sobre estos puntos.

Los hallazgos deben contrastarse con las revisiones efectuadas en El Castillo antes de la crisis. En mayo de 2025, un tiroteo motivó una inspección en la que se encontraron armas de fuego, cartuchos y equipos de comunicación. El 26 de junio de ese año, una balacera dejó un interno muerto y tres heridos. Meses después, el 17 de octubre de 2025, otra riña dejó un interno muerto y tres lesionados; durante la intervención se aseguraron tres armas largas, dos cortas y un artefacto explosivo.

Estos antecedentes documentan que las agresiones armadas y la presencia de objetos prohibidos ya habían sido motivo de intervención en el centro penitenciario. Sin embargo, para establecer si existieron fallas reiteradas en los controles, es necesario conocer los resultados de cada revisión, las medidas correctivas adoptadas y las condiciones en que se realizaron las inspecciones posteriores.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció que continuarían las revisiones después de los enfrentamientos de octubre. No obstante, hasta el momento de los primeros reportes no se habían detallado nuevos resultados que permitieran determinar si se localizaron más armas u otros objetos prohibidos.

Las riñas anteriores a los 12 homicidios

La violencia del 8 y 9 de octubre estuvo precedida por otro episodio mortal en El Castillo. El 24 de septiembre de 2026, dos internos murieron después de una discusión en el área de talleres que derivó en una agresión con un objeto punzocortante, según la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El incidente ocurrió menos de dos semanas antes de los enfrentamiento que dejaron 12 víctimas mortales el 8 y 9 de octubre. La cercanía entre los episodios constituye un antecedente relevante para reconstruir las condiciones de seguridad del centro, aunque la información pública disponible no permite afirmar que los hechos estuvieran conectados o que respondieran a una misma disputa.

El historial de 2025 también incluye enfrentamientos armados, internos muertos y lesionados, así como aseguramientos de armas de distintos tipos. En octubre de ese año, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, informó que el organismo había abierto nueve expedientes de queja por riñas en penales estatales desde diciembre de 2024: siete correspondían a Aguaruto y dos a Goros II.

Loza Ochoa señaló entonces que los enfrentamientos entre internos y custodios reflejaban conflictos entre facciones del Cártel de Sinaloa presentes en centros penitenciarios. También advirtió sobre problemas relacionados con el control administrativo y la presencia recurrente de objetos prohibidos.

Esas declaraciones se referían a la situación penitenciaria estatal y no constituyen, por sí solas, una conclusión sobre las causas de los enfrentamientos recientes en El Castillo.

La Fiscalía debe establecer si las riñas de octubre estuvieron relacionadas con disputas entre grupos criminales o si respondieron a otros conflictos entre internos.

Entre las versiones difundidas después de los hechos estuvo la posible identificación de uno de los fallecidos como Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, señalado en reportes periodísticos como presuntamente relacionado con una célula de Los Chapitos. La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, evitó confirmar inicialmente esa versión y señaló que las identificaciones debían formalizarse con las familias.

La presunta relación de una víctima con un grupo criminal no basta para establecer que su muerte derivó de una disputa entre facciones. Esa hipótesis requiere pruebas específicas que permitan reconstruir el origen y desarrollo de los enfrentamientos.

La calificación de la CNDH bajó de 2022 a 2025

Las condiciones de El Castillo también quedaron bajo escrutinio por las evaluaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2022, el centro obtuvo una calificación de 6.32. En la evaluación correspondiente a 2025, la puntuación fue de 5.25.

La diferencia es de 1.07 puntos menos en tres años. La evaluación de 2025 situó al centro por debajo de seis en la escala utilizada por la CNDH, que examina distintos aspectos de las condiciones de internamiento y el respeto a los derechos humanos.

El diagnóstico de 2022 identificó deficiencias relacionadas con la integridad de las personas privadas de la libertad, las condiciones materiales e higiénicas de las instalaciones, la alimentación y los espacios para mantener comunicación con el exterior. La comparación con 2025 debe hacerse a partir de los indicadores específicos de ambos documentos para establecer cuáles problemas persistieron, cuáles fueron corregidos y cuáles aparecieron posteriormente.

En 2025, la evaluación registró una población de mil 247 hombres y 42 mujeres, frente a una capacidad informada de mil 699 hombres y 142 mujeres. Es decir, el diagnóstico no clasificó al centro como sobrepoblado en esa evaluación.

La caída de la calificación no demuestra que todas las condiciones hayan empeorado ni que las deficiencias señaladas hayan causado las muertes de octubre de 2026. Sí constituye un antecedente para exigir información sobre las medidas correctivas aplicadas y los cambios realizados en la vigilancia, los controles de acceso y las condiciones de internamiento.

La comparación también permite distinguir entre los problemas estructurales que deben documentarse y las causas específicas de los homicidios, que corresponden a las investigaciones ministeriales.

La seguridad de las familias que ingresan al penal

El primer enfrentamiento de octubre ocurrió durante el horario de visitas familiares y provocó la muerte de un niño de dos años. El menor se encontraba en el centro penitenciario cuando se registró la agresión, por lo que la protección de visitantes se convirtió en una de las preguntas centrales sobre las condiciones de acceso y seguridad de El Castillo.

Después de los hechos, las autoridades suspendieron temporalmente las visitas. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que se reanudaron el sábado 10 de octubre y que continuarían el domingo 11, mientras se mantenían las revisiones y el despliegue de seguridad.

La reapertura permitió retomar el contacto entre internos y familiares, pero los primeros reportes no detallaron cambios específicos en los protocolos de ingreso, los mecanismos de protección de visitantes o los procedimientos para evacuar a quienes se encuentran dentro del centro durante una emergencia.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa condenó los hechos, anunció actuaciones propias y medidas cautelares, y exhortó a la Fiscalía a esclarecer lo sucedido. El seguimiento de estas acciones permitirá conocer qué medidas solicitó el organismo, qué autoridades debían cumplirlas y si se establecieron mecanismos para verificar su aplicación.

También queda pendiente conocer cómo se notificó a las familias sobre las víctimas y qué información se les proporcionó durante las horas posteriores a los enfrentamientos. En las primeras horas del 8 de octubre, familiares se concentraron afuera del centro para solicitar información sobre los internos.

El desafío no consiste únicamente en reanudar las visitas, sino en garantizar condiciones de seguridad para quienes ingresan, contar con protocolos de actuación ante enfrentamientos y evitar que personas ajenas a los conflictos entre internos queden expuestas a ellos.

Gobierno federal financiará el nuevo penal de Sinaloa

El Gobierno de México construirá con recursos federales un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, anunció el sábado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La decisión fue comunicada después de los enfrentamientos en El Castillo que dejaron 12 personas muertas y 17 heridas.

A través de su cuenta de X, el funcionario informó que el proyecto se realizará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y tendrá infraestructura destinada a fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado.

García Harfuch también agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, por su disposición para aportar los terrenos necesarios. El anuncio establece dos compromisos institucionales: el financiamiento federal de la obra y la participación del gobierno estatal mediante la provisión del terreno.

Mientras se concreta la construcción, el actual centro penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la SSPC, agregó García Harfuch.

El funcionario no precisó la ubicación del nuevo centro, su capacidad, el presupuesto asignado, el calendario de construcción ni la fecha prevista para el inicio de las obras. Tampoco detalló qué modificaciones operativas se implementarán de inmediato para atender los problemas de seguridad registrados en El Castillo.

La nueva prisión se plantea como parte de la respuesta gubernamental a la crisis penitenciaria, pero su anuncio no sustituye la necesidad de esclarecer cómo ingresaron las armas al centro actual, quiénes participaron en las agresiones y qué controles deben modificarse para prevenir nuevos enfrentamientos.

El proyecto también deberá evaluarse frente a las condiciones documentadas por la CNDH. Además de El Castillo, el penal Goros II, en Los Mochis, obtuvo una calificación de 4.79 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2025, inferior a los 5.25 puntos del centro de Mazatlán.

La construcción de otra prisión podría ampliar la infraestructura disponible, pero no permite concluir por sí misma que se resolverán los problemas de control, la presencia de armas o las disputas entre internos. Para conocer su alcance será necesario que las autoridades presenten el proyecto, los recursos previstos, los criterios de operación y las medidas que acompañarán la construcción.

Las investigaciones por las muertes del 8 y 9 de octubre, los resultados de las inspecciones y el cumplimiento de las medidas de protección siguen siendo elementos indispensables para determinar qué falló en El Castillo y qué cambios se requieren para evitar que una crisis similar vuelva a ocurrir.