La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció este 2 de junio la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para intercambiar información estratégica orientada a identificar estructuras financieras del crimen organizado, rastrear el origen de recursos ilícitos y fortalecer investigaciones patrimoniales en la entidad.
El acuerdo actualizó y amplió los mecanismos de colaboración que ya existían entre ambas instituciones.
Según datos oficiales, la Fiscalía estatal aportará información contenida en sus registros, bases de datos y sistemas de análisis; la UIF, a cambio, compartirá productos de inteligencia generados a partir de reportes y avisos presentados por sujetos obligados que puedan contribuir a investigaciones de competencia estatal.
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Acuerdan crear grupos de trabajo especializados y herramientas tecnológicas
Además del intercambio de información, el convenio estableció lo siguiente:
- Conformar grupos de trabajo especializados en análisis operativo y estratégico
- Implementar herramientas tecnológicas para agilizar el cruce de datos
- Crear esquemas de capacitación para elevar el nivel técnico del personal de ambas instituciones
Autoridades confirmaron que los canales de comunicación entre la UIF y la Fiscalía de Zacatecas quedarán formalizados de manera permanente, con garantías de manejo confidencial de la información.
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El acuerdo también contempló la coordinación de acciones de carácter técnico e informático.
El objetivo señalado es optimizar los tiempos de respuesta en investigaciones activas y garantizar que los productos de inteligencia financiera lleguen oportunamente a quienes los requieren para integrar carpetas de investigación a nivel estatal.
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El convenio se enmarca en la estrategia de la UIF con fiscalías de todo el país
El acuerdo con Zacatecas se inscribió en una estrategia más amplia de la SHCP para extender su red de colaboración con las procuradurías y fiscalías estatales.
En semanas previas, la UIF había suscrito un convenio similar con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el 21 de mayo, con el mismo propósito de desmantelar estructuras económicas de grupos delictivos.
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Zacatecas representa uno de los territorios con mayor disputa territorial por parte del crimen organizado. La entidad funciona como corredor estratégico para el trasiego de drogas hacia la frontera norte, lo que la convierte en un punto de interés para la inteligencia financiera orientada a rastrear los flujos de dinero que sostienen a los grupos que operan en la región.
La UIF señaló que la cooperación interinstitucional resulta indispensable para identificar al beneficiario final de recursos potencialmente ilícitos y para coadyuvar al esclarecimiento de hechos delictivos.
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Además, el convenio recién firmado estaría alineado con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el marco jurídico vigente en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cambios recientes en la Fiscalía de Zacatecas
El 1 de junio, el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, designó a dos nuevos titulares en fiscalías especializadas.
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Rosa Elena de la O Escobedo quedó al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Trata de Personas, y Roberto Enrique Terrón Sánchez asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
De la O Escobedo es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestra en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Durango. Desarrolló su carrera dentro de la propia Fiscalía, donde se desempeñó como agente del Ministerio Público en áreas de investigación y en la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, con formación en desaparición de personas, trata y derechos humanos.
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Terrón Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad de Cuautitlán Izcalli, maestro en Ciencias Penales por el INACIPE y maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Su trayectoria abarcó el ámbito federal y estatal, con experiencia en delitos de alto impacto, delincuencia organizada, secuestro y desaparición de personas.
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