
Un documento que circula en redes sociales y que se presenta como una carta formal dirigida al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) encendió las alarmas sobre el estado operativo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), la única planta de este tipo en México.
El documento, fechado el 6 de mayo de 2026, fue difundido públicamente por el Dr. Jesús Pámanes —identificado como exingeniero de CFE-CENACE, con doctorado y MBA en sistemas energéticos— junto con lo que se presentan como firmas de respaldo. Pámanes acompañó la publicación con un mensaje contundente en redes: “¿Alguna vez imaginaron un país donde operadores de una central nuclear tengan que alertar a organismos internacionales por el deterioro laboral?”
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El detonador: la reforma al Artículo 127 constitucional
El texto presentado señala como origen de la crisis la reciente modificación al Artículo 127 de la Constitución mexicana, que establece topes salariales y pensionales para empleados del sector público. Según los firmantes, esta medida —presentada ante la opinión pública como el combate a las llamadas “pensiones doradas”— ignora la naturaleza altamente especializada del trabajo en una central nuclear.
El documento argumenta que reemplazar a un Operador Senior de Reactor (SRO) requiere entre 5 y 7 años de formación y certificación, tanto bajo normas nacionales como internacionales, y que los recortes a jubilaciones están provocando una fuga de talento técnico altamente calificado hacia otros sectores.
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Los riesgos técnicos que describe el documento
La carta enumera una serie de vulnerabilidades operativas que, según sus autores, derivarían del deterioro en las condiciones laborales:
- Fatiga del personal: Necesidad de cubrir turnos extra ante la falta de operadores certificados disponibles.
- Estrés cognitivo: La incertidumbre económica reduce la capacidad de detección de anomalías sutiles en los sistemas del reactor.
- Ruptura de programas de mentoría: La transferencia de conocimiento entre generaciones de especialistas estaría fracturada.
- Riesgo de SCRAMs no planificados: El documento proyecta un aumento en paradas de emergencia del reactor atribuibles a la inexperiencia del personal de reemplazo.
- Debilitamiento de la “actitud cuestionadora”: Personal en conflicto tendería a no reportar cuasi-accidentes por apatía o miedo.
Los firmantes invocan los estándares INSAG-4 e INSAG-15 del propio OIEA en materia de cultura de seguridad nuclear.

Un llamado con precedentes internacionales
El documento cita experiencias en Francia y Estados Unidos donde, ante crisis similares, los gobiernos reconocieron regímenes especiales para personal nuclear o implementaron planes de retención de conocimiento, al considerar que la pérdida de operadores licenciados resulta más costosa que ofrecer pensiones competitivas.
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Los firmantes solicitan formalmente a los organismos internacionales que emitan recomendaciones técnicas a las autoridades mexicanas para que el personal de Laguna Verde —activo y jubilado— quede excluido de los efectos de la reforma al Artículo 127.
Lo que se desconoce
Hasta el momento de publicación de esta nota, no existe confirmación pública por parte del OIEA, WANO ni la CNSNS de haber recibido o estar procesando dicho documento. La Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tampoco han emitido pronunciamiento oficial al respecto.
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