Empresas en la mira: exigen reforma para obligarlas a respetar el medio ambiente

La Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial para la Defensa de los Derechos Humanos formalizó su presentación en la Ciudad de México, integrando a 250 comunidades y agrupaciones de 15 estados del país.

El colectivo busca promover una reforma legislativa que establezca obligaciones legales para las empresas en materia de derechos humanos y protección ambiental, con el propósito de frenar los abusos y daños derivados de proyectos empresariales.

Durante el evento, Arturo González, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, destacó la urgencia de crear un marco de debida diligencia empresarial que incluya tanto a empresas matrices como a filiales y cadenas de suministro, obligándolas a evaluar y gestionar los riesgos e impactos sobre las personas y el entorno natural.

Acciones que podrían obligar a las empresas a respetar el medio ambiente

La propuesta contempla la reparación integral de daños, así como la implementación de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. González puntualizó que la reforma debe garantizar la participación de las comunidades en los procesos de consulta y toma de decisiones, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las formas de vida tradicionales.

Fernanda Hopenhaym, representante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, explicó que la debida diligencia empresarial ya opera en países europeos, donde ofrece certeza jurídica tanto a las comunidades como a las empresas. Señaló que estos marcos legales exigen la identificación de posibles daños, la realización de consultas previas y la presentación de planes de prevención y mitigación.

Hopenhaym subrayó la relevancia de este instrumento para México, especialmente en el contexto de la revisión del T-MEC y la creciente demanda internacional de minerales estratégicos vinculados a la transición energética.

Por parte de OXFAM, Alexandra Haas sostuvo que la regulación empresarial no busca frenar la inversión, sino evitar que el desarrollo económico se construya sobre la vulneración de derechos y el deterioro ambiental. Haas precisó que el colectivo agrupa a trabajadores de maquiladoras, jornaleros, defensoras del hogar, empleados de plataformas digitales y defensores ambientales, todos afectados por la minería, la explotación laboral y la falta de reivindicaciones sociales.

Pueblos originarios: los más afectados

En representación de las comunidades afectadas, Magdalena Navarro narró los efectos negativos de la minería en la Sierra Norte de Puebla, documentando la contaminación de mantos acuíferos y la ausencia de consultas previas. Navarro denunció la práctica de empresas que cambian de nombre para evadir controles y conservar concesiones de agua, lo que agrava la escasez y los conflictos sociales.

La coalición planea presentar su iniciativa ante el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando la instalación de mesas de trabajo para una regulación justa que proteja a trabajadores, comunidades y el medio ambiente frente a la actividad empresarial.