Un tribunal federal resolvió este viernes negar el juicio de amparo presentado por Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como “El Mayito Gordo”, con el cual buscaba que se actualizara y redujera su condena de ocho años de prisión impuesta en México.
Por unanimidad de votos, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que el recurso promovido por la defensa de Zambada Imperial no procedía porque no está contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto significa que los jueces consideraron correcto que, en 2020, no se admitiera la apelación que buscaba reanudar el cómputo de la pena una vez que el sentenciado fue extraditado a Estados Unidos.
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El reclamo del condenado
“El Mayito Gordo” pretendía que se contara como tiempo cumplido en México el periodo que estuvo preso en este país y en territorio estadounidense. Zambada Imperial fue detenido en 2014, y en 2019 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por delitos relacionados con narcotráfico y fue sentenciado a nueve años de prisión. Tras cumplir parte de esa sentencia, volvió a quedar en libertad, lo que motivó el litigio en México para ajustar su condena local.
Sin embargo, al considerar únicamente la fecha en que se suspendió el cómputo de pena en México —el 4 de febrero de 2020— los juzgadores concluyeron que aún le faltaban años por cumplir si fuera repatriado.
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Detalles clave de la resolución
Los magistrados, encabezados por Óscar Espinosa Durán, subrayaron que la apelación originalmente planteada por la defensa no puede prosperar porque el tipo de recurso legal que intentó usarse no está previsto en la legislación vigente. A partir de ello, confirmaron la negativa a aceptar el amparo, dejando firme la postura de que el conteo de la condena debe continuar de acuerdo a la regulación actual.
Lo que viene para “El Mayito Gordo”
La decisión judicial no termina necesariamente con los recursos disponibles para Zambada Imperial. En caso de que sea repatriado a territorio mexicano, su defensa aún podría intentar litigar nuevamente contra la forma en que se suspendió el cómputo de su sentencia, aunque por ahora la ruta legal utilizada ha quedado descartada.
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