Sanciona Gobierno a más de 30 servidores públicos y 3 empresas por corrupción en dependencias federales de México

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 35 servidores públicos y 3 empresas con inhabilitaciones de hasta 10 años y una de 15 años en el caso más grave, más multas que superan los 67 millones de pesos por irregularidades detectadas en dependencias federales, según información compartida por la misma dependencia.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las sanciones por faltas graves, mientras que la propia Secretaría resolvió las no graves, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). Las resoluciones se dictaron considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de cada falta.

Pemex e IMSS: aeronaves sin contrato y un paciente sin información

En Petróleos Mexicanos (Pemex), cuatro funcionarios de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica recibieron inhabilitaciones de 10 años. Wenceslao C. acumuló dos inhabilitaciones por ese plazo; Erika S. fue destituida e inhabilitada por el mismo periodo, y ambos enfrentan una sanción económica solidaria de 12.1 millones de pesos por omitir formalizar el contrato para la operación y resguardo de aeronaves de la empresa y por validar pagos de servicios no recibidos entre 2017 y 2018.

Arturo V. y José M., también de esa subdirección, recibieron inhabilitación por 10 años, destitución y una multa solidaria de 1.6 millones de pesos por los mismos hechos.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Filiberto G., adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco, fue inhabilitado por 15 años por omitir informar a un paciente sobre los riesgos inherentes a un procedimiento quirúrgico en 2017. Es la inhabilitación más extensa de todo el operativo.

AliBien concentra las multas más altas del operativo

Tres casos vinculados a la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana —dependiente de Alimentación para el Bienestar (AliBien)— concentran 53.7 millones de pesos del total de sanciones económicas.

En el primero, René G., Manuel L. y Carlos V. fueron inhabilitados por 10 años, y la empresa B recibió una inhabilitación de seis años más una multa solidaria de 6.9 millones de pesos, por autorizar el pago de 13 mil 217 cajas de fruta deshidratada sin evidencia de entrega en 2019.

En el segundo caso, los mismos tres funcionarios acumularon otras dos inhabilitaciones de 10 años. Las empresas T e I fueron inhabilitadas por ocho años cada una. Las sanciones económicas solidarias entre servidores públicos y particulares suman 28.5 millones de pesos por pagar 50 mil latas de sardina sin evidencia de que los productos fueran entregados, también en 2019.

El tercer caso involucra a Concepción E., Juan S. y René G., inhabilitados por 10 años y sujetos a una multa solidaria de 18.3 millones de pesos por usar contratos de distribución de leche para transportar libros de texto gratuito y tarimas en 2020, en lugar de cumplir el objeto para el que fueron suscritos.

Las multas económicas por corrupción en dependencias federales alcanzan cifras históricas, reflejando la magnitud del operativo.

ISSSTE y Sepomex: obra no ejecutada y nepotismo

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), René P., de las Oficinas de Conservación y Mantenimiento de San Fernando en la Ciudad de México, fue suspendido por 30 días por firmar y aprobar estimaciones de obra sin contar con autorización legal, lo que derivó en pagos por obra no ejecutada en la Clínica Hospital de Puerto Vallarta por un total de 4 millones de pesos, incluidos intereses, en 2018.

También, Myriam L., de la Dirección de Comunicación Social de las oficinas centrales del ISSSTE, recibió una inhabilitación de tres meses por intervenir en la contratación de su hijo para el puesto de Apoyo Administrativo en Salud A-1 en la misma área donde ella laboraba, y luego gestionar el cambio de plaza del mismo, en 2018 y 2022.

En el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Fidel S., de la Gerencia Estatal Nayarit, fue suspendido por 30 días por autorizar un bono a una servidora pública con quien tenía una relación de parentesco en 2022.

Ocho dependencias más, sancionadas por faltas no graves

La Secretaría Anticorrupción impuso directamente sanciones por conductas no graves en ocho instituciones. En Pemex, Juan V. fue destituido e inhabilitado por seis meses por incumplir funciones de enlace con las fuerzas armadas y proporcionar información incompleta entre 2023 y 2025. Juan G. y Armando C. recibieron suspensiones de 15 días cada uno: el primero por distribuir de forma discriminatoria actividades laborales en la Refinería de Dos Bocas, el segundo por no usar equipo de protección y transportar a una persona ajena a Pemex en un vehículo oficial.

En la Guardia Nacional (GN), ocho elementos de la Jefatura General de Coordinación Policial fueron suspendidos 30 días por presentar constancias de estudios sin validez en evaluaciones de permanencia y portación de armas de fuego en 2024.

En la Secretaría de Salud, Moisés S. fue suspendido 30 días por acoso sexual contra una prestadora de servicios en 2024. En la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Alejandra C. recibió una suspensión de 15 días por faltas de respeto a alumnos durante clases en 2023 y 2026.

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las sanciones van desde tres días de suspensión por faltas de respeto entre compañeros, hasta amonestaciones públicas por usar el lugar de trabajo para fines ajenos a las funciones. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Mayra C. recibió una amonestación pública por omitir atender una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en 2023.

En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), José L. y Arturo D. fueron amonestados en privado por filtrar información confidencial al atender una solicitud de transparencia en 2024. En el IMSS, Adalberto V. recibió una amonestación pública por faltas de respeto a una compañera en Guanajuato en 2022.

Resoluciones firmes y canal de denuncias abierto

La Secretaría advirtió que los sancionados tienen derecho a impugnar las resoluciones, y que la dependencia defenderá los fallos “con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia”, según el comunicado oficial.