Organizaciones civiles solicitaron la intervención de la ONU para proteger a las personas buscadoras en Guanajuato ante el aumento de desapariciones y la falta de acciones estatales.
En una carta dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato expuso la gravedad de la crisis y responsabilizó a las autoridades locales de omisiones que agravan el riesgo para quienes buscan a sus familiares.
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El informe CED/c/30/2, citado en el documento, señaló que la crisis de desapariciones en México requiere respuestas no solo a nivel federal, sino también una actuación eficaz de las entidades federativas.
Los casos documentados en Guanajuato, como la presunta sustracción de un menor por personas con uniforme militar y la posterior desaparición de su padre tras denunciar la posible participación de agentes del Estado, ejemplificaron cómo las fallas institucionales locales obstaculizan la verdad y aumentan el peligro.
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La organización resaltó que en Guanajuato existe un patrón especialmente grave: un menor habría sido sustraído de su domicilio por personas identificadas como integrantes de la Guardia Nacional, y su padre desapareció tras denunciar el hecho, aun cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas había solicitado medidas de protección.
Además, se reportaron retrasos sistemáticos en las búsquedas, omisión de investigar todas las líneas de indagación —incluida la posible complicidad de autoridades— y la existencia de más de 700 fosas clandestinas entre 2009 y 2025, de las cuales se exhumaron mil 352 cuerpos.
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La seguridad de las personas buscadoras fue señalada como preocupación central. Al menos seis Procedimientos Especiales han emitido comunicaciones sobre la situación y la Plataforma ha presentado más de 30 Acciones Urgentes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que han derivado en medidas cautelares en al menos dos ocasiones.
La ONU-DH en México condenó públicamente el asesinato de al menos cinco personas buscadoras en la entidad: Rosario Zavala Aguilar (2020), Francisco Javier Barajas Piña (2021), María del Carmen Vázquez (2022), Ulises Cardona Zavala (2022) y Teresa Magueyal (2023).
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La Plataforma documentó al menos seis asesinatos y seis desapariciones de personas buscadoras en el estado, entre ellas Martha Leticia Gallardo Martínez, Lorenza Cano Flores, Oscar Iván Jiménez Torres, Luz Alejandra Lara Cárdenas, José Francisco Arias Mendoza y José Juan Arias Corona.
La carta concluyó que existe un patrón estructural de riesgo e impunidad para las personas buscadoras en Guanajuato, así como ausencia de mecanismos estatales de protección efectivos.
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Las organizaciones solicitaron que la ONU exhorte al gobierno de Guanajuato a reconocer formalmente el riesgo, iniciar investigaciones exhaustivas e imparciales y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares dictadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
También pidieron al Estado mexicano que establezca un protocolo nacional de protección para personas buscadoras, un registro público de agresiones y la asignación de recursos específicos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con criterios que reconozcan el riesgo particular en zonas de crimen organizado e incorporen perspectiva de género.
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Las organizaciones insistieron en la urgencia de atender estas solicitudes para evitar que la vida de quienes buscan a sus seres queridos siga siendo el precio de la verdad.
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