La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro este jueves durante La Mañanera que el gobierno de México no tiene ninguna obligación jurídica de rastrear ni vigilar a las ocho personas que aún no se han entregado a Estados Unidos en el caso Sinaloa.
“No hay, digamos, nada legal que nos obligue a tener una vigilancia particular sobre alguna de las otras personas”, dijo la mandataria al ser cuestionada sobre si el gobierno sabe el paradero de los imputados que siguen en México.
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La declaración se da en un contexto de creciente presión desde Washington: el administrador de la DEA, Terry Cole, declaró ante el Senado estadounidense que la acusación contra Rocha Moya era “solo el comienzo”, y la administración Trump ha intensificado su postura frente a México en materia de seguridad.
¿Quiénes son los dos que se entregaron? — y cómo lo hicieron
Dos exfuncionarios clave del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se entregaron a autoridades de Estados Unidos tras ser acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
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- Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó la frontera el 11 de mayo desde Hermosillo, Sonora, por la garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del cuerpo de alguaciles estadounidenses. Actualmente está recluido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rocha Moya, se entregó desde Europa, donde se encontraba de vacaciones.
Sheinbaum aseguró que ambas entregas fueron decisiones personales, sin intervención del gobierno federal: “Allá ya sabrán ellos por qué se entregaron”, respondió escuetamente ante los reporteros.
El caso mayor: 10 acusados por la Fiscalía de Nueva York
El origen de todo está en una acusación emitida el 29 de abril por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades estadounidenses afirmaron que los acusados desempeñaron un papel fundamental ayudando al Cártel de Sinaloa —clasificado como organización terrorista extranjera— al introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia EE.UU., alineándose con la facción de Los Chapitos a cambio de millones de dólares.
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Tras conocerse la acusación, la FGR analizó la petición de detención provisional con fines de extradición y concluyó que no había pruebas suficientes para ejecutar una acción inmediata conforme al tratado bilateral vigente. Por eso Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa, que la aprobó en sesión extraordinaria.
Rocha sigue con Guardia Nacional — y Sheinbaum lo reconoce
Uno de los momentos más tensos de la conferencia fue cuando la presidenta confirmó que Rubén Rocha sigue contando con resguardo de la Guardia Nacional, aunque aclaró que dicha protección no la decide la Presidenta de la República, sino que se solicita a través de la Secretaría de Seguridad o de la Secretaría de la Defensa, que evalúan el riesgo caso por caso.
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Sobre el senador Enrique Inzunza —también acusado en el mismo expediente— Sheinbaum dijo no tener información de si solicitó o recibió resguardo similar.
Rubén Rocha Moya está en Sinaloa y cuenta con escoltas estatales, asegura García Harfuch. (Gabinete de Seguridad)
La alerta roja de Interpol: la única presión real sobre los 8 restantes
Sheinbaum explicó el mecanismo que activa la presión internacional: al existir una orden de aprehensión del gobierno de EE.UU., Interpol emite una ficha roja. Eso significa que si alguno de los ocho acusados restantes abandona México, otros países podrían detenerlos.
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La entrega voluntaria de los dos exfuncionarios abrió una posibilidad que inquieta a Morena: que el resto de los acusados sigan el mismo camino y, al negociar con la justicia estadounidense, revelen información comprometedora. El exembajador Arturo Sarukhán lo advirtió sin rodeos: con acuerdos de cooperación en marcha, México perdería control sobre qué información se comparte.
Por ahora, el gobierno federal mantiene su postura: sin pruebas contundentes, sin acción. Pero el cerco se estrecha.
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