No hay fallas en Mecanismo de Protección a Periodistas pese a siete asesinatos en 2026: SEGOB afirma que respeta a la prensa

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) negó la existencia de fallas graves en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a pesar de las críticas por insuficiencia presupuestal, falta de resultados y los siete asesinatos de periodistas registrados en lo que va de 2026. Durante la conferencia matutina de este viernes 21 de agosto de 2026, la secretaria de Gobernación defendió la actuación del gobierno federal y afirmó que se respeta plenamente la libertad de expresión en México.

Mecanismo de Protección bajo escrutinio por violencia y falta de recursos

“En México no se persigue a nadie por pensar distinto. Hoy como nunca se garantizan los derechos a la libertad de expresión y también a la libre manifestación”, declaró la secretaria de Gobernación al ser cuestionada sobre diversas denuncias que se han realizado en torno a la libertad de expresión, luego de que la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, publicara una lista con nombres de periodistas y medios de comunicación “anti 4T”.

La funcionaria sostuvo que el mecanismo actualmente atiende a cerca de 3 mil personas, entre defensores de derechos y periodistas, y reconoció que existen deficiencias, pero insistió en que se está trabajando para mejorar la administración y los resultados.

Además, anunció que la empresa RCU, responsable de proveer servicios al mecanismo, “ya ha sido notificada de que terminará en breve el contrato”. Explicó que el proceso de sustitución no es sencillo, pero aseguró que la administración federal está actuando ante las quejas y demandas de los beneficiarios. “No es que permanezcamos con los oídos sordos. No, estamos actuando y lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó. Esta decisión surge tras una serie de denuncias sobre que la empresa tenía vínculos con el narcotráfico.

A pesar de las denuncias por falta de presupuesto y condiciones precarias para periodistas desplazados, la secretaria defendió la labor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y reiteró que todas las quejas se reciben y atienden de manera cotidiana. “Si hay alguna queja de algún servicio, la recibimos diariamente y la atendemos”, afirmó.

Van 7 periodistas asesinados en lo que va de 2026

No obstante las declaraciones de la funcionaria, es una realidad que el número de agresiones y asesinatos contra periodistas ha sido alto en lo que va del año. Durante los primeros siete meses de 2026, México se ha mantenido como el país más letal para periodistas, superando incluso a naciones en conflicto armado como Ucrania y Siria. De enero a julio se han registrado al menos siete periodistas asesinados en distintas regiones mexicanas, según cifras reconocidas por organismos internacionales y nacionales dedicados a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.

Entre los casos documentados figura el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado en enero en Veracruz, estado que concentra el mayor número de homicidios de comunicadores en el país desde el año 2000. También se reportaron los asesinatos de Luis Ángel López Valdez y Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Veracruz y Oaxaca, respectivamente, así como los de Josué Martínez Contreras en Puebla y Manuel Alejandro Moreno Serna en Guerrero. Juan David Gámez, director de un portal digital en Nuevo León, y Roxana Berenice Guzmán en Veracruz, completan la lista de víctimas reconocidas en este periodo.

La mayoría de estos asesinatos está relacionada con coberturas periodísticas sobre crimen organizado, corrupción y temas ligados a la seguridad pública. Organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que las víctimas recibieron amenazas y no contaron con protección efectiva, mientras las investigaciones oficiales se mantienen con deficiencias graves y la impunidad permanece como un problema estructural.

Veracruz sobresale como el estado más peligroso para la prensa en 2026, tanto por el número de casos recientes como por el historial acumulado en las últimas décadas. Diversos organismos coinciden en que la respuesta institucional ha sido insuficiente y señalan la urgencia de implementar estrategias efectivas para garantizar la seguridad y el ejercicio libre del periodismo en México.