Así impactaría a las elecciones de 2027 el Plan B de la Reforma Electoral propuesto por Sheinbaum, según experta

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este próximo 17 de marzo de 2026 presentará ante alguna de las cámaras del Congreso de la Unión su llamado “Plan B” de reforma electoral, una iniciativa que busca modificar diversas leyes secundarias tras el rechazo a la reforma constitucional en la materia.

Cabe destacar que la primera propuesta del Ejecutivo Federal dejó en evidencia un distanciamiento entre Morena y los partidos de alianza, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), situación que parece ser diferente con el Plan B, debido a que ayer fue anunciado el “respaldo total” de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Aunque la propuesta aún no se conoce en su versión final, especialistas advierten que algunos de los cambios adelantados podrían tener efectos directos en la organización de las elecciones federales de 2027 y en la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista para Infobae México, de acuerdo con Estefanía Ortiz, integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE y vocal de Organización Distrital, varios de los planteamientos que se han adelantado podrían generar retos operativos para el instituto y modificar la forma en que se preparan los próximos comicios.

Cambios propuestos y su posible impacto en el INE

La experta señaló que la propuesta de reforma planteada por el Poder Ejecutivo “no es viable en los términos en los que se presentó”, especialmente por la manera en que plantea modificar la integración de los órganos legislativos y los mecanismos de elección de sus integrantes.

Según explicó, el esquema planteado podría asemejarse al modelo utilizado recientemente para la elección del Poder Judicial, la cual solo tuvo una respuesta ciudadana del 13%: “La manera de hacer campañas, de elegirlos y cómo vendrían en las boletas, así como el escrutinio y cómputo en casilla, se volvería algo muy similar”.

Desde su perspectiva, el principal problema es que varias de las modificaciones planteadas no se ajustan al sistema de partidos ni al sistema político vigente en el país, lo que podría generar dificultades en su implementación práctica dentro de los procesos electorales.

Reducción de estructuras y presupuesto: el principal reto

Uno de los puntos que más preocupa dentro del posible Plan B es la intención de reducir estructuras administrativas y presupuestales vinculadas con la organización electoral.

Entre las medidas que se han adelantado se encuentran el ahorro de cuatro millones de pesos a través de:

• Restringir los privilegios y recortar los gastos en los congresos locales.
• Establecer límites tanto a los sueldos como a las prestaciones de los legisladores en los congresos estatales.
• Reducir la cantidad de integrantes en los cabildos municipales.
• Fortalecimiento de los mecanismos para la consulta popular.
• Modificar el procedimiento vigente para la revocación de mandato.

Inicialmente, el plan de la presidenta incluía la reducción del 25% del gasto en las elecciones, disminución de sueldos en el INE y la eliminación de la duplicidad de funciones en los Órganos Electorales, temas que no se sabe si serán planteados en el nuevo Plan B presidencial. Ortiz advirtió que estas medidas podrían tener consecuencias directas en la logística electoral. En particular, la posible fusión de áreas como Capacitación Electoral y Organización Electoral podría generar una sobrecarga de trabajo.

“Durante todo el proceso electoral son áreas con una carga de trabajo impresionante y fusionarlas sería sobrecargar a una sola área con actividades muy específicas que implican especialización”, explicó.

Además, subrayó que gran parte de la operación electoral depende de personal eventual, por lo que recortar presupuesto implicaría intentar realizar las mismas tareas con menos recursos humanos y materiales.

Riesgos para la organización de las elecciones de 2027

De aprobarse antes de mayo, como se ha planteado, la reforma a leyes secundarias podría modificar el marco normativo con el que se organizarán los comicios federales de 2027.

La especialista consideró que el principal impacto sería una reducción estructural del instituto, especialmente si se concreta la desaparición o reducción de las juntas distritales ejecutivas, encargadas de coordinar la logística electoral en todo el país.

Esto podría provocar:

• Menor presencia del INE en territorio.
• Dificultades en la capacitación de funcionarios de casilla.
• Retos logísticos para instalar y operar casillas electorales.

“Reducir el presupuesto y el personal vulnera nuestra autonomía técnica y de gestión y esto puede poner en riesgo la logística y la certeza de la organización electoral”, advirtió.

Participación ciudadana y confianza en las elecciones

Más allá de los cambios institucionales, Ortiz consideró que el efecto podría trasladarse también al nivel de participación ciudadana. Si se reduce la estructura operativa o el número de casillas, advirtió, algunos votantes podrían tener que desplazarse mayores distancias para emitir su voto.

“Si antes tenías tu casilla a unas cuantas cuadras, ahora podrías tener que ir más lejos para votar”, explicó. Esto, añadió, podría traducirse en una disminución de la participación electoral si las condiciones logísticas se vuelven más complejas.

Mientras el Plan B se presenta formalmente y comienza su discusión en el Congreso, el INE ya inició trabajos preliminares rumbo a las elecciones de 2027. Sin embargo, la especialista subrayó que persiste la incertidumbre sobre el marco legal con el que finalmente se organizarán los próximos comicios.

Renovación de consejeros del INE también influirá en el proceso

Otro factor que podría incidir en la organización y validación de las elecciones de 2027 es la próxima renovación de integrantes del Consejo General del INE, ya que tres consejeros dejarán su cargo en las próximas semanas:

• Dania Paola Ravel Cuevas
• Jaime Rivera Velázquez
• Beatriz Claudia Zavala Pérez

Para Ortiz, este relevo representa un reto para las decisiones que deberá tomar el órgano colegiado en los próximos años, particularmente en temas clave como la calificación de los resultados electorales o la forma en que quedará integrada la Cámara de Diputados.

“Creo que la próxima renovación de integrantes del Consejo General del INE sí representa un reto para próximas determinaciones que tengan que tomarse en este órgano colegiado”, señaló.

La especialista explicó que la nueva integración podría influir en debates sobre temas como la sobrerrepresentación legislativa o la interpretación de las normas electorales, especialmente en un contexto de reformas en discusión.

También recordó que dentro de las propuestas que han circulado se ha mencionado la posibilidad de reducir el número de consejeros o incluso elegirlos mediante voto popular, lo que implicaría un cambio significativo en el modelo actual de designación.