ONGs señalan que autoridades no activaron plan de contención para frenar los derrames de petróleo en México

Una mancha de hidrocarburos de 50 kilómetros cuadrados originada por una embarcación cerca de la plataforma Abkatún, visible desde mediados de febrero, impacta gravemente al litoral del Golfo de México. La fuga, documentada por imágenes satelitales y denunciada, entre otras organizaciones, por Greenpeace, no contó con la activación oportuna del Plan Nacional de Contingencia (PNC) para Derrames de Hidrocarburos en zonas marinas, vigente desde 2023.

La falta de respuesta adecuada ha dado paso a que el contaminante avance más de 680 kilómetros a lo largo de las costas de Veracruz y Tabasco, sin que hasta el momento se conozcan públicamente responsables ni acciones de compensación por los daños.

El análisis coordinado por más de treinta organizaciones ambientales revela que el derrame comenzó presuntamente entre el 6 y el 10 de febrero, cuando una embarcación permaneció en las inmediaciones de la plataforma Abkatún, vertiendo en ese periodo aceites o crudo en volúmenes inicialmente reducidos. Sin embargo, a partir del 11 de febrero la descarga se intensificó y el 13 de febrero se hizo visible la contaminación, lo que obligó a que al menos cinco embarcaciones realizaran labores de contención. Para el 14 de febrero, el área afectada cubría un espacio superior a mil veces la extensión de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Las condiciones meteorológicas y las corrientes marinas propiciaron la llegada gradual y sostenida de hidrocarburos —durante al menos tres semanas— a las costas de Tabasco y Veracruz. Al cierre de marzo, el hidrocarburo continúa presente en diversas playas de ambos estados.

Plan Nacional de Contingencia no fue operado eficientemente

De acuerdo con la denuncia de Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Territorios Diversos Para la Vida (TerraVida) y otros colectivos, las autoridades federales no activaron de manera oportuna el Plan Nacional de Contingencia, instrumento legal en vigor desde 2023 y encargado de coordinar la respuesta ante emergencias contaminantes en el mar. Según los grupos ambientales, al menos tres mecanismos previstos en el PNC quedaron sin aplicar o fueron opacos: la notificación inmediata a las autoridades y al público, la elaboración y difusión de análisis técnicos (como el Análisis de Beneficio Ambiental Neto y los Mapas de Sensibilidad) y la identificación y responsabilidad del contaminador.

Las organizaciones precisaron que, aunque sí hubo acciones de contención desde etapas tempranas del incidente —el 13 de febrero—, no existió comunicación pública por parte del Oficial de Información establecido en el Sistema de Comando de Incidentes. Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) no han divulgado los estudios técnicos obligatorios, lo que imposibilita evaluar la pertinencia de las acciones adoptadas para limitar el daño ambiental.

Exigencia de responsabilidades y transparencia por el daño

A más de un mes del incidente y con una extensión de hidrocarburos de 680 kilómetros a lo largo de la costa, las autoridades no han reconocido públicamente a la empresa responsable ni han explicado el proceso para compensar los daños al ambiente y las comunidades perjudicadas. El PNC establece el principio de “el que contamina paga”, pero ese mecanismo sigue sin aplicarse de manera pública. Las organizaciones insisten en la urgencia de identificar a los responsables y hacer transparente todo el proceso de reparación.

Las organizaciones exigen también que se explique por qué no se elevó la contingencia al Nivel 3 del PNC, reservado para situaciones en que la magnitud supera las capacidades de respuesta locales o regionales. Este nivel faculta a la Secretaría de Marina a asumir la coordinación total, movilizando recursos nacionales e internacionales para controlar la emergencia y proteger el entorno costero.