Ernesto Ruffo Appel narra su experiencia en el Altiplano tras dejar el penal por prisión domiciliaria

Ernesto Ruffo Appel describió su llegada al penal del Altiplano como una experiencia “terrible” y “humillante”, según relató a la periodista Carmen Aristegui. El exgobernador de Baja California, de 74 años, aseguró que no desea esa vivencia a ninguna persona y atribuyó su equilibrio emocional al respaldo de otros reclusos.

De acuerdo con su declaración, el exmandatario panista compartió módulo con otros exgobernadores procesados por delitos graves, entre ellos Mario Marín, Ángel Aguirre, Tomás Yarrington y César Duarte, así como con el almirante Fernando Farías Laguna. Ruffo Appel sostuvo que esa convivencia le permitió evitar el llamado “carcelazo”, término con el que describió la pérdida de la seguridad psicológica de una persona privada de la libertad.

Durante las noches, ese grupo de reclusos discutía sobre la reconstrucción institucional del Estado mexicano desde los pasillos del penal, al punto de que otros internos respondían con aplausos desde pisos distintos. Ruffo Appel mencionó en particular a Aguirre, exgobernador de Guerrero, quien compartió su punto de vista sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El exgobernador admitió, sin embargo, que la mayoría de los reclusos con los que convivió durante traslados y horarios de comida se declaraba inocente, por lo que decidió mantener su propio criterio ante cada relato.

Esa reclusión, que se extendió más de dos meses, terminó el 26 de septiembre, cuando Ruffo Appel salió del Altiplano rumbo a la prisión domiciliaria que ahora cumple en Ensenada. Un juez federal autorizó el cambio de medida cautelar un día antes tras considerar el deterioro de salud del exgobernador: su defensa documentó una pérdida de casi seis kilos, atribuida a las condiciones de alimentación y descanso dentro del penal, junto con dictámenes médicos y forenses.

El artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a los mayores de 70 años cumplir la prisión preventiva en su domicilio, sustentó la resolución de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. La defensa acreditó además el arraigo de Ruffo Appel en Ensenada, ciudad donde fue detenido y donde gobernó como presidente municipal entre 1986 y 1989, así como su copropiedad sobre el inmueble por herencia familiar.

La medida impuesta mantiene a Ruffo Appel bajo prisión preventiva oficiosa, aunque ya no dentro de un penal federal. La resolución judicial ordena vigilancia permanente de la Guardia Nacional sobre el domicilio, videollamadas diarias con la autoridad judicial y la prohibición de salir del país, para lo cual le retiraron el pasaporte y la visa; también le impide todo contacto con testigos u otros imputados de la causa.

El traslado hasta Ensenada tardó 39 horas por carretera bajo custodia de la Guardia Nacional. Ruffo Appel relató a la periodista Azucena Uresti que viajó esposado durante todo el trayecto y que apenas pudo dormir mientras conversaba con los elementos que lo acompañaban, aunque calificó de “muy buen trato” el recibido por los custodios.

El proceso que enfrenta Ruffo Appel se desprende de una investigación de la Fiscalía General de la República sobre una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal, que la fiscal general Ernestina Godoy describió como la más grande detectada hasta el momento. La pesquisa identificó miles de operaciones de importación irregular vinculadas con Ingemar, empresa en la que el exgobernador posee entre 39% y 40% del capital, y calculó un daño a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos.

Ruffo Appel se declaró inocente ante Uresti y aseguró que su participación en Ingemar se limitó a su condición de accionista, sin funciones directivas. Su defensa mantiene abierto un segundo amparo contra la vinculación a proceso, mientras la investigación complementaria, con un plazo fijado en seis meses, continúa su curso desde el domicilio del exgobernador en Ensenada.

Un juez concede a Ernesto Ruffo Appel la prisión domiciliaria en Ensenada

El abogado Arturo Germán Rangel presentó dictámenes médicos y forenses que documentaron el deterioro físico de Ruffo Appel durante su reclusión. El defensor añadió testimoniales de familiares y vecinos para respaldar la solicitud de cambio de medida cautelar.

La defensa explicó que la resolución no representa una victoria procesal, sino la aplicación de los requisitos previstos por la ley. “No es propiamente un triunfo, sino que la ley establece ciertos requisitos”, declaró el abogado a los reporteros presentes en el Altiplano.

De acuerdo con el dictamen, el exgobernador deberá realizar videollamadas diarias con el centro de justicia y no podrá acercarse a los testigos ni a otros imputados de la causa. La jueza también le retiró el pasaporte y la visa, y le impidió abandonar el territorio nacional.

La prisión domiciliaria mantiene a Ernesto Ruffo Appel sujeto a prisión preventiva oficiosa, pero le permite cumplirla en su vivienda de Ensenada en lugar de un penal federal. La medida incluye vigilancia permanente de la Guardia Nacional, videollamadas diarias con la autoridad judicial y la prohibición de salir del país mientras continúa la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República investiga a Ingemar por huachicol fiscal ferroviario

La fiscal general Ernestina Godoy presentó el caso como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento en México. La investigación se originó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila.

La Fiscalía documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025. Los investigadores calcularon que la red no declaró más de 15 millones de litros de combustible ante las autoridades aduaneras durante ese periodo.

El esquema causó un daño a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos, según la Fiscalía. La evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto al Valor Agregado sumó más de 106 millones de pesos en una parte de los cargamentos analizados.

Las autoridades detectaron movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales. La Fiscalía identificó también operaciones cambiarias superiores a USD 1,386 millones mediante un patrón de cuentas puente hacia empresas extranjeras.

La empresa Ingemar, dedicada a servicios portuarios y dragado, obtuvo en 2023 un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. Ruffo Appel posee entre el 39% y el 40% del capital de esa compañía, según precisó su defensa.

El abogado Arturo Germán Rangel negó que su representado tuviera funciones directivas dentro de Ingemar. “No, no, no, él no tiene ni oficina en la empresa”, afirmó el defensor ante los reporteros que cubrieron la audiencia del 25 de septiembre.

La causa penal 253/2026 identificó a 25 presuntos integrantes de la red y derivó hasta ahora en nueve personas detenidas. Cuatro coacusados permanecen recluidos en el Altiplano, dos cumplen prisión domiciliaria por motivos de salud y dos más están en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Sur.

Ruffo Appel se declaró inocente ante la periodista Azucena Uresti y aseguró que su participación se limitó a su condición de accionista. “Yo me declaré inocente, estaba dispuesto a ir a comparecer. En la empresa soy accionista, no participé en nada más”, dijo el exgobernador, quien además atribuyó una dimensión política a su proceso.