Presentan iniciativa ciudadana para derogar “Ley IA” en San Luis Potosí que pone en riesgo libertad de expresión

La organización Artículo 19, junto con ciudadanas y ciudadanos de San Luis Potosí, presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado para derogar los artículos del Código Penal relacionados con la llamada “Ley IA”, una normativa que, denuncian, pone en riesgo la libertad de expresión y ha dado pie a una escalada de acoso judicial contra periodistas, creadores de contenido y defensores de derechos humanos en la entidad.

El pasado 5 de junio, la propuesta de derogación fue formalmente entregada, señalando que los tipos penales vinculados al uso de la inteligencia artificial —aprobados y promulgados a finales de 2025— han generado un efecto inhibitorio inmediato entre medios, activistas y ciudadanía.

Bajo fórmulas vagas y amplias, la autoridad ha tenido margen para perseguir expresiones críticas y materiales de interés público, lo que ha provocado incertidumbre jurídica sobre qué conductas pueden derivar en procedimientos penales.

De la ley al acoso judicial: efectos y riesgos para la libertad de expresión

La reforma penal vigente en San Luis Potosí introdujo tres delitos principales: el uso no autorizado de imagen o voz generada por inteligencia artificial (artículo 187 TER), la manipulación institucional mediante inteligencia artificial (artículo 272 TER) y la difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial (artículo 272 BIS). Las sanciones oscilan entre uno y seis años de prisión, además de multas que pueden superar las previstas para delitos patrimoniales o incluso para conductas con violencia física.

Desde su aprobación, organizaciones y voces ciudadanas advirtieron que los tipos penales carecían de criterios objetivos que delimitaran claramente el espacio entre la crítica legítima —protegida constitucional e internacionalmente— y conductas realmente delictivas. Los colectivos aseguran que esta ambigüedad ha permitido a la autoridad perseguir, a discreción, discursos incómodos o de interés público, afectando el principal mecanismo de control democrático: la crítica impopular y el debate abierto.

En menos de seis meses, los efectos de la “Ley IA” han sido palpables. A partir del 21 de mayo de 2026, se documentaron detenciones y órdenes de aprehensión contra once periodistas y creadores de contenido, incluyendo a Eréndira Reyes Aguillón, Alejandra Hermosillo y Anahí Torres González. A muchos de los detenidos no se les ha explicado públicamente qué conductas concretas se consideraron delito ni cómo se interpretaron los artículos aplicados. Además, existe preocupación por el caso de Christian Herrera, creador de “Código Rojo”, quien permanece privado de la libertad bajo circunstancias poco claras.

Las sanciones previstas por la ley son consideradas desproporcionadas por el Artículo 19 y la comunidad promotora de la iniciativa, ya que castigan más severamente actos de libre expresión que delitos patrimoniales o incluso violentos.

Exigencia de enmienda y garantías para el debate público

La iniciativa ciudadana impulsada por Artículo 19 solicita la derogación de los artículos 187 TER, 272 TER y 272 BIS del Código Penal estatal. El objetivo es restaurar estándares de legalidad penal y libertad de expresión acordes con la Constitución mexicana y los tratados internacionales suscritos por el país. Además, el proyecto exige que el Congreso de San Luis Potosí se abstenga de aprobar normas ambiguas que puedan facilitar persecución judicial o censura indirecta.

Este esfuerzo ciudadano se suma a una creciente movilización en defensa de la libertad de expresión en México, especialmente tras la reciente persecución judicial de periodistas en San Luis Potosí. Han insistido en que la existencia de tipos penales imprecisos genera un efecto inhibitorio (“chilling effect”) en el debate público, lo que pone en riesgo el ejercicio periodístico, la labor de defensa de derechos humanos y la participación ciudadana.

El Congreso estatal debe atender la exigencia ciudadana, enmendar los daños provocados por la ley y garantizar un entorno donde la crítica, la información y la creatividad no sean objeto de castigo penal, sino motores de una democracia plural y robusta.