La organización Article 19 México y Centroamérica pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) “investigar de manera urgente” el caso de la periodista independiente Frida Guerrera, quien esta semana denunció haber recibido una amenaza de muerte y de violencia sexual.
De acuerdo con la organización, la comunicadora recibió un mensaje a través de la red social Facebook el 14 de enero pasado, por parte de un usuario identificado como Hugo Lozoya, quien la amenazó con que sería su “próxima víctima de feminicidio”, además de describir actos de violación.
Guerrera Guerrera se percató del mensaje el 30 de enero y lo denunció públicamente en redes sociales el 1 de febrero. Sin embargo, Facebook eliminó su publicación dos días después y le restringió su cuenta por “no cumplir con las Normas comunitarias sobre explotación sexual de adultos”.
En este sentido, la organización Article 19 y la periodista exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar el caso de manera urgente desde una perspectiva de género e interseccional, tomando de conformidad el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Asimismo, solicitaron al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, brindar las medidas adecuadas, pertinentes y con perspectiva de género para asegurar su integridad.
¿Quién es Frida Guerrera?
Article 19 destacó que Frida Guerrera recibió amenazas anteriormente debido a los temas que da cobertura, relacionados con feminicidio, pornografía, análisis político, entre otros.
Detalló que en julio 2018 fue víctima de otra amenaza de muerte, por parte de un usuario de redes sociales con el nombre Samoth Yamo y fue víctima de diversos tipos de agresión, entre las cuales resaltó una campaña de desprestigio en el 2020.
El colectivo indicó que derivado del riesgo que enfrenta, la periodista cuenta con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos desde el 2019.
No obstante, consideró importante señalar que este contexto la ha obligado en diversas ocasiones a autocensurarse como forma de protegerse.
“En efecto, yo me he autocensurado mucho, los temas que investigó no son sencillos, no son fáciles, si creo que hay que hacer un procesamiento que deben tener las autoridades sobre la violencia digital, en redes te matan, te intentan matar (…) Creo que las autoridades deben entender el nivel de violencia, no necesitas que te toquen para sentirte vulnerada”, dijo en entrevista con Article 19.
En un comunicado, la organización recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatiza que los Estados tienen la obligación de integrar una perspectiva de género para la protección de las periodistas.
Esta protección debe incluir la evaluación de los riesgos y las necesidades particulares y específicas de cada caso, así como ofrecer una atención preferencial.
La CIDH y su Relatoría Especial han sostenido que el riesgo que enfrentan las mujeres periodistas es mayor, debido a una doble vulnerabilidad: por ejercer el periodismo en contextos de alta conflictividad o violencia y por encontrarse en entornos que refuerzan la subordinación de género.
El artículo 15° de la Ley Modelo Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital Contra Las Mujeres Basada en Género establece que las autoridades deben brindar servicios especializados en violencia digital.
Esto implica asegurar que tanto la víctima como quienes la asisten reciban atención integral con perspectiva de género, de derechos humanos y enfoque interseccional.
Dicha atención debe incluir apoyo psicosocial, atención en salud física y mental especializada, así como asesoría y representación jurídica, de manera gratuita, inmediata, accesible, adecuada y prioritaria, ya sea de forma virtual o presencial.
La ley también dispone la obligación de establecer mecanismos de coordinación efectiva con las fiscalías especializadas en ciberdelitos y con los órganos judiciales competentes.
El objetivo es garantizar una atención articulada y eficaz para quienes han sido víctimas de violencia digital basada en género, asegurando así una respuesta institucional que contemple la complejidad de este tipo de agresiones y la necesidad de respuestas integrales.
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