Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030, una estrategia que concentró sus principales acciones en el combate al robo de hidrocarburos, la extorsión, la trata de personas y los ciberdelitos.
El documento reconoció que el deterioro de la seguridad y la paz social en el país se convirtió en un desafío estructural derivado del crecimiento de actividades delictivas, la operación de grupos criminales y la percepción de impunidad entre la población.
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Así, la administración federal pretende fortalecer los mecanismos de inteligencia e investigación para reducir la incidencia de delitos de alto impacto, además de reforzar la coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia frente a fenómenos vinculados con la delincuencia organizada transnacional.
Combate al huachicol fiscal
Uno de los puntos centrales del plan se enfocó en el combate al huachicol fiscal, una modalidad que, según el documento, evolucionó hacia esquemas complejos de evasión y fraude hacendario mediante el aprovechamiento de vacíos legales, facturación simulada y uso de empresas fachada.
La estrategia identificó que las tomas clandestinas relacionadas con el robo de hidrocarburos mantienen una concentración importante en entidades como el Estado de México, Guanajuato e Hidalgo, zonas donde históricamente se han detectado operaciones vinculadas con este delito.
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El programa señaló que uno de los principales retos para enfrentar el huachicol fiscal radica en la falta de cifras oficiales consolidadas, debido a la complejidad de las operaciones financieras y comerciales utilizadas para ocultar las actividades ilícitas.
Homologar sistemas penitenciarios
Además del combate a delitos financieros y energéticos, el plan federal contempló acciones para homologar los sistemas penitenciarios del país mediante un modelo orientado a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Las autoridades plantearon que los resultados de la estrategia serán evaluados a partir de indicadores relacionados con la disminución de la incidencia delictiva y la mejora en la percepción de seguridad entre la población.
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El documento sostiene que el objetivo central del Plan de Seguridad consiste en recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y atender factores estructurales asociados con la violencia y la operación de redes criminales en México.
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