
La gobernadora de Layda Sansores San Román encendió la alerta sobre la situación financiera que enfrenta el estado de Campeche al afirmar que su administración atraviesa una crisis severa de liquidez, al grado de no contar con recursos suficientes “ni para pagar la luz”.
Durante una reciente declaración pública durante el Día del Empleado Estatal, la mandataria aseguró que el panorama económico es más complicado de lo que reflejan los reportes oficiales.
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Sus dichos contrastan con información del Congreso de la Unión, donde se indica que el recorte presupuestal para la entidad ronda los dos mil millones de pesos. Sin embargo, Sansores San Román sostuvo que el ajuste real asciende a cuatro mil millones de pesos, lo que —según dijo— ha impactado directamente en la operatividad del gobierno estatal.
“Creo que en mi vida nunca la conocí (la pobreza) y la vine a conocer ahora al final de mi vida”, expresó la gobernadora, al describir el nivel de crisis que enfrenta su administración.
Añadió que incluso el pago de servicios básicos se ha convertido en un desafío inmediato, al señalar que el secretario de Finanzas le informó que no hay recursos para cubrir el consumo de energía eléctrica.
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Amenaza de paralizar oficinas gubernamentales

Uno de los puntos más polémicos de su declaración fue la advertencia de suspender operaciones en oficinas públicas si no se resuelve la falta de recursos. “No pediré prestado ni pediré prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan”, afirmó, dejando entrever una posible medida de presión ante la situación presupuestal.
La gobernadora insistió en que la falta de liquidez no es resultado de decisiones internas, sino de factores externos que han reducido la disponibilidad de recursos. “No tenemos un peso de liquidez, nunca soñé que podíamos vivirlo”, reiteró.
Deuda aprobada y dudas sobre su uso
En medio de este panorama, el Congreso local autorizó a la administración estatal la contratación de un endeudamiento por mil millones de pesos, el cual deberá pagarse en un plazo de 20 años. Este recurso, de acuerdo con lo aprobado, está destinado a financiar proyectos de inversión productiva.
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No obstante, hasta el momento no se ha informado públicamente si el gobierno de Sansores ya ha dispuesto de este empréstito o si planea utilizarlo en el corto plazo. La falta de claridad en torno a estos recursos ha generado cuestionamientos sobre la estrategia financiera del estado.
Contradicciones en cifras y preocupación ciudadana

Las diferencias entre las cifras oficiales y las declaraciones de la mandataria han abierto un debate sobre la transparencia y la planeación presupuestal en Campeche. Mientras el Congreso federal sostiene que el recorte fue de aproximadamente dos mil millones de pesos, la gobernadora insiste en que el impacto es el doble.
Esta discrepancia ha generado incertidumbre entre ciudadanos y analistas, quienes advierten sobre las posibles consecuencias de una crisis de liquidez en la operación de servicios públicos y programas sociales.
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Especialistas señalan que una eventual paralización de oficinas gubernamentales podría afectar trámites, servicios básicos y la ejecución de políticas públicas en el estado. Además, el retraso en pagos como el de energía eléctrica podría derivar en sanciones o interrupciones en el suministro.
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