No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

La infiltración del narcotráfico en la política de Sinaloa ha sido una constante desde hace décadas, lo cual también ha costado a la entidad el ser estigmatizada debido a que vio nacer al Cártel de Guadalajara bajo el liderazgo de uno de sus propios expolicías municipales, Miguel Ángel Félix Gallardo.

La reciente acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, no es la primera vez en la que se vincula a un mandatario con el narcotráfico en la entidad.

Víctor Sánchez Valdés, experto en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), realizó un recuento de los políticos en Sinaloa que han sido señalados por presuntos vínculos con el narco, entre los que destacan cinco gobernadores y una diputada.

En ese entramado, la organización más beneficiada ha sido el Cártel de Sinaloa, aunque también se ha documentado protección al Cártel de Guadalajara, el Cártel de Juárez y los Beltrán Leyva.

Infiltración narco-política en Sinaloa “va más allá de partidos políticos”, afirmó Sánchez Valdés

En entrevista con Infobae México, Sánchez Valdés refirió que la infiltración no se enfoca en políticos de un solo partido, ya que se volvió un problema estructural que afecta a todas las instituciones públicas de Sinaloa.

“Más allá de partidos políticos o de grupos políticos, la verdad es que no obedece a razones partidistas, sino que ya se volvió un problema estructural. Es decir, (aunque) llegue quien llegue a la gubernatura de Sinaloa, pues se enfrenta a esta infiltración del crimen organizado”, comentó.

Existen registros desde la década de los años 60 que evidencian la interacción entre políticos y grupos criminales en Sinaloa, siendo la primera la que vio nacer al Cártel de Guadalajara, y que posteriormente daría origen a tres grupos criminales.

La primera conexión directa entre un gobernador y el crimen organizado en la entidad se remonta a 1963, cuando Leopoldo Sánchez Celis contrató como chofer y escolta a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien luego fundó el extinto Cártel de Guadalajara.

Félix Gallardo, apodado “el Jefe de Jefes”, operó inicialmente en favor de Pedro Avilés Pérez, pionero del tráfico de drogas y reclutador de operadores que después conformarían el Cártel de Guadalajara.

Cuatro gobernadores y una diputada: la lista de políticos sinaloenses

De acuerdo con el recuento realizado por Sánchez Valdés, los gobernadores Alfredo Valdez Montoya (1969-1974) y Alfonso Calderón Velarde (1975-1980), compartieron al mismo director de la Policía en Sinaloa, Alfredo Reyes Curiel, quien fue acusado de proteger a Pedro Avilés Pérez y, posteriormente, a Félix Gallardo.

Para la gubernatura de Antonio Toledo Corro (1981-1986), el mandatario fue señalado por no actuar frente al crimen organizado, además de que se le acusó de haberse reunido con Miguel Ángel Félix Gallardo, de quien presuntamente había recibido sobornos.

Con Francisco Labastida Ochoa (1987-1992), Sinaloa presenció el ocaso del Cártel de Guadalajara y el surgimiento de los cárteles de Juárez, Tijuana y Sinaloa, todos encabezados por sinaloenses. Tras el arresto de Félix Gallardo en 1989, se ordenó la aprehensión de funcionarios involucrados en su red de protección, incluidos tres colaboradores de Labastida: Arturo Moreno, Enrique Corza y Robespierre Lizárraga.

Sánchez Valdés también menciona la administración de Juan Sigfrido Millán Lizárraga (1999-2004), en cuya recta final se registró el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en Culiacán, hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, antiguo líder del Cártel de Juárez.

Rodolfo Carrillo iba escoltado por agentes ministeriales cuando fue asesinado, pero muchos de los responsables no recibieron castigo.

En 2010, el gobernador Jesús Aguilar Padilla fue investigado por presuntos nexos con el narco por el gobierno de los Estados Unidos, así como el alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, candidato del PRI en las elecciones del 2010.

Por su parte, Mario López Valdez (gobernador panista de Sinaloa de 2011 a 2016), fue acusado en un video por uno de sus escoltas, Frank Armenta Espinoza, por presuntamente proteger al Cártel de Sinaloa y permitir la fuga de Jorge Iván Gastélum Ávila, “El Cholo Iván”, entonces jefe de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El escolta fue secuestrado días antes de que el video se difundiera, y apareció muerto días después, por lo que las acusaciones no procedieron

En 2016, la diputada local por el PAN, Lucero Sánchez López, fue destituida porque se descubrió su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien habría impulsado su carrera política.

Durante el periodo de Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) se señaló a personal del Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, por vínculos con el Cártel de Sinaloa, según informes filtrados de la SEDENA por Guacamaya Leaks.

“Los gobernadores anteriores no fueron arrestados a pesar de que había sospechas, a pesar de que se tenía evidencias de colusión, a pesar de que incluso algunos de ellos, como Jesús Padilla, fueron investigados por el gobierno de Estados Unidos. Sí, pero pues también hay que recordar que en México existe esta propensión a proteger a los políticos, esto que se ha llamado pacto de impunidad, en donde los políticos salen impunes a pesar de que hay elementos para investigarlos”, sentenció el investigador.

Rocha Moya y sus acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Sánchez Valdés recordó que Rubén Rocha Moya enfrentó señalamientos de colusión con el Cártel de Sinaloa desde su campaña de 2021, la cual se vio enmarcada por denuncias de candidatos sobre secuestros.

El candidato del PRI, Mario Zamora Gastélum, denunció el secuestro y amenazas contra sus operadores, presuntamente financiadas y ejecutadas por Los Chapitos para favorecer la campaña de Rocha.

Tras diversos señalamientos, las autoridades estadounidenses emitieron una acusación en su contra por narcotráfico y delitos relacionados con armas, además de que solicitaron su detención con fines de extradición, así como la de nueve funcionarios sinaloenses más.

Luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que no habían detectado indicios de posibles vínculos de Rocha Moya con el narco, Víctor Sánchez Valdés calificó de “desafortunadas” esta declaración, pues existen acusaciones públicas desde 2021 sobre amenazas, secuestros y agresiones para favorecerlo electoralmente.

Al respecto, el investigador destacó que “se está ocultando algo que es evidente”. Además, prevé que el gobierno mexicano procurará evitar la extradición de Rocha Moya y de los otros funcionarios, optando por juicios en México, ya que en caso de ser enviado a Estados Unidos, el mandatario podría dar información relevante sobre la infiltración del narco en la política.

“En última instancia, lo que quizá van a intentar realizar es un proceso en México y que sea arrestado en México. O sea, si van escalando las cosas, con tal de no enviarlo a Estados Unidos, porque también creo que algo de lo que se tiene miedo es que llegando a Estados Unidos, Rocha Moya u otros puedan negociar y aportar información que vincule a más políticos en esta trama criminal”, comentó Sánchez Valdés.