Hay una nueva ley contra la extorsión en México, pero Coparmex advierte que entre enero y marzo hubo más de 2 mil víctimas

La extorsión en México registró 2,915 víctimas entre enero y marzo de 2026, una cifra que se mantiene entre las más altas de los últimos 11 años, según el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El dato llega después de 6 meses de que entrara en vigor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una legislación que el sector empresarial considera necesaria, pero que requiere una aplicación efectiva.

El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, advirtió que la extorsión “tiene de rodillas a miles de empresarios en el país y es el delito que mata a la MiPyME”. La organización presentó los resultados de su Monitor de Seguridad correspondiente al primer trimestre del año, con un análisis que incorpora por primera vez la desagregación de subtipos del delito bajo la nueva metodología oficial, así como el Índice de Extorsión Coparmex (IEC).

Más de 32 víctimas de extorsión al día en el primer trimestre de 2026

Durante los primeros tres meses del año, 32.4 personas fueron víctimas de extorsión en promedio cada día, superando por segundo año consecutivo el umbral de 30 víctimas diarias. La variación respecto al mismo periodo de 2025 fue marginal: apenas 113 víctimas menos.

En 17 de las 32 entidades federativas aumentó la extorsión respecto al año anterior, y nueve estados alcanzaron máximos históricos en los últimos 11 años. Las entidades con mayor variación anual fueron Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco. Entre los estados que llegaron a su máximo histórico se encuentran Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Querétaro.

De los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión en el país, 13 se concentran en dos entidades: Guanajuato, con siete municipios, y la Ciudad de México, con seis.

El Índice de Extorsión Coparmex ubicó el promedio nacional en 49.7%. Catorce entidades superaron ese umbral, con Morelos, Tabasco y Zacatecas a la cabeza.

En esto consiste la Ley contra la extorsión

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión entró en vigor el 29 de noviembre de 2025, tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación por la presidenta Claudia Sheinbaum. La Cámara de Diputados la había avalado el 25 de noviembre, luego de que el Senado la aprobara con modificaciones el 19 de octubre.

La legislación unifica el tipo penal de extorsión para todo el país y establece la competencia y coordinación entre autoridades de distintos órdenes de gobierno. También reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La pena base para el delito de extorsión es de 15 a 25 años de prisión. Esa condena puede agravarse en al menos diez circunstancias con cuatro a ocho años adicionales, o de siete a 17 años más en casos como los siguientes:

• Uso de violencia física o armas
• Que el agresor se ostente como integrante de la delincuencia organizada
• Que el delito sea cometido por un servidor público o exservidor público
• Que el extorsionador opere desde un centro penitenciario
• Que se utilicen menores de edad en la comisión del delito
• Que el acto busque obstaculizar la libertad de expresión o la defensa de derechos humanos

Coparmex exige homologar leyes locales y crear unidades especializadas

La organización patronal anunció que sus 71 Centros Empresariales darán seguimiento al cumplimiento de la ley en cada estado, vigilando las adecuaciones en los congresos locales y la atención a víctimas.

Entre las propuestas que Coparmex impulsa para combatir el delito destacan la homologación de las legislaciones estatales con la ley federal, la instalación obligatoria de inhibidores de señal en centros penitenciarios y la creación de unidades especializadas en extorsión dentro de todas las fiscalías estatales.

El organismo señala que el 97% de las extorsiones no se denuncian ni derivan en carpetas de investigación, de acuerdo con datos del INEGI. Las cifras oficiales representan apenas el 3% del fenómeno real, lo que convierte a la extorsión en el delito con la cifra oculta más alta de todo el país.