Ricardo Anaya califica al Plan B como “la iniciativa más pobre, chafa, mal hecha, peor elaborada, que ha mandado la presidenta de la República”

El 24 de marzo, Ricardo Anaya, senador de la República del PAN, denunció públicamente a través de sus redes sociales que la reciente reforma electoral —conocida como Plan B— presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, carece de rigor técnico, atenta contra principios democráticos y favorece prácticas que, a su juicio, perpetúan la corrupción política.

Anaya afirmó que la iniciativa representa una trampa descarada orientada a favorecer al partido en el poder, y advirtió que su grupo parlamentario votará en contra, al considerar que el proyecto desatiende los problemas centrales del sistema electoral mexicano.

Uno de los aspectos que Ricardo Anaya subrayó en su declaración es la polémica sobre la integración de los ayuntamientos, un punto en el que se evidenciaron errores de cálculo y omisiones en la reforma presidencial. Según Anaya, el documento firmado incluyó una propuesta para establecer entre siete y quince regidores por municipio con el objetivo de “ahorrar dinero”.

Sin embargo, Anaya enfatizó que, de aplicarse la reforma tal como fue planteada por el equipo técnico de la presidenta, se incrementaría el número de regidores en 1 mil 085 municipios y solo disminuiría en 59. Esta distribución, sostuvo, contradecía el argumento económico esgrimido en la propuesta y obligó a los presidentes de las comisiones correspondientes a corregir el texto en el dictamen circulado.

El senador sostuvo sobre las correcciones recibidas por las comisiones al Plan B que “por eso está el país como está. Es que es de una incompetencia la gente que le pasó a firma ese documento a la presidenta. Por eso digo, y creo que con razón, es la iniciativa más pobre, chafa, precaria, mal hecha, que ha mandado la presidenta de la República.”

Anaya también acusó que la reforma originalmente planteada eliminaba la exigencia de paridad de género en la integración municipal, un punto que fue modificado en el dictamen precisamente porque, afirmó, “la presidenta de la República firmó una iniciativa que suprimía uno de los principales avances en igualdad política”.

Según Anaya, los problemas de narcofinanciamiento y sobrerrepresentación siguen intactos

El excandidato presidencial desglosó los dos desafíos fundamentales de la democracia mexicana que, en su opinión, la iniciativa gubernamental no aborda: el financiamiento ilegal de campañas por el crimen organizado y la sobrerrepresentación legislativa.

Respecto al primer tema, Anaya puntualizó: “Son los narcos, los huachicoleros, los criminales, los que hoy están fondeando campañas, proponiendo candidatos”. Ante esta situación, aseguró que Morena se negó a introducir una sanción consistente en la cancelación del registro de cualquier partido político que recibiera recursos del crimen organizado.

En el tema de la sobrerrepresentación, destacó que el bloque mayoritario reconoce en privado la existencia del fenómeno, pero rehúye modificar la norma. Anaya expuso que en las elecciones recientes, habiendo obtenido el 54% de los votos, Morena logró el 73% de las curules.

PAN apoya revocación de mandato, pero no las restricciones a los partidos

El bloque final de la declaración de Ricardo Anaya se centró en otro aspecto controvertido del Plan B: las reglas para el proceso de revocación de mandato presidencial. El excandidato argumentó que el texto propuesto otorga a la presidenta actual la facultad de “promover el voto a su favor”, mientras que a la oposición se le restringe expresamente el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda en el contexto del proceso revocatorio.

Anaya sostuvo que dicha medida constituye una “trampa burda” porque otorga una ventaja injusta a la figura presidencial y reduce la capacidad de la oposición para comunicar sus posturas. Además, anticipó que el proceso de recolección de firmas será simulado por empleados gubernamentales —los llamados “servidores de la nación”— para legitimar la convocatoria a la revocación.