México presenta plan de protección a defensores ambientales y la justicia climática en la COP4 del Acuerdo de Escazú

La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, celebrada del 21 al 24 de abril en Nassau, Bahamas, concluyó con avances decisivos para la implementación efectiva del tratado en América Latina y el Caribe.

Entre los principales logros, destacó el impulso a un mecanismo de respuesta rápida para la protección de personas defensoras del medio ambiente, así como el fortalecimiento de la justicia ambiental en la región.

La COP4 aprobó 10 decisiones clave que marcaron el tránsito de los compromisos a la acción, consolidando al Acuerdo de Escazú como el principal instrumento regional para garantizar acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subrayó la importancia de fortalecer la cooperación regional y el multilateralismo para enfrentar la crisis climática y ambiental.

México participó en las discusiones y respaldó el fortalecimiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, reconociéndolo como órgano fundamental para avanzar de los compromisos legales a la implementación efectiva.

La delegación mexicana, integrada por la Semarnat, la Profepa y la SRE, fue encabezada por la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, y contó con la participación de Camila Zepeda Lizama y Efraín Dávila González, reflejando la política de Estado y el carácter interinstitucional de la representación.

La delegación también incorporó a representantes de organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo el enfoque participativo y multiactor del Acuerdo.

Durante los trabajos, México destacó los avances en el desarrollo del mecanismo de respuesta rápida y presentó su ruta nacional de implementación, una estrategia interinstitucional y participativa que articula acciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar los derechos de acceso y fortalecer la justicia ambiental.

Esta estrategia será sometida a consulta pública para asegurar su efectiva implementación territorial.

La Conferencia también registró avances en temas clave como el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ámbitos en los que México expresó su interés de participar activamente en los grupos de trabajo que darán seguimiento a los acuerdos.

México reafirmó su liderazgo en la implementación del RETC y su compromiso con la reparación del daño como pilar de la justicia ambiental.

Incidió además en la inclusión explícita de organizaciones de la sociedad civil, redes regionales y foros internacionales como elementos esenciales para una participación efectiva en la toma de decisiones y en la implementación del Acuerdo.

Un punto central de la participación mexicana fue la promoción de la igualdad de género como eje estratégico para la implementación del Acuerdo de Escazú.

En la Mesa sobre la Transversalización de la Perspectiva de Género, la procuradora Mariana Boy Tamborrell destacó que la igualdad sustantiva es una prioridad nacional, presente en instrumentos rectores como el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y en las nuevas políticas públicas ambientales.

Explicó que México impulsa acciones concretas, como el desarrollo de cursos especializados sobre el Acuerdo de Escazú para el sector ambiental y la administración pública federal, así como herramientas de análisis territorial para identificar y atender problemáticas socioambientales con enfoque de género.

La funcionaria subrayó la importancia de generar datos desagregados y establecer una línea base para medir avances, lo que permite alinear la ejecución con los objetivos de planeación y transparentar la rendición de cuentas.

Señaló que la transversalización de la perspectiva de género articula compromisos internacionales como la CEDAW, el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal y el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con la política nacional en materia ambiental y de derechos.

En el plano institucional, se formalizó la nueva Mesa Directiva del Acuerdo, encabezada por San Cristóbal y Nieves en la Presidencia; con Colombia, Bahamas, Belice y Panamá como vicepresidencias. Panamá anunció su disposición para albergar la próxima COP5 en abril de 2028.

El Gobierno de México reiteró que la implementación del Acuerdo de Escazú implica transformar la manera en que se diseñan, ejecutan y evalúan las políticas ambientales, incorporando la perspectiva de género, la medición y la rendición de cuentas como condiciones indispensables para garantizar que nadie quede fuera y para fortalecer la protección de las personas defensoras ambientales.