¿Dónde está el “Comandante Juanito”? Acusado por EEUU desertó de la policía al iniciar guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, desertó de la corporación desde noviembre de 2024, cuando inició la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, así lo confirmó este jueves el director policial Jonathan Macedo, quien agregó que desconoce su paradero.

“Ese elemento ya no pertenece a la Policía Municipal y ya las autoridades correspondientes están haciendo las investigaciones. La fiscalía que haga su trabajo de realizar sus investigaciones y en su momento, cuando tengan resultados, ellos mismos darán su resultado”, declaró Macedo a medios locales.

La baja de Valenzuela Millán ocurrió en plena crisis de violencia derivada de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, conflicto que dio inicio formalmente el pasado 9 septiembre de 2024. Meses más tarde, en noviembre, la violencia dejó al menos 12 elementos de la Policía Municipal asesinados, entre ellos el exsubdirector operativo Benjamín Villarreal Guerrero, ejecutado en un restaurante de la colonia Montebello.

Macedo precisó que hasta la fecha ninguna autoridad ha requerido información a la corporación sobre el desempeño del excomandante. “No, hasta el momento no. Entonces yo creo que en su momento las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones y pedirán la documentación que requieran”, señaló.

¿De qué lo acusa EEUU?

El expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York señala a Valenzuela Millán como el único de los diez funcionarios sinaloenses acusados que enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte, lo que lo expone a cadena perpetua obligatoria.

Según la acusación, el excomandante habría recibido aproximadamente 41,000 dólares mensuales en sobornos de Los Chapitos, distribuidos entre él y más de 40 agentes municipales bajo su mando.

A cambio, habría puesto a disposición del cártel patrullas, radios policiales, inteligencia operativa y recursos de la corporación para el tráfico de fentanilo y metanfetamina con destino a Estados Unidos. La acusación lo describe como enlace entre Los Chapitos y la Policía Municipal de Culiacán desde 2018 hasta 2024, periodo en el que habría ordenado arrestos, secuestros y asesinatos de presuntos enemigos del cártel para mantener el dominio de la organización sobre la ciudad.

El cargo más grave en su contra se deriva de los hechos del 22 de octubre de 2023. Según el expediente, agentes de la Policía Municipal bajo sus órdenes detuvieron en Culiacán a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a un familiar identificado en el documento como “CS Relative-1”. Ambos fueron secuestrados, entregados a sicarios del cártel, torturados y asesinados. Entre las víctimas de esa operación había un menor de 13 años. Sus cuerpos, junto con los de otros familiares, fueron hallados posteriormente en Tamazula, Durango.

El único detenido del grupo de funcionarios es Mérida Sánchez

De los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses incorporados en la acusación de reemplazo del 29 de abril de 2026, solo uno está confirmado bajo custodia en Estados Unidos.

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, se entregó el 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona, y compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 15 de mayo, donde se declaró no culpable. Su próxima audiencia está fijada para el 1 de junio de 2026.

El caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, presenta incertidumbre. Fuentes aseguran que se trasladó desde Irlanda hasta Nueva York y se entregó voluntariamente el 16 de mayo. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota su nombre no aparece en el registro del Buró de Prisiones.

Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázarez acumula 21 días de ausencia en sesiones del Congreso desde que se hicieron públicos los cargos en su contra. Ha negado las acusaciones y descartó pedir licencia. Según el expediente, Inzunza habría acompañado a Rocha Moya en una reunión con Los Chapitos tras la elección de junio de 2021, cuando era secretario general del gobierno estatal. En ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa.

El vicefiscal de la FGE Sinaloa Dámaso Castro Zaavedra aparece en las listas de pago del cártel bajo el nombre clave “Culiacán Regio” y habría recibido aproximadamente 11,000 dólares mensuales a cambio de alertar al cártel sobre operaciones de la DEA, incluyendo qué laboratorios y miembros eran objetivo de investigaciones. Solicitó licencia a su cargo pero no ha comparecido ante ninguna autoridad.

Los exjefes de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, aparecen en las listas de pago bajo la clave “R1” y habrían recibido cada uno aproximadamente 16,000 dólares mensuales.

Almanza Avilés, en el cargo de 2017 a noviembre de 2022, habría permitido que vehículos con precursores químicos para fentanilo cruzaran Culiacán sin interferencias, librado órdenes de detención contra enemigos del cártel y ordenado la liberación de miembros de Los Chapitos detenidos.

Contreras Núñez, su sucesor de noviembre de 2022 a febrero de 2026, fue designado por Rocha Moya con la aprobación explícita de Los Chapitos y habría ayudado al cártel a localizar y matar a sus enemigos, incluidos integrantes de organizaciones rivales. Ambos permanecen sin detención confirmada.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector y comandante de la Policía Estatal de Sinaloa en distintos periodos entre 2012 y 2024, habría recibido aproximadamente 6,000 dólares mensuales. Según la acusación, colocó a agentes afines al cártel en puestos de poder dentro de la policía estatal, vendió munición y cargadores para rifles de asalto a miembros de Los Chapitos y modificó documentación de detenciones para que los arrestados parecieran no haber portado armas. Iván y Ovidio Guzmán le entregaron personalmente una radio para mantenerse en comunicación directa con el cártel. En las listas de pago aparece bajo su propio alias: “Tornado”.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán desde junio de 2022, habría recibido más de 10,000 dólares mensuales a cambio de permitir a Los Chapitos operar en la ciudad sin interferencia del gobierno municipal y proteger a los miembros del cártel de ser detenidos por la Policía Municipal.

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado de mayor rango en el expediente, permanece en libertad en Sinaloa. Según el expediente, antes de las elecciones de junio de 2021 se reunió con Iván y Ovidio Guzmán en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras, donde Los Chapitos prometieron asegurar su victoria electoral a cambio de que Rocha Moya colocara funcionarios favorables al tráfico de drogas en puestos de autoridad en el gobierno estatal.