Violencia vicaria: exdirector de Pemex es investigado por este delito, así se tipifica en Morelos

Violencia vicaria es uno de los cargos imputados al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, a quien la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) también lo acusa de violencia familiar y este día, 8 de julio, una jueza de control determinó que se quedará en prisión preventiva durante el proceso, tras la denuncia de su esposa, María Felicia Jiménez Lavié.

Violencia de exfuncionario cercano a Sheinbaum quedó grabada en video

La denuncia de la víctima fue dada a conocer el pasado 26 de junio a través de su canal en YouTube, donde compartió un video acompañado de un mensaje que exponía al exfuncionario que fue cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde aseguró que “la defensa a las mujeres y su igualdad” solo se quedó en el discurso oficialista.

“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia”, acusó Jiménez Levié.

En el video se puede ver como las agresiones en contra de la mujer comienzan frente al hijo del matrimonio, un niño menor de edad, quien corre hacia las escaleras una vez que la violencia escala.

La grabación exhibida por la doctora en Ingeniería Física Nuclear data del 3 de marzo de este año, sin embargo, las agresiones comenzaron en 2022; en entrevistas que otorgó a distintos medios de comunicación, comentó que también había violencia económica y psicológica.

El hijo del matrimonio presenciaba la violencia ejercida en contra de su madre

Las múltiples agresiones habrían sido en presencia de su hijo, quien debido a esto, su desarrollo y convivencia con otras infancias se vio afectado, al grado de replicar patrones de comportamiento en su entorno familiar y social.

Al respecto, desde la mañana de este miércoles el fiscal del estado de Morelos, Fernando Blúmenkron Escobar, dio a conocer que el segundo cargo que se le imputaría al acusado sería “violencia vicaria”, la cual hace referencia al uso de los hijos por parte del padre para ejercer violencia en contra de la madre.

Este delito se encuentra tipificado en el Capítulo IV, “De la Violencia Vicaria”, donde el Artículo 213 Octies la define como:

“Comete el delito de violencia vicaria quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho o de cualquier otro tipo con la mujer y que por sí o por interpósita persona, con la intención de causarle algún tipo de daño o sufrimiento propicie la separación de la madre con sus hijas e hijos, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia con el propósito de dominar, someter, manipular, controlar o agredir de manera física, verbal psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres e incluso provocar el suicidio, feminicidio u homicidio de las madres de sus hijas e hijos”.

La disposición identifica que la violencia familiar contra la mujer, así como las amenazas de no volver a los hijos o en su caso, la manipulación o alienación parental, son comportamientos que se traducen en el ejercicio de violencia vicaria.

Estas son las penas en prisión que podría enfrentar exdirector de Pemex

En este estado, las personas acusadas por este delito pueden llegar a pasar de dos a seis años de prisión, aunque prevé las siguientes variantes:

• Las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo si se incurre en daño físico a las hijas o hijos de la víctima.
• Si la retención o sustracción se realiza en contra de una persona menor de doce años de edad, las penas previstas en el presente artículo se incrementarán hasta en una mitad.
• Si el agresor devuelve a los menores a la madre en cualquier parte del proceso, la pena se podrá reducir de uno a cuatro años de prisión.

El Código estatal también estipula sanciones a las y los servidores públicos que retrasen o entorpezcan las investigaciones, quienes podrían alcanzar de tres a ocho años de prisión y una multa de mil quinientos días.