¿Qué ha pasado con el caso Nancy Nápoles?: la alcaldesa de Tenancingo que habría fingido su secuestro para ocultar un desfalco millonario

Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, fue imputada este 9 de julio por el delito de simulación de secuestro ante un juez con sede en ese municipio, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) estableciera que el presunto plagio del que dijo ser víctima el pasado 31 de mayo habría sido planeado por ella misma.

Las investigaciones presumieron con anterioridad que el objetivo del supuesto crimen era justificar un faltante de 40 millones de pesos en las arcas del Ayuntamiento de Tenancingo, del que Nápoles es titular tras ser elegida como candidata de Morena.

El 2 de junio, luego de que medios locales reportaran el rapto y sin que hasta ese momento se supiera el presunto crimen, Nápoles transmitió en vivo desde su cuenta de Facebook. Sin confirmar ni desmentir el secuestro, dijo que le había “tocado vivir una situación difícil”, descalificó a los medios que reportaron el caso como páginas que “distorsionan y malinforman” y agradeció el apoyo de su esposo José Roberto, quien según la FGJEM habría sido uno de los organizadores del montaje desde febrero de 2026.

Audiencia contra Nápoles se celebró este 9 de julio

La audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa fue realizada en los Juzgados Penales de Tenancingo a las 10:00 horas y, al corte de esta nota, continuaba en desarrollo, por lo que no se conocen datos fuera de la imputación por simulación de secuestro.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación como Uno Tv, la defensa de Nápoles pidió que la sesión se celebrara sin público, bajo el argumento de que la carpeta de investigación incluía información que podría comprometer la captura de personas que aún se encontraban prófugas. La Fiscalía no se habría opuesto a la solicitud, por lo que el juez ordenó el desalojo de la sala. Periodistas y asistentes tuvieron que retirarse antes de que comenzara la exposición de los cargos.

Afuera, habitantes de Tenancingo se congregaron con mantas que decían “Exigimos tu renuncia inmediata”, “¡Fuera Nancy Nápoles!” y “Tenancingo exige justicia y verdad”.

“Estamos aquí exigiendo justicia para que Tenancingo tenga voz, para que vean que Tenancingo no está solo”, declaró uno de los manifestantes, en un video publicado por El Sol de Toluca.

Esta fecha había sido marcada desde el pasado 17 de junio por la FGJEM, cuando reveló el delito del que sería acusada, simulación de secuestro.

La FGJEM estableció que el presunto secuestro del 31 de mayo fue planeado desde febrero

Según el comunicado 0598/2026 de la FGJEM, publicado el 17 de junio, desde febrero de 2026 dos sujetos identificados como José Roberto “N” y Óscar “N” —esposo y cuñado de la alcaldesa, respectivamente— comenzaron a planear un falso secuestro de la edil en el que exigirían el pago de un rescate de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

Según la información oficial, uno de los partícipes, detenido en Oaxaca antes de ser revelado el caso, declaró en sede ministerial que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

La investigación determinó que en la planeación y ejecución también habría participado la propia Nápoles, quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos generado en su propia administración.

La FGJEM informó que el 31 de mayo, Nápoles abordó un vehículo marca Volkswagen Virtus, color rojo, conducido por Karla Valeria “N”. Las imágenes de videovigilancia analizadas por la Fiscalía no mostraron actos de violencia ni sometimiento; por el contrario, uno de los probables intervinientes la auxilió para que descendiera de su vehículo y abordara el Virtus.

Durante el trayecto, la propia Nápoles presuntamente habría indicado a sus acompañantes la ruta a seguir para evadir las cámaras de videovigilancia.

El plan habría sido interrumpido por testigos de los hechos que solicitaron el auxilio de la policía municipal, cuyo director alertó a diversas corporaciones.

Cuando los acusados notaron el paso de unidades policiales con sirenas activadas, la alcaldesa presuntamente les expresó “todo se salió de control” y les pidió que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, en Tenancingo, desde donde argumentó haber escapado de sus supuestos captores.

El caso se reveló en dos tiempos: primero las detenciones, después el vínculo con la alcaldesa

El 16 de junio, Infobae México reportó la captura de tres personas en un hotel del centro histórico de Oaxaca de Juárez, acusadas de extorsionar a un ayuntamiento mexiquense con 40 millones de pesos. En ese momento las autoridades no revelaron el nombre del municipio ni el vínculo con una funcionaria electa.

Al día siguiente, la FGJEM publicó el comunicado que expuso el caso completo: el presunto secuestro fue simulado, Nápoles habría participado en la planeación y se ejercitó acción penal contra seis personas.

La Fiscalía identificó a los detenidos en Oaxaca como Karla Valeria “N”y Víctor Manuel “N”—hermana y hermano— y Cristian “N”. Fueron capturados tras un operativo conjunto de la FGJEM y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La pista que los ubicó fue el teléfono celular que le entregaron a Nápoles durante los hechos para que realizara las llamadas exigiendo el rescate: el dispositivo presentó desplazamiento hacia el interior de la república.

El 22 de junio, un juez con sede en Tenancingo determinó la vinculación a proceso de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” con medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Cristian “N” no fue vinculado a proceso en esa audiencia.

El esposo de la alcaldesa, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”, fueron considerados prófugos de la justicia; la FGJEM contaba con mandamiento de captura vigente en su contra.

Nápoles denunció a periodistas cinco días antes del presunto secuestro simulado

El 26 de mayo de 2026, cinco días antes del presunto secuestro, Nápoles presentó una denuncia por violencia digital contra cuatro comunicadores del espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vásquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez.

La denuncia quedó registrada en la carpeta 275/2026 y fue presentada por Nápoles en calidad de ciudadana, no como servidora pública, según reveló la agrupación 100 Periodistas por el Estado de México.

La alcaldesa solicitó una reparación del daño de 125 mil pesos por cada uno de los involucrados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género con sede en Metepec.

Los cuatro periodistas recibieron citatorios para comparecer ante el Ministerio Público. La agrupación señaló que las críticas que motivaron la denuncia abarcaron deficiencias en servicios públicos, nepotismo, sueldos y costos de obras, todos respaldados en investigación periodística y solicitudes de información.

Morena abrió un proceso interno y Nápoles acusó motivaciones políticas

El 18 de junio, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) el inicio de un procedimiento sancionador ordinario contra la alcaldesa.

La CNHJ sesionó ese mismo día y determinó abrir el proceso, además de analizar la aplicación de medidas cautelares relacionadas con la suspensión de sus derechos partidarios. El partido argumentó que la medida derivaba de conductas que presuntamente contravenían sus principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Nápoles negó haber participado en la organización del presunto secuestro y acusó motivaciones políticas detrás de las acusaciones. Sostuvo que la información proporcionada por las autoridades había sido manipulada y que se buscaba desacreditarla como persona, mujer y servidora pública.

Rechazó además que existiera un faltante de 40 millones de pesos y pidió la intervención del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para revisar las cuentas del municipio.

El caso también fue turnado por la FGJEM a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al OSFEM por la presunta afectación al erario.