Estas son las sanciones financieras más grandes contra los cárteles mexicanos impuestas por EEUU

El Cartel de Sinaloa, el CJNG, HSBC y Wachovia: los nombres detrás de las mayores sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra los cárteles mexicanos y sus redes de colaboradores como bancos, empresas y testaferros, en tres décadas de guerra financiera contra el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves 23 de julio de 2026 las sanciones financieras más amplias de su historia contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): 55 personas y entidades bloqueadas en una sola acción, incluyendo al nuevo líder de la organización, Juan Carlos González, alias “Pelón”, identificado como sucesor de “El Mencho” tras su muerte en febrero de ese año.

Tres bancos mexicanos cortados del dólar

Antes de las sanciones impuestas al CJNG este día, en junio de 2025, el Tesoro ejecutó otra acción sin precedentes. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) identificó a tres instituciones mexicanas, CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V. como de “principal preocupación de lavado de dinero” vinculada al tráfico de opioides.

Las tres entidades administraban activos combinados superiores a USD 22.000 millones: CIBanco con más de USD 7.000 millones, Intercam con más de USD 4.000 millones y Vector con cerca de USD 11.000 millones. Desde octubre de 2025, ninguna institución financiera estadounidense puede transferir fondos hacia o desde ellas.

La medida fue la primera aplicada bajo la Ley FEND Off Fentanyl. FinCEN determinó que CIBanco facilitó operaciones del Cártel Beltrán Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo. Intercam operó para el CJNG. Vector procesó transacciones del Cartel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, incluyendo pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para producir fentanilo. Entre 2013 y 2021, un enlace financiero del Cártel de Sinaloa lavó al menos USD 2 millones a través de Vector.

HSBC: USD 1.900 millones por ser el banco preferido del Cártel de Sinaloa

En diciembre de 2012, HSBC Holdings acordó el mayor acuerdo de enjuiciamiento diferido en la historia bancaria de Estados Unidos hasta ese momento: USD 1.900 millones en penalidades totales, de los cuales USD 1.256 millones correspondieron a decomiso acordado con el Departamento de Justicia.

La investigación estableció que al menos USD 881 millones en ganancias del narcotráfico fluyeron sin control por sus cuentas entre 2006 y 2010. Los dos cárteles beneficiados fueron el Cártel de Sinaloa en México y el Cartel del Norte del Valle en Colombia. Durante ese período, HSBC Bank USA no supervisó más de USD 670.000 millones en transferencias electrónicas ni USD 9.400 millones en compras de dólares físicos provenientes de su filial mexicana, HSBC México, que se había convertido en la institución preferida de las organizaciones criminales.

Un dato del expediente judicial lo resume: en 2008, funcionarios mexicanos informaron al director ejecutivo de HSBC México que un capo del narcotráfico se refería al banco como “el destino para el lavado de dinero”. La OFAC alcanzó un acuerdo adicional de USD 375 millones por violaciones a sanciones internacionales. No se presentaron cargos contra ningún individuo.

Wachovia y los USD 378.000 millones sin supervisar

En marzo de 2010, Wachovia, absorbida por Wells Fargo, acordó pagar USD 160 millones por el mayor incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario registrado hasta ese momento. El cártel directamente beneficiado fue el Cártel de Sinaloa, que utilizó una red de casas de cambio mexicanas para mover el dinero.

Entre 2004 y 2007, el banco procesó al menos USD 378.400 millones en transferencias desde esas casas de cambio sin aplicar controles antilavado. Una de las más documentadas fue Casa de Cambios Puebla. Al menos USD 110 millones correspondían a ganancias directas del narcotráfico, y parte de ese dinero se destinó a la compra de aeronaves con las que se transportaron más de 20 mil kilogramos de cocaína.

“El flagrante desprecio de Wachovia por nuestras leyes bancarias les dio a los cárteles internacionales de cocaína prácticamente carta blanca para financiar sus operaciones", declaró el fiscal federal Jeffrey Sloman al anunciar el acuerdo.

La red de testaferros y empresas de fachada del Cártel de Sinaloa

Las sanciones más persistentes no apuntan solo a los líderes, sino a la infraestructura que les permite mover dinero. En julio de 2021, la OFAC sancionó al abogado y notario público José Antonio Núñez Bedoya, quien creó empresas fantasma y notarizó bienes a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada. Los tres negocios bloqueados en esa acción fueron el parque acuático Parque Acuático Los Cascabeles, el centro comercial Centro Comercial y Habitacional Lomas, ambos en Culiacán, y el Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites, en Sinaloa. Las propietarias nominales eran Tomasa García Ríos y Mónica Janeth Verdugo García.

En acciones posteriores, la OFAC apuntó a la red financiera de Los Chapitos a través de Enrique Dann Esparragoza Rosas, quien operaba celdas de lavado en Mexicali y controlaba la empresa Tapgas México S.A. de C.V.. Al momento de su designación en 2025, su organización había lavado al menos USD 16,5 millones para clientes del Cártel de Sinaloa mediante un esquema de arbitraje cambiario en la frontera entre el condado Imperial, California, y Mexicali.

En la red de Alberto David Benguiat Jiménez, también sancionada, se identificaron seis empresas de fachada: Scatman and Hatman Corp S.A.P.I. de C.V., Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V., Grupo Zipfel de México S.A., Grupo Unter Empresarial S.A. de C.V., Productions Pipo S. de R.L. de C.V. y Grupo Vindende S.A. de C.V.

En junio de 2025, la OFAC bloqueó diez negocios controlados por un operador financiero de Los Chapitos en Mazatlán, entre ellos Beach Y Marina S.A. de C.V., Club Playa Real S.A. de C.V., Carpe Diem Spa y Sea Wa Beach Club S.A. de C.V. La esposa del operador, identificada como maquillista profesional, aparecía como propietaria nominal de varios de esos negocios.

El marco legal que lo hace posible

La autoridad para aplicar estas sanciones se construyó durante tres décadas. La OFAC opera desde 1995 bajo el poder ejecutivo de bloqueo de activos a narcotraficantes. La Ley Kingpin, aprobada en 1999, extendió esa autoridad más allá de Colombia e incluyó a líderes mexicanos entre sus primeros designados. El Cártel de Sinaloa fue designado bajo esa ley en abril de 2009; el CJNG, en abril de 2015.

En febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a seis organizaciones mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE): el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste —antes conocido como Los Zetas—, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Esa designación introdujo un mecanismo adicional: los bancos extranjeros que procesen transacciones con estas organizaciones pueden quedar sujetos a sanciones secundarias, extendiendo el alcance del sistema financiero estadounidense como instrumento de presión más allá de sus fronteras.

La acción más grande de la OFAC contra el CJNG

El 23 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejecutó la mayor acción individual de su historia contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): sancionó a 55 personas y entidades en una operación coordinada con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, el FBI, la DEA y la Administración de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). De ese total, 39 son personas físicas y 16 son personas morales.

Todos los activos de los designados en territorio estadounidense quedaron bloqueados de forma inmediata. Los ciudadanos y empresas de ese país tienen prohibido realizar cualquier transacción con ellos.

En total, la OFAC ha sancionado a más de 600 individuos y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, y a más de 250 ligadas al CJNG, bajo sus autoridades antinarcóticos.