El senador del PAN, Ricardo Anaya, solicitó cancelar de manera definitiva la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, al considerar que la propuesta no resuelve los problemas estructurales del sistema político y, por el contrario, podría generar efectos negativos en la organización de los gobiernos locales.
Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador sostuvo que el debate legislativo ha evidenciado inconsistencias en el proyecto y cuestionó su viabilidad.
“Lo que está muy claro es que ya se les hizo bolas el engrudo. Nosotros hacemos un llamado a que ya mejor retiren de manera definitiva esa barbaridad de iniciativa”, declaró.
El senador señaló que la discusión debería centrarse en fortalecer la integridad de los procesos electorales, particularmente en temas relacionados con el financiamiento ilícito y la influencia del crimen organizado en campañas políticas.
Críticas por el posible aumento de regidores en municipios
Uno de los puntos que ha generado mayor debate es el impacto que tendría la reforma en la integración de los ayuntamientos.
De acuerdo con el legislador, la propuesta que modifica el artículo 115 constitucional podría provocar que diversos municipios aumenten el número de regidores, lo que implicaría mayores costos para las administraciones locales.
En su posicionamiento, Anaya explicó que muchos municipios actualmente cuentan con menos de siete regidores, por lo que la aplicación de un mínimo constitucional obligaría a ampliar su estructura.
“Dicen que van a ahorrar dinero, pero cuando uno revisa la propuesta resulta que se tendrían que aumentar regidores”, expresó.
Este escenario ha sido señalado por distintos análisis legislativos, que advierten que el objetivo de reducir gastos públicos podría verse afectado por ajustes obligatorios en municipios pequeños.
El contexto político de la nueva reforma electoral
La iniciativa del “Plan B” surgió después de que una propuesta previa de reforma electoral no alcanzó la mayoría calificada en el Congreso.
Tras ese rechazo legislativo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva propuesta con modificaciones a distintos aspectos del sistema electoral y de la organización política.
El proyecto incluye cambios en la estructura de los ayuntamientos, disposiciones relacionadas con la revocación de mandato y ajustes a la normativa que regula a diversas instituciones del Estado.
Desde su presentación, la iniciativa ha generado debate entre partidos políticos, legisladores y especialistas en materia electoral.
Senado aplaza la discusión del dictamen del Plan B
Mientras continúan las posturas encontradas, las Comisiones Unidas del Senado decidieron aplazar la discusión del dictamen que estaba programada para analizar la iniciativa.
El argumento oficial es que el proyecto se encuentra en revisión sobre aspectos de técnica legislativa.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, explicó que se analizan temas relacionados con la configuración de los ayuntamientos y la armonización con legislaciones estatales.
Según detalló, el objetivo es evitar que la reforma genere contradicciones con normas locales o afecte el principio de federalismo.
La reunión para retomar el análisis del proyecto se prevé en los próximos días, una vez que concluyan los ajustes al documento.
Cambios que plantea la reforma electoral conocida como Plan B
Dentro del proceso legislativo, distintos informes y análisis han identificado algunos de los cambios más relevantes que contempla la iniciativa.
Estos son algunos de los puntos que se discuten actualmente:
- Establecer un mínimo de siete regidores en los ayuntamientos del país, lo que obligaría a varios municipios pequeños a modificar su estructura administrativa.
- Incrementar el número de regidores en al menos 800 municipios, con estimaciones que apuntan a alrededor de mil 500 nuevos cargos a nivel nacional.
- Ajustar la integración de los ayuntamientos para fijar límites máximos y mínimos en el número de integrantes de los cabildos municipales.
- Permitir que congresos estatales con presupuestos por debajo de ciertos porcentajes puedan solicitar incrementos para adecuarse a nuevas reglas presupuestales.
- Incluir disposiciones relacionadas con la consulta de revocación de mandato y su aplicación dentro del marco constitucional vigente.
El avance de esta iniciativa continúa en revisión dentro del Senado, donde legisladores analizan posibles modificaciones antes de que el dictamen sea discutido en comisiones y posteriormente en el pleno.
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