¿Fallas en la FGR? Esta es la razón por la que Ernestina Godoy comparecerá ante el Senado

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, acudirá al Senado de la República en un momento clave para la política de seguridad en el país: explicar, justificar y defender el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Su comparecencia no es solo un trámite legislativo. Se trata de un paso necesario para que el documento sea analizado, dictaminado por la Comisión de Justicia y, eventualmente, aprobado por el pleno, lo que lo convertiría en la hoja de ruta oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) para los próximos años.

Un plan bajo revisión en medio de exigencia por resultados

La comparecencia de Ernestina Godoy Ramos está programada para este lunes a las 12:00 horas ante la Comisión de Justicia del Senado, como parte del proceso de análisis del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Legisladores buscan conocer a detalle cómo la Fiscalía pretende enfrentar la impunidad, la baja efectividad en sentencias y la desconfianza ciudadana.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, confirmó que la fiscal deberá exponer las líneas centrales del plan y responder a cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios, en un ejercicio de rendición de cuentas.

El trasfondo: fallas estructurales en la Fiscalía

La comparecencia ocurre en un contexto donde la propia FGR reconoce limitaciones importantes: saturación de expedientes, falta de recursos y dificultades operativas que han impedido avanzar con mayor eficacia en casos de alto impacto.

Además, persisten problemas como el bajo porcentaje de casos que llegan a sentencia, el uso predominante de procedimientos abreviados y una alta proporción de investigaciones sin detenidos.

Estos factores explican por qué el Senado busca revisar a fondo el plan: no solo para conocerlo, sino para evaluar si realmente puede corregir estas fallas.

De acuerdo con lo previsto, el documento podría ser dictaminado ese mismo día y turnado al pleno para su discusión y eventual aprobación el martes 28 de abril.

El llamado del Senado responde también a la creciente presión por mejorar los resultados en procuración de justicia.

Cambio de estrategia: de reacción a prevención del delito

Uno de los puntos centrales que motivan la comparecencia es el giro que plantea la Fiscalía en su forma de operar.

El nuevo plan apuesta por dejar atrás el modelo reactivo y avanzar hacia uno basado en inteligencia, tecnología y análisis de datos.

La fiscal deberá explicar cómo este enfoque permitirá anticipar movimientos del crimen organizado, desarticular estructuras delictivas completas y priorizar los delitos que más afectan a la población.

También tendrá que detallar cómo se implementará este cambio en la práctica y qué resultados concretos se esperan en el corto y mediano plazo.

Debate paralelo: Maru Campos también será llamada al Senado

En este mismo contexto, el Senado aprobó citar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para aclarar la polémica por la presencia de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en la entidad.

De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, ambos temas forman parte de la agenda prioritaria en la recta final del periodo ordinario.

Aunque se trata de procesos distintos, reflejan una misma preocupación: la coordinación en materia de seguridad y la necesidad de transparencia en las decisiones institucionales.

Lo que busca el Senado con esta comparecencia

• Evaluar la viabilidad real del Plan Estratégico de la FGR
• Exigir claridad en las acciones para reducir la impunidad
• Conocer cómo se enfrentarán las limitaciones operativas actuales
• Revisar el uso de inteligencia y tecnología en investigaciones
• Medir el impacto esperado en delitos de alto impacto
• Garantizar un ejercicio de rendición de cuentas por parte de la Fiscalía

La comparecencia de Ernestina Godoy se perfila así como un momento clave no solo para definir el futuro de la procuración de justicia en México, sino también para medir la capacidad del Estado de responder a una de las principales demandas ciudadanas: resultados concretos en seguridad y combate al crimen.