La Cámara de Diputados de México aprobó el pasado miércoles 04 de marzo de 2026 una reforma legal, que pese a aumentar sanciones, rehuyó tipificar de forma autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales.
Esta decisión contradice recomendaciones internacionales y mantiene una figura penal de más de medio siglo de antigüedad, lo que representa un retroceso en la protección de la infancia, según advirtió el coordinador ejecutivo Juan Martín Pérez en una declaración difundida por Tejiendo Redes Infancia.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también advierte que eliminar de la ley el delito de “reclutamiento infantil” seria un retroceso, porque usar a jóvenes para el crimen es una forma de violencia y explotación que les priva de derechos fundamentales como su integridad, su educación y su derecho a crecer en un entorno libre de violencia.
En lugar de eliminar el delito, la CNDH recomienda que siempre se dé prioridad al “Interés Superior de la Niñez”, es decir, que se garantice que todas las decisiones gubernamentales y acciones de protección tengan como objetivo el bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes así como de su familia y comunidades.
Rancho Izaguirre y las causas de fondo del reclutamiento infantil
Para ilustrar la gravedad del problema, la CNDH recordó los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo de 2025, en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco donde colectivos buscadores hallaron un centro de reclutamiento y adiestramiento criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales motivaron una recomendación por parte del organismo e hicieron evidente la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar las estructuras delictivas.
La Comisión subraya que el reclutamiento delictivo y su vinculo con delitos de trata de personas no ocurren en el vacío, sino que se alimentan de contextos de vulnerabilidad estructural, desigualdad social y la falta de oportunidades exponen a las infancias ante redes criminales.
México enfrenta un delito expandido y una respuesta legislativa insuficiente
Organizaciones de la sociedad civil estiman que entre 145.000 y 250.000 niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones delictivas, cifras que revelan la magnitud de un fenómeno sistemáticamente documentado.
Según el análisis recogido por Tejiendo Redes Infancia, la reforma promovida en la Cámara de Diputados optó por añadir una agravante al delito de “corrupción de menores”, vigente desde 1966, en vez de crear un tipo penal autónomo que reconozca la coacción y explotación propias del reclutamiento criminal.
Esta estrategia, se argumenta, evade el núcleo del problema y deja intactas las carencias del marco legal vigente frente al accionar de organizaciones armadas.
La decisión fue justificada en “razones técnicas” como la redundancia con la Ley de Trata y la supuesta prohibición de sancionar dos veces el mismo hecho, pero, según Pérez y las 14 iniciativas legislativas que acompañaron la discusión, el resultado constituye una violación al principio constitucional del interés superior de la niñez y al estándar pro persona consagrado en la Constitución mexicana.
Al no reconocer explícitamente la condición de víctima de las y los menores involucrados, se perpetúa una tendencia judicial que los procesa como delincuentes en vez de garantizarles protección y restitución de derechos.
CNDH llama al fortalecimiento de Atención a las causas
La CNDH recordó los “periodos neoliberales”, donde se estigmatizó a amplios sectores de la juventud bajo etiquetas como “ni estudia ni trabaja” o coloquialmente “nini”. De acuerdo con el organismo, estas políticas profundizaron la exclusión y abandono institucional dejando consecuencias que hoy reflejan vulnerabilidad ante el crimen organizado.
Según la Comisión, el Estado mexicano debe reforzar las acciones que buscan atender las causas estructurales de estos problemas. Reconoció los avances que se han alcanzado en los últimos años:
- Becas para el Bienestar: contribuyen a la permanencia escolar.
- Jóvenes construyendo el Futuro y Sembrando Vida: brindan oportunidades de inserción laboral y comunitaria.
- Expansión educativa: se han construido más de 200 universidades.
El comunicado emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhorta a los poderes legislativos, autoridades ejecutivas y diversas instituciones, como SPINNA, el DIF, la SEP y gobiernos locales a coordinar esfuerzos preventivos y mantener un diálogo abierto con la sociedad civil.
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