Colectivos denuncian irregularidades en exhumación de fosas en Jojutla, Morelos

La quinta intervención de exhumaciones en las fosas clandestinas del panteón Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, arrancó envuelta en señalamientos graves por parte de colectivos de familias de personas desaparecidas.

Fragmentos óseos mal registrados, personal pisando sobre montículos con restos humanos y vallas que bloqueaban la visibilidad marcaron el inicio de una jornada que, pese a todo, tuvo un punto de luz: la presencia del fiscal Fernando Blumenkron.

Estas fosas, utilizadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos de manera sistemática desde al menos 2014 y 2016, concentran cuerpos depositados durante años sin que las familias tuvieran certeza del paradero de sus seres queridos. Los trabajos comenzaron luego de que se removiera la barda perimetral del panteón, identificada previamente como un obstáculo y un riesgo para las labores de exhumación.

Vallas, huesos perdidos y pasos en falso

Desde el inicio de las labores, los colectivos de víctimas detectaron fallas que podrían comprometer la correcta identificación de los restos. Una de las más alarmantes fue el hallazgo de un fragmento de vértebra lumbar en tierra que supuestamente ya había sido cribada, lo que pone en duda la rigurosidad del proceso. Edith Hernández Torres, representante del Colectivo Regresando a Casa Morelos y hermana de Israel Hernández —secuestrado en 2012 y localizado en las fosas de Tetelcingo—, señaló que las vallas colocadas limitaban la visibilidad de los trabajos, impidiendo que las familias verificaran el cumplimiento de los protocolos.

Amalia Alejandra Hernández, del Colectivo de Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, cuyo caso contribuyó a visibilizar la crisis forense en Morelos, explicó que personal técnico pisaba sobre los montículos donde se encontraban los cuerpos. La observación fue atendida tarde y con la condición de que no se repitiera al día siguiente.

Ambas representantes insistieron en la necesidad de registrar con exactitud las dimensiones y profundidad de cada fosa, así como la ubicación precisa de cada indicio, ya que cualquier detalle del entorno puede ser clave para identificar a las víctimas.

Un fiscal presente y una promesa pendiente

En medio de las irregularidades, la llegada del fiscal Blumenkron al sitio generó un cambio perceptible en el ambiente. Su presencia directa fue valorada por las familias como un avance respecto a ejercicios anteriores, donde la ausencia de autoridades había profundizado la desconfianza. Además, el funcionario se comprometió a entregar el plan integral de exhumación, una demanda histórica de los colectivos que permitiría conocer el procedimiento completo y dar seguimiento a cada hallazgo.

Otro avance relevante fue la confirmación de que la Fiscalía General de la República (FGR) participará en la toma de muestras de ADN, lo que reforzará la confrontación de perfiles genéticos entre instituciones y aumentará las posibilidades de identificación.

Para las familias, el mensaje es claro: coordinación institucional, supervisión directa y protocolos estrictos no son negociables cuando se trata de devolver un nombre a quienes permanecen en el anonimato de una fosa común.