Organizaciones civiles piden al gobierno de la CDMX frenar el uso excesivo de fuerza con las familias buscadoras

Colectivos de familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos exigieron al Gobierno de la Ciudad de México investigar, deslindar responsabilidades y garantizar el derecho a la protesta, tras las agresiones que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cometieron contra manifestantes el pasado 30 de junio de 2026 en Calzada Tlalpan.

El comunicado en conjunto, firmado por organizaciones entre las que figura DATA Cívica, presenta cinco demandas concretas y advierte que los hechos no son un incidente aislado, sino parte de un patrón documentado durante las movilizaciones en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cinco exigencias concretas al Gobierno capitalino

La primera demanda es garantizar de forma plena los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica de las familias buscadoras y las organizaciones que las acompañan en las acciones restantes del Mundial.

La segunda exige que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste en todo momento a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, bajo esquemas de supervisión estrictos.

La tercera demanda una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de las agresiones del 30 de junio, con deslinde de responsabilidades administrativas y penales, y garantías efectivas de no repetición.

La cuarta exige una aclaración formal sobre por qué los elementos policiales se presentaron con el rostro encubierto, sin identificadores y sin presentarse ante los manifestantes. Los colectivos señalaron que esta pregunta permanece sin respuesta por parte del Gobierno capitalino.

La quinta y última exige privilegiar el diálogo frontal con las familias y la sociedad civil, adoptando mecanismos de atención y protección por encima de cualquier directriz policial.

Lo que ocurrió el 30 de junio en Calzada Tlalpan

La jornada se denominaba “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido” y contemplaba pegar fichas de búsqueda, colocar lonas con nombres de personas no localizadas y disputar una cascarita de fútbol frente al Estadio Ciudad de México, donde México enfrentaba a Ecuador.

Según los colectivos, alrededor de 80 elementos de la SSC-CDMX llegaron al lugar en motocicletas sin balizado y con placas de circulación particulares, circulando en sentido contrario a la vialidad.

El operativo derivó en el encapsulamiento del contingente, agresiones físicas y la detención de al menos una persona solidaria, a quien un elemento sujetó del cuello para someterla.

Las disculpas oficiales no cerraron el caso

Esa misma noche, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, difundieron un video en los canales oficiales de la SSC en el que ofrecieron disculpas públicas e instruyeron una investigación interna a cargo de las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos.

Vázquez Camacho reconoció que la línea de contención “generó algunas fricciones” con los manifestantes, aunque sostuvo que en ningún momento existió una consigna para limitar la libertad de expresión del contingente.

Los colectivos tomaron nota de las disculpas, pero las rechazaron como respuesta suficiente. Advirtieron que los hechos del 30 de junio se inscriben en “un patrón inaceptable de hostigamiento, restricción a la protesta y uso desproporcionado de la fuerza registrado a lo largo de las movilizaciones del Mundial”.

Amnistía Internacional México se sumó a las condenas y advirtió que responder a las exigencias de las familias con “acciones de contención o represión” profundiza la revictimización y envía un mensaje inadmisible de intolerancia. La organización llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a documentar y dar seguimiento a las posibles violaciones ocurridas.

El Congreso capitalino exigió transparencia

La jornada tuvo eco en el Congreso de la Ciudad de México, cuyo pleno guardó un minuto de silencio al inicio de la Comisión Permanente del 1 de julio.

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron al Gobierno capitalino informar “con total transparencia” sobre lo ocurrido y revisar los protocolos de atención de eventos masivos.

El contexto: más de 132 mil personas desaparecidas en México

Las familias que se manifestaron el 30 de junio forman parte de los colectivos que buscan a sus seres queridos en el marco de una crisis de desapariciones de alcance nacional.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el acumulado histórico registra 132 mil 534 personas desaparecidas en el país, cifra presentada por el Gobierno de México en marzo de 2026. Los colectivos manejan una cifra superior a 135 mil, que incluye registros en distintas etapas de actualización.

La coincidencia del Mundial con una plataforma de visibilidad internacional llevó a los colectivos a diseñar acciones simbólicas para llevar sus demandas a la atención de medios y aficionados concentrados en la capital.