Vicefiscal de Sinaloa se mantiene en su cargo pese a señalamientos de Estados Unidos por nexos con el Cártel del Pacífico

Dámaso Castro Zaavedra, visefiscal de Sinaloa, permanece en su cargo luego de que fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por narcotráfico y delitos relacionados con armas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Castro se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales pese a los señalamientos.

Al respecto, detalló que atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República “en estricto apego al marco legal”.

Esto, explicó, se lleva a cabo con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece los casos específicos en los que se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales “sin contemplar el cargo de vicefiscal general dentro de las y los servidores públicos sujetos a ese procedimiento”.

Además, en función del artículo 9 de la Ley Orgánica se detalló que las Vicefiscalías no cuentan con un régimen especial de inmunidad procesal.

Las acusaciones contra Dámaso Castro, el gobernador de Sinaloa y ocho funcionarios mexicanos más

El vicefiscal de Sinaloa fue acusado junto nueve funcionarios más, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntamente brindar protección al también llamado Cártel del Pacífico.

De acuerdo con la acusación, Casto enfrenta cargos en Nueva York por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por estos cargos, el funcionario podría ser sentenciado a una pena máxima de cadena perpetua o una mínima de 40 años de prisión.

Las autoridades estadounidenses refieren que el Cártel de Sinaloa presuntamente contaba con aliados políticos y funcionarios policiales que les daban apoyo, permitían sus amenazas y violencia, además de que habrían recibido sobornos millonarios.

Entre las actividades detectadas, los funcionarios mexicanos acusados habrían protegido a los miembros del cártel de la investigación, detención y enjuiciamiento, así como haber dado información confidencial sobre las fuerzas del orden y del Ejército a los integrantes y aliados para facilitar sus actividades delictivas.

Los señalamientos también integran su presunta participación en ordenar a miembros de agencias policiales estatales y locales que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos, además de que habrían permitido que los miembros cometieran actos de violencia sin consecuencias.

Tras los señalamientos, Rubén Rocha Moya solicitó su licencia temporal frente a la gubernatura de Sinaloa, así como Juan de Dios Gámez Mendívil para la alcaldía de Culiacán.

Actualmente, Rocha Moya mantiene un dispositivo de seguridad que fue recomendado para implementarse por parte del Gabinete de Seguridad, esto debido a la violencia que se registra en el estado y por su cargo público.