Cuando la muerte se firma: lo que México debería considerar antes de legalizar la eutanasia

Una mujer pasa la noche sentada en una silla de hospital. Duerme a ratos, con el cuerpo adolorido por el cansancio. En pocas semanas aprendió a acomodar almohadas, a descifrar el lenguaje de los monitores, a insistir por medicamentos que normalmente no están disponibles.

Se levanta cada vez que su madre —o su esposo, o su hermana o su hijo— abre los ojos, como si pudiera protegerla del miedo escondiendo el propio. Desde la cama, ella la observa. Nota las ojeras, escucha conversaciones sobre deudas, entiende que la enfermedad ya no solo ocupa su cuerpo: ha empezado a devorar la vida de toda su familia… y entonces pronuncia la frase que nadie quiere oír:

—Ya no quiero ser una carga.

En noviembre pasado se presentó ante el Congreso una iniciativa ciudadana para legalizar la eutanasia en México. El proyecto, conocido como Ley Trasciende, permitiría que personas con enfermedad en etapa terminal o una enfermedad o condición crónico-degenerativa discapacitante, soliciten ayuda médica para morir, siempre que se cumplan con requisitos de capacidad, se cuente con dos diagnósticos médicos y se exprese la voluntad de manera libre, informada, reiterada y por escrito, ante Notario Público… sí ante un Notario.

La iniciativa se ofrece como el reconocimiento jurídico de la autonomía frente al dolor, permitiendo a las personas tomar decisiones conscientes y libres sobre su propia vida, como respeto a la dignidad humana y como acceso universal a la salud ya que garantiza que este “derecho” pueda ser accesible y real a todas las personas.

Pero hay una pregunta que el entusiasmo por la autonomía, la dignidad y el acceso universal a la salud deja en segundo plano: ¿qué significa elegir cuando las opciones reales para vivir sin dolor o con apoyo suficiente son profundamente desiguales en nuestro país?

México es una nación donde los cuidados paliativos no llegan de manera homogénea, donde el acompañamiento domiciliario es limitado y donde la responsabilidad cotidiana del cuidado recae, en los hechos, sobre las familias. Son ellas quienes absorben los costos económicos, físicos y emocionales de la enfermedad prolongada. Pagan con ahorros que desaparecen, con empleos que se abandonan, con trayectorias vitales que quedan suspendidas.

No existen redes de apoyo, ni políticas públicas o laborales consolidadas que permitan cuidar sin caer en la precariedad. En la mayoría de los casos, mantenerse con vida implica arrastrar a todo el entorno familiar hacia el desgaste.

Y ese dato modifica radicalmente el sentido de la discusión...

Porque el enfermo mira alrededor: ve a la hija que dejó el trabajo, los conflictos familiares, el esposo que no duerme, a los nietos que esperan y a la familia que resiste como puede. Percibe el esfuerzo inmenso de cada día y en ese clima, el deseo de morir puede entrelazarse con el deseo de liberar a los otros. No surge únicamente del dolor físico, sino también de la culpa, del amor y del miedo a seguir exigiendo sacrificios.

Eso no es autonomía plena. Es autonomía herida por la desigualdad.

Por eso la discusión que abre la Ley Trasciende tiene que incluir una pregunta previa: ¿qué apoyo real le ofrecemos al paciente para seguir? ¿cuántas solicitudes existirían si las familias no estuvieran exhaustas? ¿si hubiera ayuda profesional constante, descanso garantizado, respaldo económico, acompañamiento emocional? Es probable que menos… tal vez muchas menos. Y en esa diferencia se juega el sentido del debate.

Resulta contradictorio presentar la eutanasia como parte del derecho de acceso a la salud cuando el propio sistema sanitario es incapaz de garantizar, con la misma fuerza, tratamientos oportunos, alivio efectivo del dolor, acompañamiento continuo y apoyo real a los pacientes y a quienes cuidan. Se ofrece la posibilidad de poner fin a la vida como prestación, mientras que el derecho al acceso a la protección de la salud sigue dependiendo en gran medida del esfuerzo privado de las familias. El Estado facilitaría el procedimiento para morir, pero todavía no ha asegurado las condiciones para atender a quien padece la enfermedad y al cuidador.

Nadie puede medir la presión silenciosa del cansancio familiar ni la angustia de convertirse en motivo de ruina económica. Son fuerzas invisibles que intervienen en la decisión, aunque no aparezcan en ningún expediente.

Por eso avanzar hacia la legalización sin haber resuelto antes el abandono estructural del cuidado implica un riesgo profundo: que la muerte termine funcionando como respuesta frente a omisiones estatales, que aquello que debería enfrentarse con inversión, servicios y acompañamiento se resuelva con una firma. El papel puede certificar la voluntad, pero no puede borrar el contexto que la empuja.

La pregunta no es solo si alguien quiere morir. La pregunta es por qué quiere morir.

Si esa solicitud emergiera en un país donde el dolor estuviera verdaderamente controlado, donde las familias contaran con respaldo económico, donde nadie perdiera el sustento por acompañar a un enfermo, el debate tendría otra textura ética; pero mientras esas condiciones no existan, presentar la eutanasia como una decisión autónoma, respetuosa de la dignidad y como un acceso universal a la salud, corre el riesgo de convertir la precariedad en argumento.

Y esa es una frontera ética que no puede ignorarse.

Antes de permitir acelerar la muerte, el Estado tendría que garantizar con la misma determinación el derecho a recibir cuidado. De lo contrario, la autonomía puede parecer voluntaria cuando en realidad nace de la ausencia de alternativas.

La mujer seguirá mañana en la silla de hospital, sosteniendo la mano de la madre, haciendo cuentas y ocultando el agotamiento…la madre seguirá mirándola, preguntándose cuánto más puede exigirle al amor.

Y en algún punto del camino, si la ley lo permite, todo ese peso podría quedar resumido en una firma.

Si ese ocurre, México tendrá que decidir si fue testigo de un acto auténticamente autónomo o del resultado de haber dejado solos a quienes más necesitaban ayuda.

* Sara Elena Villanueva Sáenz. Investigadora Facultad de Derecho Centro Interdisciplinario de Bioética. Universidad Panamericana.