
El Operativo Enjambre se consolidó como una de las principales estrategias del Gobierno federal para intervenir en estructuras municipales y corporativas señaladas por presuntas conductas delictivas y esquemas de corrupción en distintas regiones del país.
Desde su arranque en noviembre de 2024, la operación ha derivado en la detención de más de 70 servidores públicos, entre alcaldes, exfuncionarios, mandos policiacos y operadores municipales, de acuerdo con información presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El balance ha sido actualizado en distintas fases conforme avanzan las investigaciones y se ejecutan nuevas órdenes de aprehensión en diferentes estados.
La primera etapa del operativo se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fuerzas federales y estatales realizaron detenciones simultáneas en varios municipios.
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Entre los primeros casos destacó la captura de la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, además de mandos de seguridad pública local y otros funcionarios municipales.
A partir de ese momento, el operativo se extendió a entidades como Morelos, Jalisco, Michoacán y otras regiones del país, donde autoridades federales han ejecutado nuevas acciones en contra de servidores públicos vinculados a investigaciones abiertas por delitos de alto impacto. En varios casos, las detenciones han estado acompañadas de cateos y aseguramientos de inmuebles y documentación oficial.
Las indagatorias se han sostenido en el uso de inteligencia financiera, análisis de comunicaciones, revisión de flujos patrimoniales y trabajo de campo coordinado entre instituciones federales y estatales.
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En estas acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y fiscalías locales, con el objetivo de ejecutar operativos simultáneos y reducir riesgos de filtraciones.
Recuentos periodísticos estiman hasta 147 detenciones
En paralelo, recuentos periodísticos han estimado que el número total de personas detenidas podría superar los 140 servidores públicos en distintas fases del operativo; sin embargo, hasta ahora no existe un informe federal único que consolide esa cifra como balance oficial.
Dentro de los casos más relevantes se encuentran detenciones de exalcaldes y funcionarios municipales en Jalisco y Morelos, donde las investigaciones se han centrado en estructuras administrativas locales y posibles esquemas de desvío de recursos, extorsión y cobros irregulares dentro de los ayuntamientos.
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Hasta el corte más reciente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó 20 sentencias condenatorias contra exservidores públicos derivadas del operativo, con más de mil 146 años de prisión acumulados por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.
La dependencia precisó que las resoluciones judiciales corresponden a distintos expedientes abiertos desde el inicio de la estrategia, en los que se ha documentado la participación de exfuncionarios en hechos de violencia y actividades ilícitas relacionadas con estructuras criminales locales.
Pese a los resultados reportados, especialistas en seguridad han señalado que el principal reto del operativo será sostener las acusaciones en tribunales, fortalecer las carpetas de investigación y ampliar el alcance hacia las redes financieras que permiten la operación de estos esquemas en el ámbito municipal.
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