
El embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson celebró la declaración de culpabilidad contra Chandler Britain Bradford, un hombre de Texas de 37 años que traficó piezas para fabricar armas destinadas a México, porque el caso exhibió una ruta de abastecimiento que habría permitido ensamblar cerca de 5,700 rifles semiautomáticos y mover más de USD 3.5 millones en una operación vinculada con la delincuencia organizada.
En un mensaje publicado en X, Johnson sostuvo que el fallo mostró por qué las autoridades debían desmantelar redes completas, seguir el rastro de las armas, del dinero y de quienes facilitaban esas operaciones. Añadió que trabajaban con socios y colegas mexicanos para frenar el tráfico ilegal de armamento y evitar que ese arsenal alimentara más crímenes.
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El veredicto fue emitido el lunes por un jurado federal del Distrito Oeste de Texas, al cierre de un juicio de una semana. Bradford quedó expuesto a una pena de hasta 20 años de prisión federal.
El esquema incluyó piezas, herramientas y asesoría técnica

La acusación estableció que Bradford participó en una trama para abastecer sin licencia a un ciudadano mexicano radicado en la zona de Monterrey, Nuevo León, con piezas de armas enviadas desde Estados Unidos hacia México. El esquema no se limitó al traslado de componentes.
De acuerdo con las pruebas judiciales, el acusado también proporcionó herramientas y conocimientos técnicos para montar una operación completa de fabricación de armas en el norte del país. Las autoridades incautaron cajas con piezas y documentaron el uso de una unidad de almacenamiento como depósito de los componentes.
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A cambio de ese suministro, Bradford recibió más de USD 3.5 millones de su contacto en Monterrey. El jurado lo declaró culpable de siete cargos en total.
Los delitos incluyeron un cargo de conspiración para el contrabando de mercancías desde Estados Unidos, un cargo de conspiración para transferir armas de fuego destinadas a la comisión de un delito grave, cuatro cargos de complicidad en el contrabando de mercancías desde Estados Unidos y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Ese bloque de cargos respondió a la pregunta central del caso: qué hizo Bradford y por qué el fallo fue considerado de alto peso por las autoridades. El jurado concluyó que no solo movió piezas, sino que ayudó a establecer la capacidad para fabricar miles de armas en territorio mexicano.
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Fiscales señalaron a los cárteles como destino final de las armas
El titular de la fiscalía federal Justin R. Simmons afirmó que a Bradford solo le importaba el dinero que obtenía de la actividad delictiva y no las vidas estadounidenses que podrían verse afectadas. También sostuvo que los cárteles de la droga usaban esas armas para asegurar territorio y rutas para introducir estupefacientes en Estados Unidos.
Michael Weddel, agente especial a cargo de la ATF en Houston, señaló que el acusado proporcionó medios y conocimientos técnicos para facilitar la fabricación ilegal de miles de armas de fuego dirigidas a un mercado criminal en México. Añadió que la agencia seguiría trabajando con socios federales, locales e internacionales para desmantelar a quienes se beneficiaban de ese tipo de operaciones.
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La investigación estuvo a cargo de la ATF con apoyo de la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio y de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El caso fue presentado como parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una iniciativa creada mediante la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”.
Ese esquema institucional reunió a varias agencias del gobierno federal con el objetivo de desarticular redes de apoyo a los cárteles mexicanos. Los fiscales federales adjuntos Brian Nowinski y Ryan Groomer quedaron a cargo de la acusación.
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El expediente incluyó condenas previas y dos prófugos
El caso no se limitó a Bradford. En enero de 2025, Jose Francisco Garcia-Cervantes y Ricardo Rodriguez-Sotelo fueron condenados a prisión federal, mientras que Troy Vernon Erbe y Jesus Guzman-Delgado se declararon culpables.
Dos coacusados permanecieron prófugos: Julio Gomez-Mendoza y Octavio Quiroga-Treviño. La ATF solicitó información sobre su paradero a través de su línea de denuncias y de un correo electrónico habilitado para recibir pistas.
La sentencia contra Bradford quedó en manos de un juez de distrito federal, que debía evaluarla conforme a las directrices federales para la imposición de penas y otros factores legales.

• Chandler Britain Bradford fue declarado culpable por traficar piezas para fabricar cerca de 5,700 rifles semiautomáticos en México y por conspiración para lavar más de USD 3.5 millones.
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• El acusado abasteció a un contacto en Monterrey con componentes, herramientas y asesoría técnica para instalar una operación de fabricación de armas en el norte de México.
• El embajador Ronald Johnson celebró el fallo y afirmó que Estados Unidos y México mantenían el compromiso de frenar el tráfico ilegal de armas hacia la delincuencia organizada.
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