Diputado de Movimiento Ciudadano propone al Senado eliminar poderes en Oaxaca por crisis en asesinatos de periodistas y activistas

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Martínez, solicitó este martes 29 de julio ante el Senado de la República que se declare la eliminación de poderes en el estado de Oaxaca ante la “impune serie de asesinatos de periodistas y activistas” en el estado.

A través de sus redes sociales, el legislador emecista compartió una fotografía de la solicitud que entregó al Senado, donde citó la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Senado a intervenir cuando existen causas graves de responsabilidad política en el ámbito estatal.

El documento señala que las acciones y omisiones del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz han generado condiciones que afectan gravemente la vida institucional del estado y constituyen violaciones a la Constitución federal y a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, esto tras las acusaciones por coartar la libertad de expresión y trabajo periodístico de los medios de comunicación.

La propuesta pide que el instrumento legislativo se publique en la Gaceta Parlamentaria y se incorpore al orden del día de la sesión plenaria de este mismo 29 de julio. Fue remitida por el coordinador de asesores del grupo parlamentario, César Pulido Morales, a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Contexto de violencia contra periodistas en Oaxaca

Uno de los casos más graves de violencia es el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, asesinado a tiros el 22 de julio en el fraccionamiento Esmeralda, municipio de San Pablo Etla, según confirmó la Fiscalía de Oaxaca a Infobae México.

Meses antes de su muerte, Leyva Aguilar había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento judicial relacionados con su gestión al frente de la CORTV. En una publicación en redes sociales, responsabilizó directamente al gobernador: “Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”, escribió el comunicador.

Es en ese contexto que el legislador de Movimiento Ciudadano sustenta su petición al considerar que la situación por violencia en el estado se está desbordando, culpando directamente al gobernador oaxaqueño.

Luego del lamentable asesinato del periodista, familiares y amigos realizaron el desfile de delegaciones de la Octava de la Guelaguetza, donde colocaron sobre la ruta pancartas y lonas. Durante la manifestación, acusaron la presencia de personas vestidas de civil que los fotografiaron, así como de dos elementos policiacos con armas de cargo y de un grupo de choque que los rodeó para limitar su desplazamiento.

Los manifestantes también señalaron que el gobernador Salomón Jara Cruz abandonó el contingente oficial cuando el recorrido se aproximaba a la zona donde se encontraba la protesta. El mandatario, que encabezaba parte del desfile acompañado por funcionarios estatales, no tuvo contacto con quienes exigían justicia por el homicidio.

Intimidación y amenazas a más periodistas

El 25 de julio, el corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola, recibió una amenaza de muerte publicada en redes sociales por una cuenta identificada como “COMANDO LOX”, días después del asesinato de Leyva Aguilar. Reporteros Sin Fronteras identificó el mensaje y contactó al periodista para recomendarle que se resguardara, según informó Matías a Milenio. La Fiscalía de Oaxaca le proporcionó protección y el Mecanismo federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también intervino en el caso.

La revista Proceso solicitó formalmente a las autoridades de Oaxaca que asumieran la protección de su colaborador “ante el entorno de riesgo advertido por diversas organizaciones defensoras de periodistas y libertad de expresión tras esos hechos”.

El 28 de julio, la periodista Jaqueline Robles denunció que un grupo de personas a bordo de un vehículo tipo Tsuru permaneció frente a su domicilio fotografiando el inmueble, hechos registrados por cámaras de videovigilancia. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) activó de inmediato los protocolos de protección para la comunicadora e inició investigaciones para esclarecer lo ocurrido.