
Luego de los ataques armados y con explosivos que denunciaron los habitantes de la Montaña de Guerrero, y como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la región, las autoridades informaron que 17 familias retornaron a la comunidad de Tula, en Chilapa, a tres meses de registrarse la violencia.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que hasta el momento no se registran nuevos desplazamientos forzados en la región y que las acciones han permitido recuperar condiciones de seguridad y paz como parte del Plan Maestro.
El anuncio se hizo tres meses después de que el Consejo Nacional Indígena (CNI) denunció que la Montaña Baja y Alta eran focos de ataques por parte del grupo criminal de Los Ardillos, por lo que exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su intervención para garantizar la seguridad, además de señalar que la violencia había provocado más de 2 mil desplazados, 81 muertos y 25 desaparecidos.
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La estrategia implementada en la Montaña Alta y Baja de Guerrero para restablecer la seguridad
La Segob detalló que como parte de las acciones en la región se llevaron a cabo labores de limpieza y rehabilitación de hogares en la localidad, además de que trabajaron en el restablecimiento de los servicios básicos y en la recuperación de los espacios comunitarios afectados por la violencia.
Las labores también contemplan apoyo en infraestructura, la entrega de enseres para el hogar a las familias y atención para facilitar su acceso a programas de bienestar como parte del respaldo brindado para mejorar sus condiciones de vida.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, informó que las acciones se realizan en 19 comunidades pertenecientes a cuatro municipios de la región, donde también se les atiende con acciones a la educación, salud, vivienda, caminos, empleo y bienestar.
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Como parte del despliegue, el gobierno mantiene una presencia coordinada que incluye a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y otras 17 dependencias federales, además del Gobierno del estado de Guerrero.
“Permaneceremos en el territorio el tiempo que sea necesario para consolidar la seguridad, garantizar derechos y construir bienestar y una paz duradera”, aseguró Medina.
El origen de la crisis: Los Ardillos, Los Tlacos y el desplazamiento masivo
En el video se escuchan las constantes detonaciones de arma de fuego registradas por los pobladores de la región de la Montaña Baja de Guerrero. Video: Congreso Nacional Indígena (CNI)
La crisis en la Montaña de Guerrero se desató a partir del 6 de mayo de 2026, cuando comunidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán denunciaron agresiones armadas atribuidas a integrantes de Los Ardillos.
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Los pobladores reportaron ataques con armas de alto calibre, incendios de viviendas y sobrevuelos de drones, lo que provocó que algunos se refugiaran entre los cerros mientras continuaban las detonaciones.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló en su momento que la violencia se derivaba de la disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos, dos organizaciones criminales con presencia histórica en Guerrero.
Los Ardillos operan desde hace casi dos décadas en comunidades de Chilapa y consolidaron presencia en zonas de difícil acceso vinculadas al tráfico de drogas. Los Tlacos, también identificados como el Cártel de la Sierra, expandieron su influencia desde Tlacotepec y sostienen disputas con organizaciones rivales en la zona centro y norte del estado.
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Mientras el gobierno reconoció inicialmente 96 personas desplazadas, el Consejo Nacional Indígena documentó a más de 2 mil personas desplazadas, 81 asesinadas y 25 desaparecidas.
Días después, nueve presidentes municipales de la región Centro y la Montaña Baja de Guerrero acusaron omisión e indiferencia por parte de las autoridades federales y estatales ante los ataques armados de Los Ardillos, lo que los llevó a abandonar la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz al considerar que había dejado de cumplir con su objetivo.
“Lejos de encontrar soluciones reales, coordinación efectiva o estrategias contundentes, únicamente hemos sido testigos de simulaciones burocráticas donde los reportes son simplemente turnados de una instancia a otra, sin acciones claras, sin resultados y sin responsables”, aseguraron en un comunicado.
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Más de 100 habitantes ya habían regresado a Chilapa

Cabe señalar que este anuncio de retorno se suma al realizado el pasado 14 de mayo, cuando la Segob informó el regreso de 118 personas a la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilapa, tras la violencia.
Pese al retorno de familias acompañado por las autoridades, habitantes indígenas señalaron en varias ocasiones que no se atendieron las causas reales de la violencia y exigieron el desmantelamiento de Los Ardillos para garantizar que no volverán a ser desplazados ni víctimas de ataques.
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