Sheinbaum justifica resolución de la Suprema Corte para permitir que la UIF inmovilice cuentas bancarias

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y sostuvo que el fallo respaldó criterios que ya habían sido definidos previamente por un magistrado de circuito.

Durante ‘La Mañanera’ de hoy, la mandataria recordó que la UIF es un órgano adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya función consiste en prevenir operaciones de lavado de dinero mediante investigaciones financieras y señaló que estas indagatorias abarcan posibles delitos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y actividades ilícitas de carácter económico.

Sheinbaum indicó que la facultad de la UIF para intervenir cuentas ha existido de manera histórica, pero que diversas resoluciones judiciales habían establecido limitaciones a su ejercicio. En ese sentido, explicó que dichas restricciones impedían a la autoridad inmovilizar recursos de manera efectiva en el marco de sus investigaciones.

“La función de la UIF es evitar el lavado de dinero, sea por corrupción, por delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco, para eso lleva investigaciones de manera permanente”, explicó.

Amparos permitían retirar recursos de cuentas inmovilizadas

De acuerdo con lo expuesto, uno de los efectos de esas limitaciones era que, tras la inmovilización de una cuenta, los afectados podían recurrir a un amparo que derivaba en la suspensión automática de la medida. Esta situación permitía retirar los recursos, lo que, según afirmó, dejaba sin efectos prácticos las acciones emprendidas por la UIF.

Sheinbaum señaló que el nuevo criterio judicial modifica ese escenario, al permitir que la autoridad financiera mantenga las medidas sobre cuentas en tanto se desarrollan las investigaciones correspondientes. Indicó que este cambio busca fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir el lavado de dinero dentro del sistema financiero.

“La UIF ya no podía inmovilizar cuentas. Enseguida, después de la inmovilización, venía un amparo. Al amparo le daban la suspensión de manera automática, o que permitía sacar todo el dinero de la cuenta (inmovilizada) y, entonces, el trabajo de la UIF quedaba prácticamente inhabilitado”, agregó Sheinbaum.

Asimismo, sostuvo que la UIF no ha restringido el acceso a personas o empresas que no estén vinculadas con este tipo de conductas. Además, enfatizó que las acciones del organismo se enfocan únicamente en casos donde existen indicios de operaciones ilícitas.

La resolución de la Corte se enmarca en el debate sobre el alcance de las facultades de las autoridades financieras y su relación con los mecanismos de defensa legal disponibles para particulares. El tema ha generado discusión en torno al equilibrio entre la prevención de delitos financieros y la protección de derechos.