La organización Impunidad Cero informó que en México la impunidad en delitos de desaparición alcanzó 99.6% entre 2019 y 2022, de acuerdo con un análisis basado en solicitudes de información dirigidas a poderes judiciales estatales y al ámbito federal.
En ese periodo se contabilizaron 35 mil 669 desapariciones, mientras que sólo se registraron 141 sentencias condenatorias por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
El informe detalló que siete entidades —Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán— no reportaron ninguna sentencia condenatoria en esos cuatro años, lo que se tradujo en niveles de impunidad absolutos.
En contraste, Guanajuato concentró el mayor número de condenas con 28 casos, seguido por Estado de México con 20, Michoacán con 11 y Nuevo León con 9, aunque en ningún caso se superaron las 30 resoluciones judiciales.
El análisis señaló que incluso las entidades con menores niveles de impunidad mantuvieron cifras superiores a 95%. Campeche registró 95.2%, Colima 97.5% y Guanajuato 97.8%, lo que evidenció que la mayoría de los casos permanecieron sin sanción.
En cuanto a la evolución anual, el documento indicó que en 2022 se alcanzó un máximo histórico con 9 mil 68 personas desaparecidas y no localizadas. Del total de víctimas, 74% correspondió a hombres y 26% a mujeres. Asimismo, identificó una tendencia de crecimiento sostenido en las desapariciones desde 2006, con descensos marginales en algunos años.
El reporte advirtió que uno de los factores que dificultan la persecución penal es la falta de homologación entre la Ley General en materia de desaparición y las legislaciones estatales, lo que complica la clasificación de los delitos y el registro de los casos. A ello se suma la inexistencia de un Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la ley pero no implementado, lo que limita la identificación de personas y el avance de investigaciones.
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Impunidad Cero sostuvo que las desapariciones en el país se vinculan con dinámicas de macrocriminalidad, en contextos de violencia generalizada y presencia del crimen organizado, así como con omisiones de autoridades. El informe también señaló que las personas migrantes enfrentan riesgos adicionales, entre ellos extorsión, secuestro y violencia sexual.
El documento agregó que colectivos de familiares y madres buscadoras continúan expuestos a condiciones de riesgo y revictimización, sin contar con mecanismos suficientes de protección. Con base en estos elementos, la organización concluyó que la probabilidad de obtener una sentencia condenatoria por desaparición es prácticamente nula, mientras miles de casos permanecen sin resolución.
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