
La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una decisión que podría redefinir la lucha contra el contrabando en México: determinar si el SAT conserva atribuciones para denunciar estos delitos, tras el nacimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, un punto que afectará la validez de investigaciones fiscales aún en proceso y delimitará el papel del fisco federal frente al crimen aduanero. El recurso fue atraído el 15 de abril de 2026, en el contexto de una disputa jurídica desatada luego de que un tribunal resolviera que la representación ante delitos de contrabando quedó exclusivamente en manos de la autoridad aduanera a partir de 2022, año en que entró en vigor el nuevo reglamento institucional.
El origen de la controversia radica en una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República desde junio de 2020, cuando el SAT denunció un presunto contrabando de diésel valuado en $170 millones por el puerto de Tuxpan, Veracruz. La intervención del SAT incluyó la presentación de una declaratoria de perjuicio fiscal y señalamientos contra Édgar Marín Meza Moreno, presidente de Impulsora de Productos Sustentables, por supuestamente utilizar documentación falsa para importar combustible. Dos años después, el SAT solicitó también procesar a Mario Alberto Guijardo Tamayo, representante de Comercializadora de Combustibles Gutasa.
Un tribunal federal resolvió que, desde 2022, la facultad de denunciar delitos aduaneros corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México y no al SAT. Esta interpretación jurídica podría invalidar procesos penales iniciados por el fisco federal en materia de contrabando, según resoluciones judiciales y fuentes consultadas por La Jornada y El Imparcial.

Tribunal federal anula proceso contra empresario y limita funciones del SAT
El proceso judicial avanzó con criterios diferenciados. En mayo de 2025, un juez federal negó la vinculación a proceso de Meza Moreno por falta de pruebas de la FGR, mientras que Guijardo Tamayo sí fue vinculado y sujeto a restricciones, como la presentación periódica, entrega de garantía económica por 300 mil pesos y la prohibición de salir del país. Pero en noviembre de 2025, un tribunal anuló la medida sobre Guijardo Tamayo tras determinar que, para 2024, el SAT ya carecía de facultades legales para denunciar el contrabando, función transferida a la Agencia Nacional de Aduanas de México después de la reforma de 2022, según explicó El Imparcial.
Al verse desplazado con esta interpretación jurídica, el SAT promovió un juicio de amparo con el propósito de revertir tanto la negativa de vinculación a Meza Moreno como la revocación del proceso contra Guijardo Tamayo. El asunto llegó a la Suprema Corte, que debe resolver ahora si el SAT puede seguir representando los intereses del fisco federal en materia penal frente al contrabando, o si la legitimidad para denunciar yace solo en la nueva autoridad aduanera, según informó La Jornada.

La SCJN busca sentar precedente sobre representación fiscal en delitos aduaneros
El expediente judicial que analiza la SCJN corresponde al recurso de queja 52/2026 y emana del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. La intervención directa de la Corte responde a la petición de los ministros Hugo Aguilar Ortiz e Irving Espinosa Betanzo para sentar un precedente que clarifique la representación fiscal en procesos relacionados con delitos aduaneros.
En paralelo, la SCJN atiende al menos otro caso similar en torno al mismo empresario, evidenciando que la disputa de competencias podría dejar en el limbo decenas de procesos judiciales por delitos como el huachicol fiscal. En marzo de 2026, la Corte también decidió atraer el análisis de otro caso donde figuran 21.5 millones de litros de diésel, en el que deberá definir la legitimidad del SAT para defender el interés de la Federación contra el contrabando, de acuerdo con información de La Jornada.

La reforma de 2022 otorga exclusividad a la Agencia Nacional de Aduanas
La reforma legal que transfirió las atribuciones al nuevo órgano aduanero data de 2022. Desde entonces, la Agencia Nacional de Aduanas de México es reconocida como el único ente facultado para intervenir legalmente en delitos de contrabando y otros ilícitos aduaneros, desplazando al SAT del frente procesal.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultará decisivo para orientar la actuación de jueces y autoridades hacendarias en la representación del Estado mexicano ante los tribunales. La resolución, que permanece pendiente, podría impactar la validez de múltiples investigaciones en curso y redefinir los mecanismos del combate oficial al contrabando y los delitos fiscales vinculados al comercio exterior en México.
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