La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, que se reforzaron acciones contra una red de fraude relacionada con los famosos esquemas de “tiempos compartidos”, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo a un comunicado emitido este 19 de febrero.
Como parte de estas medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 24 sujetos por su presunta participación en el esquema. De este total, cinco corresponden a personas físicas y 19 a personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos, con posibles vínculos con la organización criminal.
De manera complementaria, la SHCP, por conducto de la UIF, añadió a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas. Entre ellos se encuentran seis individuos y una entidad, identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante el desarrollo de las investigaciones financieras.
Las acciones del Departamento del Tesoro se enmarcan en los mecanismos de cooperación bilateral destinados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. Estas organizaciones, de acuerdo con el comunicado, utilizan actividades empresariales y del sector turístico como apariencia para captar recursos de origen ilícito.
El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.
Acciones de la UIF contra las acciones delictivas del sector financiero
En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos sobre los sujetos involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental de México.
La ampliación de las medidas restrictivas, tanto las derivadas de las designaciones internacionales como las implementadas en el país, busca fortalecer el carácter preventivo del sistema de bloqueo de cuentas. Con ello se pretende limitar el acceso a recursos dentro del sistema financiero global y cerrar espacios para el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas empleadas para dispersar fondos ilícitos.
Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.
La institución financiera mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El objetivo de esta colaboración es prevenir el uso indebido del sistema económico, atender riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento de las capacidades económicas de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía del país.
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