Agua y territorio: el foco rojo en México para quienes protegen el medio ambiente

La defensa por el medio ambiente coloca a México como uno de los entornos más peligrosos para quienes se dedican al activismo. En 2025 se registró un aumento de agresiones y homicidios, en un contexto marcado por la criminalización y la falta de acceso a la justicia, mientras el Estado mantiene discursos de desprestigio y no garantiza condiciones de seguridad.

Así lo explicaron especialistas y activistas que se dedican a la defensa del medio ambiente y de quienes se dedican a esas luchas en el foro “Personas defensoras del medio ambiente: desafíos para su protección y acceso a derechos”, en el marco del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, el cual se conmemora cada 17 de julio.

El encuentro se realizó en línea y fue convocado por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).

Alicia Sánchez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó que durante 2025, se documentaron 314 agresiones específicas contra personas defensoras y al menos 10 homicidios relacionados con la protección ambiental.

Más de la mitad de estos casos tienen como responsables a autoridades o actores estatales. El incremento en los ataques alcanzó 33% respecto al año previo, lo que mantiene a México como el tercer país más riesgoso de América Latina para quienes defienden los bienes naturales y los territorios de sus comunidades.

La defensa del agua y el territorio concentra el mayor número de ataques

La protección del agua y del territorio es el principal foco de conflicto para las personas defensoras en México. Sectores como el hídrico, de biodiversidad, infraestructura y energía presentan la mayor cantidad de agresiones documentadas. Los proyectos inmobiliarios, el desarrollo de infraestructura y la expansión de industrias extractivas han generado despojo territorial, contaminación y deterioro de los recursos naturales, así lo resaltó Alicia Sánchez.

Por su parte, Raquel Flota Báez, defensora ambiental maya de la comunidad de Dziuché, Quintana Roo, e integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, señaló que en comunidades indígenas, la defensa ambiental está ligada a la preservación de la cultura, la identidad y las formas propias de organización.

El avance de megaproyectos y actividades industriales, como los desarrollos avícolas y porcícolas, ha propiciado un aumento en los riesgos de despojo y violencia. Estas actividades ocurren en escenarios donde la presencia del crimen organizado también incide en la seguridad de defensores y comunidades.

Criminalización y obstáculos para acceder a la justicia

Raquel Gutiérrez, del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) de Jalisco, quien también participó en el foro, explicó que durante 2025, al menos 107 personas defensoras enfrentaron procesos legales injustificados, lo que representa el 33.1% del total de agresiones.

La criminalización avanza tanto desde instancias estatales como por parte de empresas privadas interesadas en proyectos de desarrollo. El acoso judicial y el hostigamiento se convierten en herramientas para debilitar la labor de protección ambiental.

El acceso a la justicia y a mecanismos de protección eficaces sigue siendo limitado. Las agresiones afectan no solo a las personas defensoras, sino también a sus familias, comunidades y procesos organizativos. El sistema normativo mexicano, en ámbitos civil y penal, carece de estándares que salvaguarden el derecho a defender el medio ambiente y castigar a los responsables de los ataques.

Falta de garantías para la protección y cumplimiento de acuerdos internacionales

Organizaciones sociales y defensoras exigen que el Estado mexicano ponga fin a los discursos de desprestigio y deslegitimación promovidos desde instancias públicas, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así lo señaló en su participación Itzia Miravete, de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).

El cumplimiento de obligaciones en materia de prevención, protección e investigación requiere fortalecer el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como dotar de recursos suficientes a las instancias locales.

El desarrollo de un protocolo especializado para la investigación de delitos contra personas defensoras y la elaboración de una hoja de ruta nacional para implementar el Acuerdo de Escazú forman parte de las demandas para reducir los riesgos y garantizar la protección de quienes defienden el medio ambiente.

Finalmente, los especialistas señalaron que la conmemoración del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, establecida oficialmente en 2022, busca visibilizar la importancia de la labor de quienes protegen los recursos naturales. Las organizaciones que integran el Espacio OSC reiteran el llamado a la sociedad y a las autoridades para respaldar el trabajo de defensa ambiental y garantizar condiciones seguras para quienes ejercen este derecho.