En Punta de Mita, criminalizan a quienes defienden la última playa libre de Nayarit: “No merecemos este trato”

La tortuga laúd, la más grande del mundo, ha encontrado en playa Las Cocinas, ubicada en Punta de Mita, Nayarit, un refugio clave para depositar sus huevos y perpetuar así su especie, que se remonta a más de 100 millones de años.

Este santuario, vital para esta tortuga que mide más de 2 metros y pesa hasta 900 kg, hoy enfrenta riesgos graves a causa de proyectos inmobiliarios que amenazan con privatizar la última playa libre de Nayarit. Pero no solo las tortugas, también se encuentran en riesgo quienes luchan por protegerlas y por proteger los espacios y el territorio.

La defensa de playa Las Cocinas se ha caracterizado por un aspecto muy puntual: la criminalización a la comunidad. El estado de Nayarit interpuso órdenes de aprehensión y carpetas de investigación contra ocho habitantes que participaron en una manifestación el pasado 27 de abril de 2026 para defender la playa. Estas carpetas, aún vigentes al momento de la publicación de esta nota, los pone en riesgo, los criminaliza y viola sus derechos.

En entrevista con Infobae México, Efraín López, vocero del movimiento Batalla por la playa y uno de los ocho defensores que son perseguidos, afirmó que la situación que enfrentan ha escalado a un punto en el que, para solucionarse, se requiere la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya necesita intervenir el gobierno federal”, aseveró tras relatar cómo lo que inició con mesas de diálogo y manifestaciones pacíficas terminó con represión y violencia contra la comunidad.

Apenas este 12 de junio, casi mes y medio después de que se iniciaron estas carpetas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Nayarit emitió un comunicado en el que determinó “no proceder legalmente en contra de los activistas y ciudadanos que realizaron diversas protestas encaminadas a preservar el entorno de playa Las Cocinas”.

Que la Fiscalía haya anunciado que iniciaría el proceso para eliminar los cargos no es todavía ninguna garantía ni razón para celebrar; lo será cuando el Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región V emita el “desistimiento de la acción penal” contra los ciudadanos criminalizados, acción que aún no ha sucedido.

Pero ese no fue el único acto de criminalización. Las autoridades estatales incluso arrestaron a tres manifestantes y los volvieron “rehenes” para “negociar” e intentar frenar los movimientos por la defensa de la playa.

Efraín López relató para este medio cómo sucedieron los hechos y cómo se les criminalizó al punto de ser acusados penalmente. Narró la historia de la defensa por la playa, de sus habitantes y de sus luchas, pero, sobre todo, de su resistencia.

Caso Punta de Mita: ¿Qué es lo que defienden?

La razón por la que se encuentran en esta situación es por la exigencia que hacen: que la desarrolladora Cantiles de Mita —filial de Grupo Dine—, que busca construir dos proyectos inmobiliarios en la zona, respete los 20 metros de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFAMAT) que corresponden a playa Las Cocinas y así evitar su privatización.

De forma muy concreta, esta es la situación: Grupo Dine, que tiene muchos proyectos turísticos en la zona, construyó una escollera en la playa para “proteger” su propiedad. Sin embargo, invadieron la playa y dañaron al ecosistema.

La ZOFAMAT es una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa. Es un área que está protegida por la Ley General de Bienes Nacionales y que garantiza el acceso público a todas las playas del país, estableciendo que ninguna propiedad privada puede abarcar más de esa medida. Así quedó establecido en una reforma firmada en 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante esta protección que tienen las playas avalada por la legislación mexicana, Grupo Dine decidió construir escolleras sin respetar los límites.

“Aquí en esta área, los 20 metros de zona federal casi siempre tienen árboles que están protegidos por la ley federal. Por ejemplo, casi todo el litoral tiene manglar, manzanilla, palo de Brasil y otros árboles”, explicó Efraín López. “Pero ellos lo que hacen es prácticamente borrar todo eso y rediseñar el litoral”, acusó.

Despojo en playa Las Cocinas: Impotencia, el sentimiento generalizado

Aunque los despojos llevan 30 años, en los que pueblos enteros fueron reubicados (entre ellos, la familia de Efraín) por las empresas que se adueñaron de la tierra, este caso en particular en playa Las Cocinas inició en 2018, cuando Grupo Dine colocó una hilera de gaviones y delimitó lo que sería su propiedad.

Ese año no hubo más trabajos, pero fue el inicio del deterioro ambiental. “Con esas primeras líneas de gaviones se empezó a dañar la playa. Durante los últimos 8 años, la playa se fue deteriorando y las tortugas dejaron de venir”, relató Efraín.

En agosto de 2025, la empresa reinició la construcción y sustituyó los gaviones por rocas pétreas, invadiendo los 20 metros de zona federal. Efraín y los vecinos denunciaron el hecho, y gracias al apoyo de la periodista Susana Carreño, el caso llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Semarnat clausuró la obra. Sin embargo, lo que quizá pudo ser el final feliz de la historia, no fue así.

“Bajamos la guardia, no le dimos seguimiento”, reconoció Efraín. Creyeron que la cancelación era definitiva, pero, a principios de marzo de 2026, las máquinas volvieron y la amenaza continuó. Aquella mañana, Lalo, el sobrino de Efraín —y uno de los ocho defensores criminalizados— fue quien alertó que nuevamente habían iniciado la construcción.

¿Cómo era posible que todo el esfuerzo para cancelar la construcción hubiera sido en vano? A partir de entonces, comenzó la verdadera lucha que, hasta ahora, continúa sin una resolución justa para la comunidad de Punta de Mita.

Inicio de la criminalización por defender la playa

Así nació Batalla por la playa. Efraín se encargó de la difusión y organización comunitaria, formando un comité con apoyo de personas con experiencia en temas ambientales y legales “para que no nos chamaqueen”, bromeó. Sostuvieron mesas de diálogo con autoridades estatales, municipales y representantes de Grupo Dine, con el objetivo de manifestar su inconformidad, pero no hubo avances: “Tuvimos varias reuniones con ellos y no llegamos a ningún lugar”.

Exigieron los permisos ambientales para la obra, pero nunca los presentaron; la información de Grupo Dine, hasta el momento, no ha sido clara. Batalla por la Playa solicitó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y recibió un documento sin vigencia: “Ellos tenían una MIA, creo que de 2009, y estaban tratando de usarla en el 2026. O sea, es completamente inválida”, aseveró.

Las reuniones con la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Semarnat continuaron sin resultados: “Pronto nos dimos cuenta de que nada más nos estaban dando largas, porque mientras nosotros estábamos teniendo reuniones, la obra seguía.” Ante la falta de respuestas, la comunidad organizó un picnic de concientización y, luego, una manifestación.

Allí comenzó, de a poco, la represión policial. Durante el picnic, organizado el domingo 26 de abril, llegaron policías estatales a la zona. No hicieron nada, pero bastó su presencia; el sentimiento de miedo y desconfianza hacia las autoridades aumentó. Aquella ocasión, los integrantes se enteraron que en unas declaraciones, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero tachó al pueblo de delincuentes por defender lo que les corresponde, lo que encendió la indignación.

Al día siguiente, el lunes 27 de abril, la marcha empezó a las cinco de la mañana con una consigna clara: todo debía ser pacífico y quedar registrado. La manifestación reunió a unas 300 personas que recorrieron Punta de Mita hasta llegar a los terrenos de la desarrolladora. Ahí se llevaron una sorpresa: “Todo el predio estaba cordonado por la policía estatal, una valla de personas vestidas de negro. Unos 200 miembros de la policía estatal por todo el bordo”, relató Efraín. La tensión subió aún más cuando el pueblo, indignado por las acusaciones del día anterior y la presencia policial durante la marcha que se convocó pacífica, decidió cerrar la carretera.

Ese día fue el punto de quiebre y ocurrieron los primeros actos de represión policial contra los habitantes que se estaban manifestando y uno de ellos resultó gravemente herido. Fue en esa ocasión cuando se abrieron carpetas de investigación y se iniciaron procesos legales contra ocho de los defensores; “en menos de 24 horas” ya tenían ocho órdenes de aprehensión, denunció Efraín. Así comenzó una nueva etapa en la lucha por playa Las Cocinas, marcada por la presión judicial y la vigilancia constante sobre quienes encabezan la defensa del territorio.

Gobierno de Nayarit “secuestra” a manifestantes

Después de esos hechos, Efraín constató que el gobernador Miguel Ángel Quintero Navarro respalda a los inversionistas por encima de la comunidad. El último intento de “negociación” incluyó una de las violaciones más graves a los derechos humanos que han vivido: durante una protesta, tres defensores fueron arrestados en zona federal por la policía estatal, una detención ilegal que provocó un segundo cierre de la carretera. Hasta que las autoridades convocaron a los miembros del comité a una negociación en Tepic para liberar a los detenidos.

“Todos tuvieron miedo a ir con el presidente municipal y con el gobernador”. Solo fue Efraín, acompañado por un licenciado, el juez local y otros miembros de la comunidad. Las autoridades estatales les ofrecieron 5 de los 20 metros de ZOFAMAT, y con esa oferta en puerta, el gobernador dejó libres a los rehenes; Efraín aseguró consultarlo con la comunidad, aunque sabía que no podría aceptar un trato así.

“Lo que hicieron fue que agarraron prisioneros a nuestros compañeros y luego ya se vieron como los héroes dejándolos salir”. Al día siguiente, el gobernador les realizó una última oferta: la compañía había ofrecido 10 metros.

Así terminó definitivamente el diálogo, con arrestos injustificados, secuestros y lo que días después descubrirían: órdenes de aprehensión y carpetas de investigación. “De ahí para adelante se terminaron las mesas de diálogo. Ya no quisimos más mesas de diálogo”, reiteró Efraín.

Carpetas de investigación y órdenes de arresto: delitos fabricados

Dos semanas después de las protestas, la comunidad descubrió la magnitud de la persecución legal: “Nos dimos cuenta que había cuatro personas del comité que teníamos carpetas de investigación”. El presidente municipal ya lo había advertido durante el primer plantón: “‘Nada más para que sepan, algunos de ustedes tienen carpetas de investigación. Pero yo me voy a encargar de que se deshagan de ellas’”. Lejos de tranquilizar, ese comentario evidenció el clima de represión y vigilancia sobre los defensores.

Optaron por mantener silencio y resguardarse hasta obtener un amparo judicial: “Ya una vez que nos llegó nuestro amparo, entonces ya empezamos a hablar un poquito al respecto, pero de todas maneras anduvimos con mucha cautela y con mucho miedo”. La criminalización se extendió así a la primera línea de defensores de playa Las Cocinas, marcando un punto crítico en la lucha de la comunidad.

Los cargos imputados a los defensores

Los integrantes del comité y otros habitantes enfrentan los mismos cargos. “Los delitos son los mismos para todos. Son amenazas, daños a la propiedad, apología del delito y asociación delictuosa”. López detalla que la acusación de amenazas surgió a raíz de un grito espontáneo durante una protesta: “Las amenazas fueron cuando pasó un chavo que gritó: ‘Ya quemen las máquinas’”, cuando se desarrollaba la primera movilización. Fue un grito de apoyo y de respaldo, pero las autoridades decidieron volverlo un crimen.

El cargo de daños a la propiedad, por su parte, se refiere a un incidente menor: “Cuando otro chavo rasgó una malla sombra verde con la que estaban encubriendo la maquinaria” de la desarrolladora. Fue otro acto de respaldo de un habitante hacia quienes deciden enfrentarse con gigantes empresariales para exigir sus derechos. No obstante, a pesar de haber sido un hecho aislado, producto de una inconformidad legítima, fue motivo de delito para la Fiscalía del Estado.

La imputación de asociación delictuosa está relacionada con la organización social y la convocatoria al movimiento: “Es porque nosotros en los videos hicimos un llamado a la población a que se sumaran con nosotros, a que salieran a protestar, a que vinieran a apoyar el movimiento”, relató.

Para Efraín López, se trata de cargos fabricados, “casi que inventados”. Cuestiona que, mientras se acusa a la comunidad por daños mínimos, los verdaderos daños a la zona costera y al patrimonio colectivo quedan impunes: “Destrozar esos veinte metros de esa franja costera ahí y hacer ese enrocamiento, esa escollera. Ese es un daño a la propiedad del pueblo y nadie los hace responsables. Pero a nosotros, por una malla sombra, nos quieren llevar a la cárcel”. La incertidumbre persiste, ya que los cargos aún no han sido formalmente retirados.

Frente a estas amenazas, lo único que les dio cierta tranquilidad, fueron los cuatro amparos que lograron obtener, antes de saber que en total eran ocho los acusados. Sin embargo, no son suficientes para dejar de temer por sus vidas. “Nos escondimos hasta que nos sacaran un amparo. El amparo salió como a los tres días y ya con el amparo estuvimos más tranquilos, aunque tanto.” A pesar de la protección legal, el temor persiste.

López señala que, aunque cuentan con amparos, la desconfianza hacia las autoridades estatales es constante. “Hasta este momento no andamos muy a la ligera en la calle”, además, porque de momento no tienen ninguna garantía de que esas órdenes hayan desaparecido. “Hasta que no veamos un papel que acredite que no hay carpetas de investigación y que no hay órdenes de aprehensión, entonces ya vamos a estar más tranquilos”, aseveró. Mientras tanto, el miedo sigue presente.

Para Efraín López y los defensores de playa Las Cocinas, la lucha trasciende lo político y se convierte en una causa colectiva, pues la criminalización de quienes protegen el medio ambiente y los espacios públicos resulta sumamente preocupante. “Es muy alarmante que se criminalice a personas que son defensores del medio ambiente, que son defensores de los espacios públicos, a las personas que estamos dando la voz y somos pacíficos”.

López subrayó que la demanda es legítima y nace del arraigo y la necesidad: “No queremos problemas con nadie, nada más queremos que se nos respete nuestro entorno, aquí la mayoría de las personas todavía son pescadores y todavía viven del mar”.

La situación, reconoce, es dolorosa y genera temor para todos los que, junto con él, están poniendo su granito de arena (y más que eso) para defender lo que por derecho constitucional les corresponde.