CJNG y Cártel de Sinaloa, los grupos con más cuentas bloqueadas por la UIF

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa concentran miles de las cuentas bancarias inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la estrategia del gobierno federal para seguir la ruta del dinero y detectar las estructuras financieras que permiten operar a las organizaciones criminales.

Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la UIF inmovilizó 24 mil 622 cuentas bancarias, relacionadas con recursos por más de 8 mil 670 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la dependencia a El Sol de México.

Del total, 7 mil 861 cuentas están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en México. El grupo con mayor número de cuentas identificadas es el CJNG, con 4 mil 439, seguido del Cártel de Sinaloa, con 2 mil 289.

Además, la UIF incorporó a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, informó su titular, Omar Reyes.

La estrategia consiste en analizar las operaciones financieras para determinar quién mueve los recursos, quién los recibe, qué empresas aparecen relacionadas con las transacciones y quién podría estar detrás del control o beneficio de esos fondos.

“Nuestro trabajo no termina cuando detectamos una operación inusual. Ahí comienza el análisis”, explicó Reyes, al señalar que el objetivo es reconstruir las relaciones financieras que permitan identificar las estructuras detrás de los movimientos de dinero.

CJNG y Cártel de Sinaloa, en la mira financiera

El congelamiento de cuentas constituye una de las herramientas utilizadas por la UIF para impedir que determinados recursos continúen circulando dentro del sistema financiero cuando existen elementos que los vinculan con actividades consideradas ilícitas.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la dependencia, cerca de una de cada tres cuentas inmovilizadas durante el periodo analizado está relacionada con integrantes de organizaciones criminales.

El CJNG concentra poco más de la mitad de las cuentas vinculadas a estos grupos, con 4 mil 439 registros, mientras que el Cártel de Sinaloa suma 2 mil 289.

La UIF también ha utilizado el análisis financiero para investigaciones relacionadas con extorsión. En este rubro se contabilizan mil 443 cuentas inmovilizadas, equivalentes a 5.9 por ciento del total.

La dependencia busca reconstruir el recorrido de los recursos obtenidos mediante amenazas y cobros, identificar las cuentas receptoras y establecer conexiones entre distintas operaciones para localizar las redes financieras relacionadas con este delito.

Sin embargo, la propia UIF subraya que una inmovilización no equivale a una sentencia ni determina por sí misma responsabilidad penal. Las personas afectadas cuentan con mecanismos para ejercer su defensa.

Robo de hidrocarburos y cooperación internacional

Otro de los frentes identificados por la UIF es el robo de hidrocarburos. El trabajo coordinado con otras instituciones permitió detectar casos considerados prioritarios que derivaron en investigaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En este ámbito, la dependencia reportó 144 denuncias ante la FGR, 163 personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y más de 218 millones de pesos inmovilizados.

La intención, explicó Reyes, es que la información financiera permita generar inteligencia, aportar elementos a las investigaciones y, cuando existan pruebas suficientes, contribuir a procesos de judicialización y recuperación de activos.

El bloqueo de una cuenta, insistió la UIF, no significa que su titular haya sido declarado culpable. Se trata de una medida financiera que busca impedir temporalmente que determinados recursos continúen circulando dentro del sistema financiero cuando existen elementos que justifican la intervención.

Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas pueden solicitar una garantía de audiencia dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación. En ese procedimiento pueden presentar pruebas y formular alegatos. Posteriormente, la UIF debe analizar los argumentos y emitir una resolución administrativa fundada y motivada.

Además, existen mecanismos legales para impugnar las determinaciones de la autoridad.

La estrategia financiera también tiene una dimensión internacional. Debido a que los recursos vinculados con organizaciones criminales pueden trasladarse entre países mediante transferencias, empresas y adquisición de bienes, México mantiene intercambio de información con otras unidades de inteligencia financiera y organismos como el Grupo Egmont, FinCEN y OFAC.

La cooperación internacional, de acuerdo con la UIF, no implica ceder facultades. Las decisiones relacionadas con personas y cuentas dentro de México corresponden a las autoridades mexicanas y deben realizarse conforme al marco jurídico nacional.

Mientras las organizaciones criminales modifican sus mecanismos para ocultar y mover recursos, la UIF también ha incrementado su capacidad operativa. Su plantilla pasó de 183 servidores públicos en 2024 a 293 actualmente, un crecimiento superior a 60 por ciento.

La dependencia trabaja además en la modernización de sus sistemas, modelos de riesgo y mecanismos de intercambio de información, con el objetivo de detectar operaciones financieras sospechosas y establecer conexiones entre personas, empresas y recursos.

La apuesta de la UIF es que el análisis financiero permita pasar de la detección de operaciones inusuales a investigaciones y, cuando existan elementos suficientes, a judicializaciones y recuperación de activos.

“Lo que hacemos desde la UIF es utilizar las herramientas que nos proporciona la ley para proteger al sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales, siempre con sustento jurídico y respeto al debido proceso”, señaló Reyes.