Acusan “crisis” en 81% de los organismos anticorrupción de México por recorte presupuestal y designaciones incompletas

La primera década del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) concluye con una crisis institucional que afecta al 81.81% de los organismos encargados de combatir la corrupción en México, según el monitoreo trimestral de la organización Mexiro A.C. correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2025.

El reporte señala que la mayoría de las instituciones y órganos colegiados responsables de prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción operan con designaciones incompletas, resultado directo de omisiones legislativas y recortes presupuestales.

De acuerdo con Mexiro A.C., esta situación deriva de una omisión sistemática del Senado de la República y los Congresos estatales, que no han integrado los órganos del SNA ni de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).

“Lejos de fungir como contrapeso democrático, el Poder Legislativo ha debilitado de manera sostenida la arquitectura institucional diseñada para hacer frente a la corrupción”, indica el informe.

El periodo de crisis se profundizó el 28 de enero de 2026, cuando concluyó la gestión de la Dra. Vania Pérez Morales como presidenta del SNA y como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Tras su salida, el CPC Nacional quedó con solo dos integrantes de los cinco que exige la ley, situación que compromete la representación ciudadana y la capacidad del sistema para articular propuestas y coordinar acciones.

El colectivo recordó que durante la conferencia matutina del 14 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que el SNA no opera a plenitud y planteó la necesidad de revisarlo.

En este sentido, el diputado Ramírez Cuéllar inició trabajos legislativos para abordar el tema, aunque Mexiro A.C. subraya que cualquier revisión debe iniciar por resolver la crisis de designaciones.

Entre los hallazgos principales del monitoreo, Mexiro A.C. destaca que 19 de las 33 Comisiones de Selección permanecen incompletas, lo que equivale al 57.57% de los sistemas.

Mientras que en estados como Campeche, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y el propio SNA no hay ningún integrante designado.

La organización puntualizó que en el caso de Tabasco, una reforma publicada el 17 de diciembre de 2025 eliminó la Comisión de Selección y transfirió sus funciones al Congreso local.

La falta de designaciones en estas comisiones impacta directamente la operación de los Comités de Participación Ciudadana. Al cierre del trimestre, el 51.51% de los CPC —17 de 33— están incompletos, lo que significa que poco más de la mitad del país carece de representación ciudadana en materia de anticorrupción.

En Campeche, Durango y Tabasco hay cuatro vacantes en los CPC; en Nayarit, Tamaulipas y el SNA, tres; y en Coahuila y Tlaxcala, una. Y estados como Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Veracruz no cuentan con ningún comisionado.

El informe subraya casos como el de Tabasco, donde desde junio de 2025 el cargo de las personas integrantes del CPC es honorífico, por lo que no reciben retribución económica.

Acusó que el Senado no ha cumplido con su obligación constitucional de integrar la Comisión de Selección nacional, lo que impide las designaciones en el CPC Nacional.

Mencionó que a esto se suma que la expresidenta Vania Pérez confirmó que el Órgano de Gobierno del SNA decidió no renovar el contrato de los dos únicos integrantes restantes del CPC, bajo el argumento de que no existe quórum legal, lo que deja sin validez jurídica las decisiones de ese órgano.

Las Secretarías Ejecutivas también enfrentan vacantes: 13 de estos órganos técnicos carecen de titular, lo que representa el 39.39%. En Baja California, Campeche, Chiapas, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y el SNA hay personas suplentes o encargadas de despacho, mientras que en Ciudad de México y Oaxaca no existe ningún tipo de representación. En Tabasco, la figura fue eliminada en junio de 2025.

En relación a las Comisiones Ejecutivas, 21 de 33 sistemas —63.63%— se encuentran inoperantes por falta de integrantes suficientes. Estados como Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el SNA no cumplen con el mínimo requerido.

Respecto a las Fiscalías Especializadas en el Combate a la Corrupción, el monitoreo indica que solo tres estados —Guerrero, Nayarit y Tamaulipas— no cuentan con fiscal titular, aunque Guerrero tiene una encargada de despacho.

La autonomía y transparencia también se han visto limitadas. Tras la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 19 órganos autónomos garantes de transparencia han sido formalmente extinguidos, incluidos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y organismos estatales en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. De los 14 órganos garantes que aún funcionan, seis tienen el Pleno incompleto.

Aunque varios congresos estatales han aprobado reformas constitucionales en la materia, la falta de emisión de leyes secundarias ha pospuesto la extinción efectiva de los órganos garantes en entidades como Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa. Solo cuatro congresos estatales —Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí— no han aprobado las reformas, aunque en todos ellos ya existen iniciativas legislativas.

La organización Mexiro A.C. concluye que la combinación de recortes presupuestales y designaciones incompletas mantiene a la política anticorrupción en México en un estado de parálisis, debilitando los mecanismos institucionales y reduciendo la vigilancia ciudadana sobre el poder público.