Qué dice la ley mexicana sobre agentes extranjeros y por qué la muerte de 2 elementos de la CIA en Chihuahua genera dudas

El pasado 18 de abril, dos agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) murieron en un accidente en la sierra de Chihuahua, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta. El convoy en el que viajaban regresaba de una zona remota, luego de acciones relacionadas con la localización y desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas, de acuerdo con reportes iniciales.

Sin embargo, el caso se encuentra en la mira de las autoridades federales para determinar la presencia de los funcionarios estadounidenses en México se ajustó a la legislación vigente sobre agentes extranjeros.

Las dos versiones

Según medios estadounidenses como The Washington Post y The New York Times, los funcionarios de la embajada de EU fallecidos en el accidente estaban adscritos a la CIA y participaron directamente en actividades de inteligencia que permitieron ubicar laboratorios de metanfetamina en Chihuahua.

Estas fuentes señalan que la agencia estadounidense habría empleado tecnología y drones para detectar las instalaciones y, posteriormente, guiar a las autoridades mexicanas en el operativo de desmantelamiento.

Por su parte, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, primero informó —en un comunicado emitido tras el accidente— que los estadounidenses regresaban de un operativo antidrogas junto a la policía estatal y la Sedena, y que el accidente ocurrió mientras volvían del lugar donde se destruyó el laboratorio. Sin embargo, un día después, el propio fiscal cambió su versión y sostuvo que los agentes extranjeros no participaron en el operativo, sino que se encontraban en la región para impartir un curso sobre manejo de drones y, al concluir, pidieron un “aventón” a la caravana oficial para regresar a la capital estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el Gobierno federal nunca fue notificado de la presencia de agentes estadounidenses en el operativo ni de su colaboración con autoridades estatales. Advirtió que, de confirmarse la intervención directa de funcionarios extranjeros fuera del marco legal, México podría emitir un extrañamiento diplomático y aclaró que la legislación solo permite que agentes extranjeros realicen tareas de enlace o capacitación bajo supervisión federal, no operativos en campo.

Van por comparecencias

El caso escaló rápidamente al ámbito político nacional. El Senado mexicano se alista para discutir sobre si citar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Jáuregui, para que aclaren la presencia y actividades de agentes extranjeros en la entidad.

Morena impulsa comparecencias públicas para exigir explicaciones sobre la coordinación con agencias estadounidenses, mientras que el PAN plantea que el caso puede derivar en una crisis diplomática y demanda esclarecer si el Gobierno federal conocía de la presencia de los agentes o fue sorprendido por el operativo.

¿Qué dice la Ley de Seguridad Nacional?

La Ley de Seguridad Nacional, reformada en 2020, define como agentes extranjeros a funcionarios que ejercen funciones policiales o de inteligencia en sus países de origen.

Los artículos 70 y 71 prohíben que estos agentes participen en operativos, detenciones o apliquen leyes extranjeras en México. Solo pueden realizar labores de enlace y compartir información, siempre bajo autorización federal y reporte a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La reforma eliminó la inmunidad para estos agentes si cometen delitos en territorio nacional. México puede exigir su retiro inmediato y sancionar a los funcionarios mexicanos que toleren o no reporten actividades fuera del marco legal. La Suprema Corte ha validado la constitucionalidad de estos controles, y actualmente las disposiciones se aplican sin restricciones.

La definición legal de “agente extranjero”, establecida en el artículo 6 de la ley, incluye a cualquier funcionario que en su país de origen ejerce funciones policiales, de inspección, supervisión de leyes o tareas técnicas especializadas.

La norma prohíbe que estos agentes realicen o induzcan detenciones, priven de la libertad a personas, allanen propiedades, o ejecuten acciones que violen la Constitución mexicana. Solo pueden portar armas si la Secretaría de la Defensa Nacional lo autoriza expresamente.

¿Cuáles son las consecuencias legales?

La Ley de Seguridad Nacional establece sanciones claras para quienes incumplan la normativa:

Agentes extranjeros: No gozan de inmunidad. Si cometen un delito o infringen la ley (por ejemplo, participación en operativos, detenciones, allanamientos), pueden ser procesados penal o administrativamente conforme a la legislación mexicana. Además, México puede solicitar su expulsión inmediata al país acreditante.

Servidores públicos mexicanos: Son corresponsables si permiten, toleran o no reportan actividades ilegales de agentes extranjeros. Pueden ser sujetos a sanción administrativa (inhabilitación, cese, multa) o proceso penal, según la gravedad de la falta.

Gobiernos extranjeros: Si se acredita que, mediante sus agentes, incitan o promueven delitos como cohecho, privación ilegal de la libertad o sustracción de personas, México puede suspender convenios de cooperación y prohibir nuevas actividades de dichos agentes.

La ley no establece penas numéricas específicas (como años de prisión o monto de multa) en su propio texto, sino que remite a la aplicación del Código Penal Federal, leyes administrativas o migratorias vigentes según el tipo de falta.