Buen Gobierno informa que se cumplió una orden de aprehensión contra un trabajador del SAT por presunto enriquecimiento ilícito

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este 28 de junio que se cumplió una orden de aprehensión contra Héctor “N”, ex servidor público del SAT que ocupó un cargo entre 2011 y 2018, de acuerdo con un comunicado y en referencia a lo difundido por la FGR.

Según la dependencia, el SAT presentó en noviembre de 2022 una denuncia de hechos ante la FGR contra el ex trabajador por el delito de enriquecimiento ilícito, tras detectar irregularidades durante un procedimiento de verificación de situación patrimonial.

Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que la carpeta de investigación sigue en curso en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, y subrayó que se presume la inocencia de la persona señalada mientras no exista sentencia condenatoria de una autoridad judicial competente.

Además, la Secretaría reafirmó su compromiso contra la corrupción al concluir que “nadie podrá obtener, manejar ni beneficiarse de recursos ilícitos y que cualquier conducta indebida será investigada y sancionada conforme a la ley.”

FGR aprehende a un ex funcionario del SAT por posible enriquecimiento ilícito

La FGR informó la aprehensión de Héctor “N”, ex funcionario del SAT entre 2011 y 2018, por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito; el caso se originó en una denuncia presentada en noviembre de 2022 y la investigación sigue abierta en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC).

De acuerdo con la información del Gabinete de Seguridad compartida el pasado 13 de junio, la captura se realizó en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa, Veracruz. De acuerdo con la FGR, el operativo se ejecutó después de vigilancias fijas y móviles en distintos días y horarios para confirmar su presencia en ese lugar.

La investigación se desprende de una denuncia presentada en noviembre de 2022

Según la FGR, elementos de la Agencia de Investigación Criminal desarrollaron técnicas de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y trabajos de inteligencia que permitieron cumplimentar la orden de aprehensión. La dependencia añadió que el Ministerio Público Federal adscrito a la FEMCC solicitó y obtuvo el mandamiento judicial con base en los datos de prueba reunidos.

La acusación sostiene que Héctor “N” posiblemente incrementó su patrimonio sin justificación. La FGR también indicó que probablemente habría recibido un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.

Ese es el señalamiento central del caso: la autoridad federal lo buscó por su presunta participación en hechos que, a partir de la indagatoria patrimonial, podrían constituir enriquecimiento ilícito. La carpeta de investigación permanece en curso en la fiscalía especializada.

La FGR señaló que el arresto se llevó a cabo con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad. Después de su aseguramiento, la persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente.

Durante la aprehensión, agregó la fiscalía, se le leyó la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención. La dependencia sostuvo que en el procedimiento se garantizó el debido proceso y el respeto a sus derechos humanos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a 39 servidores públicos por faltas graves y no graves

Anticorrupción y Buen Gobierno informó el pasado 14 de junio que sancionó a 39 personas servidoras públicas por faltas graves y no graves en dependencias federales, con castigos que incluyen amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones de hasta 20 años y una multa solidaria de 1 mil 192 millones 500 mil pesos; en los casos graves, las resoluciones las impuso el TFJA, y en los no graves actuó la propia dependencia con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La sanción económica más alta recae en cuatro exfuncionarios de CFE por la contratación, en 2017, de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico. Además de la multa solidaria, tres de ellos fueron inhabilitados por 20 años y uno por 10.

En el SAT, Rubén D., adscrito a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”, fue suspendido 90 días por la emisión fuera de plazo de un crédito fiscal por 205 millones de pesos por ISR, IVA, recargos y multas en 2018.